Un juez act¨²a contra el Banco Agr¨ªcola por presionar a 40 trabajadores

El magistrado Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel, juez de instrucci¨®n n¨²mero 38 de Madrid, ha apreciado en seis directivos del Banco de Cr¨¦dito Agr¨ªcola indicios de que sean autores de un delito contra la Administraci¨®n de Justicia, otro contra los derechos de los trabajadores y otro de represalias al demandante. El juez ha iniciado procedimiento abreviado contra tales directivos, por presionar a 40 trabajadores para que abandonasen una demanda y por represaliar a quienes continuaron con la misma.El caso se inici¨® el 17 de diciembre de 1992, cuando el sindicato Confederaci¨®n Nacional del Trabajo (CNT) present¨® una querella contra varios directivos de la mencionada entidad por un delito contra la libertad y seguridad en el trabajo. El juez S¨¢ez escuch¨® a los querellados, investig¨® los hechos y, solicit¨® informes a la inspecci¨®n de Trabajo.

La investigaci¨®n ha permitido averiguar que en octubre de 1992, 40 empleados del banco reclamaron las diferencias salariales entre las cantidades percibidas de la empresa y las que les correspond¨ªan como consecuencia de la anulaci¨®n judicial de una cl¨¢usula de un convenio colectivo interprovincial (le 1987, 1988 y 1989, por considerar el juez de lo social que discriminaba a los trabajadores eventuales y temporales. Para abordar las reclamaciones se reunieron Manuel Lorente Mart¨ªnez, director general del banco; Manuel O?os Caro, subdirector general; Celso Rodr¨ªguez Su¨¢rez, jefe de personal, y Jos¨¦ Carlos Bragado Alfageme, director de recursos humanos.

La c¨²pula directiva del banco decidi¨® "citar personalmente" a cada demandante para lograr "que desistieran de sus pretensiones". As¨ª se hizo el 13 de noviembre con 17 de los demandantes, mediante entrevistas individuales y sin testigos. El juez detalla que los directivos mostraron su descontento con los demandantes, les recordaron los pr¨¦stamos privilegiados concedidos y la posibilidad de abandonar el banco.

24 empleados desistieron

"La convocatoria inquiet¨® a todo el colectivo de trabajadores afectados", relata el juez, quien se?ala que d¨ªas despu¨¦s 24 trabajadores desistieron y 16 "resistieron las presiones del banco y continuaron con su acci¨®n judicial". En ese ambiente de tensi¨®n, el 11 de febrero, v¨ªspera del juicio laboral, Luis Matute Butrague?o, jefe del ¨¢rea t¨¦cnica del banco, convoc¨® a tres de los demandantes que depend¨ªan de ¨¦l, y Enrique Dorado, subdirector general de sucursales, convoc¨® a otra demandante. Ambos ejecutivos trataron de convencer a esas personas para que desistieran de su acci¨®n judicial y les advirtieron que, de lo contrario, el banco tomar¨ªa medidas contra ellos.El 15 de abril de 1993, el juez de lo Social estim¨® parcialmente la demanda de los 16 empleados y conden¨® a la empresa. La c¨²pula del banco cre¨® "un destino donde enviar a trabajadores conflictivos", en un edificio "pr¨¢cticamente abandonado", en el que se dedic¨® a tareas de archivo a titulados cualificados y t¨¦cnicos de distinto nivel.

El juez considera, en principio, aplicable el art¨ªculo 325 bis del C¨®digo Penal, que castiga con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel al que "con violencia o intimidaci¨®n intentare que un denunciante o parte (...) se retracte de su denuncia, o desista de la acci¨®n".