Agricultura pretende que las grandes superficies garanticen los pagos aplazados a los proveedores

El pago aplazado de las grandes superficies a los proveedores, que en la actualidad se sit¨²a en torno al bill¨®n de pesetas, est¨¢ provocando serias dificultades en la industria alimentar¨ªa. Con el fin de atenuar este efecto, el Ministerio de Agricultura est¨¢ preparando variaciones normativas al respecto, como establecer un tope en la cuant¨ªa de los pagos aplazados en funci¨®n de los recursos propios de cada gran superficie. La intenci¨®n del titular de Agricultura, Vicente Albero, es introducir estos cambios en la Ley de Sociedades An¨®nimas o, en su defecto, elaborar una norma espec¨ªfica.

Las empresas de distribuci¨®n y las centrales de compras deber¨¢n calcular los pagos aplazados con los proveedores de una forma distinta a la tradicional si finalmente prosperan los proyectos que maneja el Ministerio de Agricultura. A partir de ese momento, lo tendr¨¢n que hacer en funci¨®n del volumen de los recursos propios que dispongan. Ello supondr¨¢, al menos en la pr¨¢ctica, una mayor seguridad de cobro para los proveedores.En la misma l¨ªnea de asegurar mayores garant¨ªas a los fabricantes para evitar los riesgos de los impagados, el departamento que dirige Vicente Albero propugna que las empresas de distribuci¨®n est¨¦n obligadas a suscribir una p¨®liza de seguro por las cantidades cuyos pagos han sido aplazados. Esa cifra, de acuerdo con los datos que manejan las industrias alimentarias, asciende en estos momentos a m¨¢s de un bill¨®n de pesetas.

Los representantes de la industria alimentaria coinciden con la Administraci¨®n a la hora de primar la seguridad en el cobro. Fuentes del sector recalcan que "m¨¢s que un acortamiento de los pagos aplazados, lo que nos preocupa es la existencia de garant¨ªas reales de cobro".

Plazos m¨¢ximos

En funci¨®n de estos objetivos, la nueva disposici¨®n contemplar¨ªa unos plazos m¨¢ximos y no m¨ªnimos de pago para impedir que se produzcan aplazamientos desmesurados, que en algunos casos han llegado a m¨¢s de un a?o.

Igualmente, el Ministerio de Agricultura pretende que cuan-do se haya fijado un plazo de pago, la empresa distribuidora lo cumpla escrupulosamente.

La Administraci¨®n y las industrias tambi¨¦n coinciden en que las modificaciones se realicen en un periodo largo, de varios a?os, con el fin de no provocar problemas a?adidos en la distribuci¨®n.

Al margen de definir con claridad este conjunto de nuevos criterios, Agricultura a¨²n no tiene decidida la forma legal de llevarlos a cabo, aunque maneja esta alternativa: Modificar la Ley de Sociedades An¨®nimas o elaborar una nueva disposici¨®n espec¨ªfica.

La soluci¨®n a los problemas derivados de los pagos aplazados constituye una de las reivindicaciones m¨¢s reiteradas durante los ¨²ltimos a?os tanto por la industria alimentaria como por otros proveedores de la gran distribuci¨®n.

Fruto de esa reiteraci¨®n, en la legislatura anterior Converg¨¨ncia i Unio (CiU) present¨® una proposici¨®n no de ley en el Parlamento. Esa iniciativa fue rechazada por el Pleno del Congreso, pero dio lugar a la constituci¨®n de una comisi¨®n de trabajo para recabar m¨¢s informaci¨®n.

Tras ese intento, y con la renovaci¨®n del Parlamento por medio, el estudio de las posibles soluciones qued¨® en barbecho. Ahora, despu¨¦s de sonoras sus pensiones de pagos como las de las cadenas de distribuci¨®n Digsa y M¨¢s por Menos, se ha vuelto a desenterrar el debate por iniciativa de los ministerios de Agricultura y Comercio, cuyos responsables, Vicente Albero y Javier G¨®mez Navarro, respectivamente, manejan ideas coincidentes.

Adem¨¢s, ambos tratan de armonizar estos cambios con otras modificaciones que afectar¨¢n al mundo de la gran distribuci¨®n, como la regulaci¨®n de los horarios comerciales. La posibilidad de que las grandes superficies sigan manteniendo sus puertas abiertas domingos y festivos subyace en el fondo del debate.