La justicia espa?ola exige un reloj

Alicia de Miguel lleva nueve a?os esperando que se abra la puerta de un tribunal. Su hijo Mart¨ªn fue uno de los 82 fallecidos en el incendio de la discoteca madrile?a Alcal¨¢ 20, el 17 de diciembre de 1983. "Cuando muri¨® mi hijo" calcula Alicia, decepcionada, "yo ten¨ªa 50 a?os y ahora voy para los 60". Han pasado m¨¢s de nueve a?os y ni siquiera est¨¢ se?alado el juicio por aquel suceso.Tanta tardanza es "desesperante". Est¨¢ indignada. "Te encuentras impotente, vas de un sitio para otro y ya no te crees nada". La demora de este proceso es una m¨¢s de las que atenazan a la Administraci¨®n de Justicia espa?ola.

Habr¨¢n muerto

El caso de Alcal¨¢ 20 es uno de los muchos representativos de la principal deficiencia del sistema judicial, que muchas veces convierte la justicia que se aplica en in¨²til, por tard¨ªa. Como el proceso sobre la rotura de la presa de Tous, o el relativo al s¨ªndrome t¨®xico -se celebr¨® el juicio contra los aceiteros que mezclaron aceite industrial con aceite de consumo, pero sigue pendiente el sumario contra altos cargos implicados en la intoxicaci¨®n masiva-.

Algunos padres de j¨®venes fallecidos aquella noche aciaga en la discoteca de la calle de Alcal¨¢, revisada d¨ªas antes por el Ayuntamiento de Madrid, "ya no podr¨¢n beneficiarse de la justicia que se haga, porque han muerto", dice Alicia de Miguel. Como aquellos hijos que huyendo de las llamas agolpaban sus cuerpos, poco despu¨¦s cad¨¢veres, junto a la salida de emergencia de la discoteca, cerrada con cadenas.

Para las 29 personas incapacitadas y los familiares de los fallecidos que contin¨²an vivos, la compensaci¨®n por aquella cat¨¢strofe -cobrar unas indemnizaciones mil veces prometidas, nunca pagadas- se esfuma con el paso del tiempo.

Est¨¢n procesados cinco empresarios de la discoteca, un instalador del Ministerio de Industria y un funcionario de la Juntade Inspecciones de Espect¨¢culos, para quienes se pide un total de 13 a?os de c¨¢rcel. Hace a?os, Alicia de Miguel confiaba "en un juez independiente, que haga justicia", dec¨ªa. Ahora, ni siquiera la imagen de Baltasar Garz¨®n asomado a la pol¨ªtica arranca una esperanza en esta mujer prematuramente envejecida: "Estoy tan desenga?ada de la Justicia que ya no me creo nada. Me imagino que alguna justicia se har¨¢, pero se har¨¢ tan tarde que no servir¨¢".

Las estad¨ªsticas de los retrasos en cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo -la quinta, de lo militar, comenz¨® a funcionar en 1988 y su volumen de asuntos es reducido- son sintom¨¢ticos del retraso que experimenta la Administraci¨®n de Justicia en su conjunto.

El colapso m¨¢s grave es el de la jurisdicci¨®n contencioso-admmistrativa, en la que se ventilan los recursos de los ciudadanos contra la Administraci¨®n P¨²blica.

Problemas estructurales

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que exist¨ªan 9.248 asuntos pendientes a principio de 1987, lleg¨® a 1992 con .27.909 casos sin resolver. A pesar del aumento sostenido en el n¨²mero de procesos resueltos cada a?o, el incremento todav¨ªa mayor de los ingresados engorda la bolsa de atrasos.

Junto a problemas estructurales -como la falta de una reforma de la ley que regula esta jurisdicci¨®n-, uno de los motivos de esta sobrecarga es la no creaci¨®n de los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo, previstos legalmente pero inexistentes.

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo pas¨® de 714 asuntos pendientes al iniciarse 1987 a 5.514 cuando comenz¨® 1992.

El creciente ¨ªndice de laboriosidad de los magistrados ha sido enjugado por un aumento todav¨ªa mayor de los nuevos recursos.

En cambio, en la Sala Segunda de lo Penal la evoluci¨®n es inversa, ya que desde 1989 el n¨²mero de asuntos resueltos cada a?o resulta mayor que el de recursos ingresados.

Ello ha permitido que el total de 11.016 casos pendientes a comienzo de 1987 se redujera a 7.327 a principio de 1992.

La evoluci¨®n de la bolsa de atrasos en la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo es m¨¢s singular.

Globalmente, los 4.009 asuntos pendientes al comienzo de 1987 se redujeron a 1.790 al iniciarse 1992. Durante ese periodo, el n¨²mero de asuntos ingresados cada a?o fue siempre superioral de casos resueltos, excepto en 1989, en el que entraron en el Supremo 3.749 nuevos casos laborales y se resolvieron 12.244, gracias a un plan de urgencia acometido por el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El caso opuesto es el de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. El plan de urgencia acometido en 1989 por el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la jurisdicci¨®n laboral, ya concluida, han permitido reducir considerablemente el n¨²mero de asuntos pendientes.

Precisamente el presidente del actual CGPJ y del Supremo, Pascual Sala, considera que las reforinas procesales contenciosoadministrativa, civil y penal permitir¨¢n una agilizaci¨®n de los respectivos procedimientos y, en consecuencia, una mayor rapidez.

Los juicios r¨¢pidos

Por,su parte, el ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, habla entusiasmado de los llamados juicios r¨¢pidos, que se estrenaron -y funcionaron con eficacia- en los Juegos Ol¨ªmpicos (le 1992 y se han implantado tambi¨¦n en Sevilla y otras capitales andaluzas, aunque todav¨ªa no, se lamenta el ministro, en Madirid.

Quadra-Salcedo explica: "En Barcelona est¨¢n descendiendo los accidentes de tr¨¢fico, desde que a los conductores infractores, liras hacerles la prueba de la alcoholemia y comprobar que han bebido demasiado, se les juzga en unos 15 d¨ªas, no dos a?os despu¨¦s del accidente como ocurr¨ªa antes".

Sala recuerda, sin embargo, que los juicios r¨¢pidos afectan al enjuiciamiento penal "s¨®lo en determinado tipo de delincuencia: la flagrante".

Ante la nueva etapa parlamentaria, tras las elecciones del pr¨®ximo 6 de junio, Sala considera. necesarios "m¨¢s medios para completar el plan de instalaciones judiciales, informatizar la Justicia y modernizar la oficina judicial". Asimismo, espera que la competencia de seleccionar a los jueces, reclamada sin ¨¦xito al Gobierno desde hace dos a?o,s, sea atribu¨ªda pronto al CGTU, ¨®rgano de gobierno del poder judicial.

En cuanto a medios humanos, Sala pide "que se completen las previsiones de la ley de Planta y Demarcaci¨®n Judicial". Es decir, que se alcancen las 3.700 plazas judiciales, lo que permitir¨¢ que laya un juez porcada 10.000 ciudadanos, objetivo que coincide con la proporci¨®n europea, aunque en algunos pa¨ªses la relaci¨®n es de 4.000 o 5.000 ciudadanos por juez.

En Espa?a, en 1982 con 1.917 plazas judiciales, la proporci¨®n era (le un juez por cada 20.000 espa?oles; en 1987 con 2.406 plazas, la proporci¨®n baj¨® a 16.000 ciudadanos porjuez; y en 1992, a cada uno de los 3.253 puestos judiciales le correspond¨ªan un juez por cada 12.000 espa?oles.