Las constructoras compensar¨¢n 100.000 millones que les debe el Estado con el impago de impuestos

Las constructoras prev¨¦n compensar este a?o unos 100.000 millones de la deuda estatal mediante el impago de impuestos. La ¨²ltima puesta al d¨ªa del importe total de la deuda arroja unos 800.000 millones de pesetas. Esta cifra se mantiene constante, aunque en su desglose se aprecia un notable cambio respecto a los deudores. En estos momentos, la mayor deuda depende de las comunidades aut¨®nomas, seguida de la Administraci¨®n central y las corporaciones locales. Obras P¨²blicas y Transportes se ha comprometido a eliminar sus deudas con las constructoras este mismo a?o

La pr¨¢ctica totalidad de las compa?¨ªas constructoras y la Administraci¨®n central llevan varios meses poniendo en pr¨¢ctica un interesante acuerdo: Reducir deuda mediante el impago de impuestos. Con esta pr¨¢ctica, que tambi¨¦n est¨¢n utilizando sociedades de otros sectores como el farmac¨¦utico, los constructores prev¨¦n descontar unos 100.000 millones de pesetas de la deuda actual, seg¨²n confirmaron tanto fuentes empresariales como de la Administraci¨®n.Este canje est¨¢ respaldado por el real decreto 1684/90 de 20 de noviembre que completa el Reglamento General de Recaudaci¨®n y se efect¨²a con cargo al Impuesto sobre el Valor A?adido (IVA) y al Impuesto de Sociedades.

Con esta medida se pretende paliar los efectos que la deuda de las administraciones est¨¢n proyectando sobre las empresas, algunas de las cuales han optado por la suspensi¨®n de pagos. Sin embargo, cuenta con la cortapisa de que s¨®lo se puede efectuar con la Administraci¨®n central, ya que el control fiscal del resto de las administraciones es muy reducido.

Los ¨²ltimos c¨¢lculos de las empresas cifran la deuda de las administraciones en unos 800.000 millones de pesetas. La cantidad global ofrece escasas novedades respecto a la que se viene arrastrando en los ¨²ltimos meses. Lo que llama la atenci¨®n es el cambio de titulares de la deuda. Hasta ahora, era el Estado quien m¨¢s adeudaba a las constructoras: casi la mitad del total.

De acuerdo con los datos actualizados que manejan las compa?¨ªas, los m¨¢ximos deudores han pasado a ser las comunidades aut¨®nomas, con un total de 350.000 millones de pesetas. La Administraci¨®n central, con 275.000 millones, y las corporaciones locales, con otros 175.000 millones, completan la deuda global de 800.000 millones.

Dentro de la deuda de la Adiministraci¨®n central, la parte correspondiente al MOPT -entre 80.000 y 100.000 millones, seg¨²n el departamento-, ser¨¢ cancelada a lo largo de este ejercicio. El subsecretario del MOPT, Antonio Llarden, se?al¨® que "a partir de finales de 1993, la constructoras s¨®lo tendr¨¢n la deuda flotante propia de cualquier tipo de obra. Una deuda que pr¨¢cticamente estar¨¢ compensada con los adelantos que otorgamos a los constructores".

Baja temeraria

Este constante nivel de deudas se ha traducido, a causa de la crisis y la menor actividad, en un aumento del tiempo que se tarda en pagar, y que ahora se sit¨²a cerca de los nueve meses.

La crisis ha provocado, adem¨¢s, un encarnizado pulso obra por obra que ha propiciado espectaculares bajas en los precios a los que las empresas acuden a una obra p¨²blica. Fuentes empresariales se?alan que ha habido casos en los que las bajas han superado, incluso, el 50%. Otras, a¨²n reconociendo esta situaci¨®n, aseguran que en la mayor¨ªa de los casos esa diferencia se subsana a medida que se completa la obra con los consiguientes reformados.

De cualquier forma, empresarios y Administraci¨®n est¨¢n trabajando en poner un tope a las bajas que se proponen en los concursos p¨²blicos. La idea m¨¢s extendida es establecer lo que se denomina baja temeraria. Dicho tope se fijar¨ªa en el 5% por debajo de la baja media de las efectuadas por todas las empresas. Es decir, que si al abrir todas las ofertas se produce una baja media del 30%, todas las ofertas que contemplen una baja superior al 35% ser¨¢n rechazadas por "peligrosas". Los constructores pretenden que la nueva legislaci¨®n agilice los pagos de la Administraci¨®n y oficialice un sistema de contratos homog¨¦neo.