Parte de la direcci¨®n del PP se opone a llevar a los tribunales al Gobierno por el 'caso KIO'

El caso KIO, uno de los torpedos de mayor potencia lanzado por el Partido Popular en la ¨²ltima campa?a electoral, permanece congelado en los s¨®tanos de la sede nacional, en G¨¦nova, 13, al haber surgido discrepancias sobre su manejo. Un sector de la ejecutiva del PP se opone a emprender las acciones judiciales contra miembros y ex miembros del Gobierno -Felipe Gonz¨¢lez, Narc¨ªs Serra y el ex ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga anunciadas por el secretario general el 10 de mayo pasado, porque teme que una decisi¨®n contraria de los jueces o una absoluci¨®n final tenga efectos contraproducentes y "diluya las responsabilidades".El sector del PP contrario al inicio de acciones judiciales argumenta que es mejor dejar el caso KIO en el terreno de la responsabilidad pol¨ªtica, porque llevarlo a los tribunales implica el riesgo de lo que denomina "efecto Juan Guerra". El hermano del ex vicepresidente del Gobierno, se?ala este sector, es considerado generalizadamente responsable de comportamientos poco ¨¦ticos "y, sin embargo, la cascada de absoluciones en los tribunales le permite presentarse ante la opini¨®n p¨²blica como una v¨ªctima".

Bajo la direcci¨®n de Francisco ?lvarez Cascos, el PP form¨® tras el esc¨¢ndalo de la mayor suspensi¨®n de pagos de Espa?a una comisi¨®n de investigaci¨®n propia. Sus trabajos se plasmaron en un informe de 500 p¨¢ginas que fue presentado en p¨²blico a bombo y platillo el 10 de mayo, con el morbo a?adido de la proximidad de las elecciones. El trabajo confirmaba con pruebas, seg¨²n el secretario general del PP, la tesis mantenida desde el principio. Al omitir en el caso de KIO la autorizaci¨®n previa del Consejo de Ministros, legalmente imprescindible para las inversiones de Gobiernos extranjeros, varios miembros del Ejecutivo hab¨ªan incurrido en prevaricaci¨®n.

Las pruebas m¨¢s importantes presentadas por el PP consist¨ªan en el registro en Transacciones Exteriores de algunos trasvases de acciones desde KIO a la subsidiaria holandesa Spreew Onroerend y, en especial, un informe de Manuel Conthe, por entonces director general de Transacciones Exteriores, fechado el 27 de junio de 1988 y dirigido a altos responsables de Econom¨ªa y Hacienda, cuyo titular era Carlos Solchaga.

Inversiones

El informe de Conthe denunciaba "una manifiesta discordancia entre la previsi¨®n normativa y la realidad" en el tratamiento y tramitaci¨®n de las inversiones de KIO, "como si se tratara de inversiones efectuadas por inversores privados". Conthe propon¨ªa varios posibles remedios, que nunca fueron aplicados. Los incursos en prevancacion por haber tomado decisiones injustas a sabiendas, seg¨²n el PP, eran el jefe del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez; el vicepresidente, Narc¨ªs Serra, y el hoy portavoz del Grupo Socialista, Carlos Solchaga.Fuentes de la direcci¨®n del partido han reconocido que el asunto est¨¢ "congelado". Todos los responsables nacionales que se han pronunciado sobre el asunto en los ¨®rganos de direcci¨®n est¨¢n de acuerdo en la existencia de presuntas responsabilidades penales, adem¨¢s de las pol¨ªticas. "La cuesti¨®n no admitir¨ªa dudas", se?ala uno de los miembros de la comisi¨®n de investigaci¨®n, "si el fiscal general del Estado, como ocurrir¨ªa en cualquier pa¨ªs normal, actuara de oficio desde que se conocen p¨²blicamente los Indicios y pruebas que nosotros hemos presentado a la opini¨®n p¨²blica". Pero Eligio Hern¨¢ndez, titular de la fiscal¨ªa, es objeto de la m¨¢xima desconfianza por parte del PP.Descartada "por puro realismo" la intervenci¨®n de la fiscal¨ªa, el PP baraj¨® la posibilidad de ir a los tribunales.