El Gobierno anuncia 150.000 parados m¨¢s en 1994

"Estamos en una situaci¨®n de crisis y toda la sociedad debe hacer un esfuerzo", explic¨® el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros que aprob¨® ayer unos Presupuestos Generales del Estado para 1994 calificados de "austeros" junto con el recorte del desempleo y los incentivos fiscales a las empresas. No es cierto, en su opini¨®n, que las medidas est¨¦n descompensadas porque favorezcan a los empresarios a costa de los pensionistas, los parados y los trabajadores en general, tal como critican los sindicatos.El ministro explic¨® as¨ª el reparto de los sacrificios: "El 99% de los habitantes de este pa¨ªs somos trabajadores, parados o pensionistas y s¨®lo el 1 % son empresarios; desgraciadamente, quien genera empleo son los empresarios y si queremos solucionar el problema del paro hay que darles ventajas". Ahora bien, precis¨®, "por muchos incentivos que les demos, los empresarios har¨¢n lo que quieran en funci¨®n de su expectativa de beneficios".

"La condici¨®n que les ponemos", a?adi¨®, "es que no dispongan de estos recursos libremente, sino que los dediquen a invertir y a crear empleo y esto es lo que tienen que hacer a cambio de la moderaci¨®n salarial". No es cierto, a?adi¨®, que se abandone al colectivo m¨¢s desprotegido, el de los pensionistas, porque el a?o que viene se les subir¨¢ las pensiones en un 3,5% con cl¨¢usula de revisi¨®n. "Pedimos a quienes tienen menos problemas de empleo, los funcionarios, que acepten la congelaci¨®n salarial y la disminuci¨®n en la oferta p¨²blica de empleo y a quienes tienen un puesto de trabajo, que acepten la moderaci¨®n salarial".

Sin consenso

La aprobaci¨®n ayer de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, junto con el paquete de medidas reactivadoras y el recorte en las prestaciones por desempleo, se produce, por otra parte, sin el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, es decir, sin la garant¨ªa de que puedan aprobarse por mayor¨ªa en el Congreso, y con la oposici¨®n frontal de los sindicatos al recorte del desempleo. El ministro de Econom¨ªa neg¨® que el Gobierno est¨¦ dando m¨¢s importancia al pacto pol¨ªtico que al pacto social, tal como han criticado los sindicatos.

La prueba est¨¢, seg¨²n Solbes, en que "con Convergencia i Uni¨® hemos celebrado tres reuniones mientras que con los sindicatos hemos tenido l4". Lo que ocurre, a?adi¨® el ministro, es que "los sindicatos s¨®lo oyen lo que quieren o¨ªr" y lo que "les hemos dicho desde el mes de agosto pasado es que ten¨ªamos de plazo hasta hoy [por ayer] para solucionar la desviaci¨®n en el gasto por desempleo porque es imprescindible para encajar el d¨¦ficit". Para el a?o pr¨®ximo est¨¢ prevista una aportaci¨®n del Estado al Instituto Nacional de Empleo de 800.000 millones de pesetas. Al desempleo se destinan 2 billones, el 85,7% del presupuesto del Inem.

En este sentido, a?adi¨®, "no entendemos la sorpresa de los sindicatos y no estamos de acuerdo en calificar estas medidas de un nuevo decretazo". Para justificarlo se?al¨® que se les ha ofrecido abrir un plazo de negociaci¨®n en el que se pueden modificar algunos aspectos pero no el recorte aprobado ayer, que no especific¨®.

Un mill¨®n de parados -de 1,9 millones con cobertura- se ver¨¢n afectados por el recorte del desempleo y una parte de ellos por partida doble, seg¨²n los datos facilitados a sindicatos y patronal por los responsables del Ministerio de Trabajo en la reuni¨®n del pasado lunes.

La reforma que a m¨¢s personas afecta -846.000- es el pago de la "cuota obrera" a la Seguridad Social por parte de quienes reciben prestaci¨®n contributiva. Esa cantidad, que ahora abona el INEM junto a la cuota empresarial, se les descontar¨¢ del seguro de paro.

Parte de ese grupo de desempleados -177.000- tendr¨¢n un recorte adicional. Se trata de los afectados por la reducci¨®n del tope m¨ªnimo de prestaci¨®n contributiva para los beneficiarios sin hijos a cargo, que baja del 100% al 75% del salario m¨ªnimo.

La incompatibibilidad entre la indemnizaci¨®n por despido y el seguro de paro recaer¨¢ en 56.000 personas. En este caso se aplaza el cobro de la prestaci¨®n de paro hasta que se considere agotada la indemnizaci¨®n. ?sta se considera como salario de forma que su cuant¨ªa total se divide mensualmente seg¨²n el sueldo dejado de percibir. El derecho a la prestaci¨®n no se ve mermado ni en tiempo ni en cuant¨ªa.

El subsidio que se paga "por responsabilidades familiares" sufre una modificaci¨®n que afecta a 186.000 personas. Se limita a quienes tengan a su cargo c¨®nyuge o hijos, cuando en la actualidad se hace extensivo a parientes de segundo grado.

Enviado al CES

Un recorte estricto de la prestaci¨®n o el subsidio recae en quienes han perdido un trabajo a tiempo parcial. La denegaci¨®n del derecho al seguro de paro se aplicar¨¢ a quienes queden en desempleo por negarse a la movilidad funcional. El Gobierno ha retirado una medida similar prevista para los despidos declarados procedentes por los jueces y para los trabajadores que se nieguen a la movilidad geogr¨¢fica.

Adem¨¢s se modifican las infracciones y sanciones en caso de fraude en el devengo y percepcion de las prestaciones, aunque el Gobierno no ha facilitado m¨¢s informaci¨®n.

Esas medidas de reforma del desempleo est¨¢n recogidas en un anteproyecto de ley que el Gobierno remiti¨® ayer, por v¨ªa de urgencia, al Consejo Econ¨®mico y Social (CES) para que emita el dictamen preceptivo. La norma est¨¢ sujeta a modificaciones en caso de que se llegue a un acuerdo con los sindicatos en las conversaciones que proseguir¨¢n hasta el pr¨®ximo d¨ªa 4 de octubre. De momento, tanto CC OO como UGT han expresado su total rechazo a esas medidas que ellos califican "de recorte" y que persiguen un ahorro del gasto de unos 200.000 millones.