La fiscal defiende en el Supremo la expulsi¨®n de los nueve guardias civiles implicados en el "caso Linaza"
El ministerio fiscal asumi¨® ayer, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sentencia ¨ªntegra por torturas a Tom¨¢s Linaza Euba. La confirmaci¨®n del fallo implicar¨ªa la separaci¨®n del servicio del teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa, el comandante Jos¨¦ Mart¨ªn Llevot, ya retirado, y de otros siete agentes. Linaza Euba, padre del etarra Tom¨¢s Linaza Echevarr¨ªa, denunci¨® en mayo de 1981 las torturas sufridas durante su detenci¨®n en la Comandancia de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, y en unas dependencias del instituto armado en Madrid. El detenido fue liberado sin cargos tras pasar nueve d¨ªas incomunicado en aplicaci¨®n de la ley antiterrorista.
La Audiencia de Bilbao conden¨® en 1990 al teniente coronel Masa y a los dem¨¢s implicados a penas de seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n, que conlleva la expulsi¨®n autom¨¢tica del cuerpo. A diferencia de lo que ocurri¨® en el juicio celebrado en Bilbao hace tres a?os, cuando el ministerio p¨²blico s¨®lo present¨® acusaciones contra los dos autores materiales de los malos tratos, la fiscal¨ªa asumi¨® ayer ante el Supremo, en la vista de los recursos de casaci¨®n, la sentencia ¨ªntegra.El ministerio fiscal se opuso uno por uno a todos los motivos de casaci¨®n alegados por la defensa y el abogado del Estado, y desmenuz¨® los motivos por los que considera justificadas todas las condenas.
La fiscal insisti¨® en la responsabilidad espec¨ªfica del comandante Mart¨ªn Llevot, al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao cuando se produjeron los hechos. Mart¨ªn Llevot fue condenado a seis a?os y un d¨ªa de carcel e igual periodo de inhabilitaci¨®n, por sendos delitos de falsificaci¨®n de documento p¨²blico y prevaricaci¨®n.
Seg¨²n la sentencia, el comandante y el entonces capit¨¢n Masa, que dirig¨ªa el servicio de informaci¨®n de la Guardia Civil en Vizcaya, impidieron la entrada a las dependencias del instituto armado del m¨¦dico forense enviado por un juzgado de Bilbao para indagar el estado f¨ªsico del detenido, tras una denuncia por malos tratos presentada por su familia. El comandante y el capit¨¢n alegaron que Linaza hab¨ªa sido trasladado a Madrid, cuando, seg¨²n estima probado la sentencia, era falso y la conducci¨®n no se producir¨ªa hasta la madrugada siguiente.
Adem¨¢s del delito com¨²n de prevaricaci¨®n, Mart¨ªn Llevot fue condenado por falsedad en documento p¨²blico al haber insistido en el falso traslado en un escrito dirigido al juzgado 17 d¨ªas despu¨¦s de los hechos.
Mientras que el fiscal jefe de Bilbao, Jes¨²s Cardenal, se limit¨® a acusar en 1990 al sargento Alfredo Serrano Pastor y al guardia Lucio de Sosa como autores directos de las torturas, la fiscal insisti¨® ayer en la culpabilidad de todos los guardias civiles condenados.
La fiscal consider¨® "completamente absurdo" que los guardias que figuran como secretario e instructor del atestado alegaran durante el juicio que ni siquiera hab¨ªan visto al detenido y se?al¨® que la sentencia acredita la "existencia de malos tratos reiterados y ostensibles", por lo que los dem¨¢s guardias condenados, en funci¨®n de su papel en las diligencias, "tuvieron que verlo".
Finalmente, se opuso tambi¨¦n a la argumentaci¨®n del abogado del Estado, que sostuvo que la condena por torturas debe ser anulada porque tal figura delictiva no existe en el C¨®digo Penal, y que en todo caso la responsabilidad subsidiaria no debe ser del Estado porque si los guardias cometieron delito "lo hicieron como personas privadas". Para el ministerio p¨²blico, la sentencia del caso Linaza se ajusta "perfectamente" a la tipificaci¨®n que de los malos tratos hace el C¨®digo Penal y la responsabilidad subsidiaria corresponde al Estado porque la v¨ªctima se encontraba bajo su custodia.
El defensor de los guardias civiles, Jorge Argote, present¨® 11 motivos de casaci¨®n como quebrantamiento de forma o indefensi¨®n. Argote lleg¨® a empe?ar su honor para asegurar "que no hubo ninguna posibilidad de defensa coherente" de los guardias al haber sido citados primero como testigos y luego como imputados. Tambi¨¦n impugn¨® la validez de las ruedas de reconocimiento en las que Linaza identific¨® a sus dos torturadores, que calific¨® de "aut¨¦nticas procesiones de guardias civiles". En respuesta a este ¨²ltimo argumento, la fiscal precis¨® que Linaza reconoci¨® sin g¨¦nero de duda a los dos condenados como autores de malos tratos en ruedas de ocho y siete personas respectivamente, y sin que la defensa negara su validez hasta el juicio.
El abogado de la acusaci¨®n particular, Txema Montero, que mantuvo en solitario durante el juicio la culpabilidad de Mart¨ªn Llevot, Masa y los otros cinco guardias a los que no imput¨® delitos la fiscal¨ªa, subray¨® ante la sala del Supremo que la Guardia Civil todav¨ªa no ha dirigido ning¨²n reproche interno a los nueve condenados y ni siquiera tras la sentencia ha abierto una investigaci¨®n.
Montero record¨® el largo calvario de tr¨¢mites que ha sufrido esta causa y rompi¨® una lanza "en favor de la instrucci¨®n del sumario", que tuvo que enfrentarse, se?al¨®, a dificultades excepcionales.
Doce a?os de calvario
Jorge Argote argument¨® ante el Supremo que los nueve guardias condenados han sufrido "un largo calvario". Txema Montero dijo que su representado, Tom¨¢s Linaza, "inici¨® hace 12 a?os un camino que a¨²n no ha terminado". El sumario se inici¨® en mayo de 1981 en Bilbao y pas¨® sucesivamente por. la jurisdicci¨®n militar de Burgos y Madrid, el Supremo y la Audiencia de Madrid antes de regresar a Bilbao.En nueve a?os de instrucci¨®n, Linaza fue citado ocho veces a, declarar y 43 a ruedas de reconocimiento, por las que pasaron casi 500 personas, entre guardias civiles y rellenos.
En el sumario, de m¨¢s de 1.000 folios, constan las declaraciones por escrito del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y del entonces ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo. La juez Mar¨ªa Elisabeth Huerta les pidi¨® que ratificaran la orden para que no comparecieran un centenar de guardias citados a rueda en 1986. La Guardia Civil justific¨® la incomparecencia por "orden del Gobierno".
La sentencia dictada por la Audiencia de Bilbao agrav¨® en un d¨ªa la petici¨®n de inhabilitaci¨®n presentada por la acusaci¨®n particular contra los nueve condenados. Esas 24 horas significan, cuando la sentencia sea firme, la separaci¨®n autom¨¢tica del cuerpo. Adem¨¢s de la condena de prisi¨®n para el comandante Mart¨ªn Llevot, el sargento Alfredo Serrano y el guardia Lucio de Sosa, ya condenado en firme por un caso anterior de torturas, recibieron penas de siete meses de arresto mayor cada uno, multa de 100.000 pesetas y la obligaci¨®n de indemnizar a la v¨ªctima con 1.500.000 pesetas m¨¢s los intereses legales.
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