"La ineficacia del control judicial permite pr¨¢cticas corruptas"

Alfonso Sab¨¢n, de 44 a?os, magistrado de lo contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cree que existe un gran desenfoque respecto a los motivos por los que han proliferado pr¨¢cticas corruptas. "Hablar del robo y amenazar con la c¨¢rcel no conduce a nada", afirma. "Lo importante es evitar la ineficacia del control judicial sobre el ejecutivo".A juicio del magistrado, la ley de incompatibilidades es bastante demag¨®gica. "Proh¨ªbe al funcionario tener dos sueldos del sector p¨²blico, pero no hay problema por simultanear, con el propio cargo p¨²blico ostentado, dos consejos de administraci¨®n de las empresas p¨²blicas".

"Esa ley proh¨ªbe al funcionario cualquier actividad que tenga que ver con las funciones realizadas en el puesto p¨²blico, hasta dos a?os despu¨¦s de abandonarlo. Pero, al ser la sanci¨®n simplemente funcionarial, la trampa es que basta con irse de la Administraci¨®n al sector privado para que nadie pueda perseguirte".

?Los cargos pol¨ªticos pueden escapar a la consideraci¨®n de funcionarios? Sab¨¢n dice que "funcionario, seg¨²n el C¨®digo Penal, es todo el que participa de la funci¨®n p¨²blica. La propia ley de incompatibilidades dice que ¨¦sta afecta al personal al servicio de la Administraci¨®n. Mi criterio es que eso afecta a los ministros".

Y a?ade: "Pese a la organizaci¨®n auton¨®mica del Estado, la Audiencia Nacional es el juez natural para cualquier ciudadano respecto a decisiones de ministros, subsecretarios, secretarios de Estado y Tribunal central econ¨®mico-administrativo, lo cual quiere decir que cualquiera que deba dos millones de pesetas de impuestos -m¨¢s recargos- tiene que litigar en la Audiencia Nacional, lo mismo que todo el que tenga problemas de expropiaciones estatales, algunas oposiciones y otros. Resultado: la Audiencia Nacional est¨¢, en algunas materias, casi colapsada. Algunos entes p¨²blicos pueden mostrarse encantados, m¨¢s a¨²n si saben que lo pueden provocar con simples normas administrativas".

"Otro problema es que numerosas funciones p¨²blicas se hacen mediante empresas de derecho privado. En Espa?a no existe un sistema eficaz de responsabilidad civil de los altos cargos, que es un aspecto esencial en los pa¨ªses anglosajones: el que causa un perjuicio al Estado tiene que pagarlo. Si adem¨¢s estamos hablando de empresas de capital p¨²blico, sus gestores act¨²an sin el menor riesgo, porque no tienen accionistas proclives a perseguirles por estafa, pongamos por caso. No conozco ninguna acci¨®n de responsabilidad civil sobre un alto cargo ni sobre gestores de empresas p¨²blicas, aunque lleguen a producirse p¨¦rdidas censurables de cientos o de miles de millones".