Volvamos a la Seguridad Social Profesional

Nos cuesta trabajo admitirlo, pero el Estado universal ha dejado de existir, y con ¨¦l cuantos proyectos ut¨®picos alimentaron el sue?o de todas las generaciones de la edad contempor¨¢nea, desde la Revoluci¨®n Francesa hasta nuestros d¨ªas. Hemos pensado durante dos siglos que el pap¨¢ Estado hegeliano era omnipotente y todo pod¨ªa conseguirlo, y ahora descubrimos que aquello encubr¨ªa simplemente una tentaci¨®n totalitaria, como f¨®nicamente repet¨ªa Jean-Fran?ois Rey. El Estado se encuentra en bancarrota y retrocede en todos los pa¨ªses, no s¨®lo por los embates neoliberales, sino por su distinto papel e importancia en la modernidad, ante la competencia de los espacios econ¨®micos transfronterizos, de las regiones y de las propias empresas multinacionales.Una de esas tentaciones ha sido la hermosa perspectiva de una Seguridad Social universal que abarcara en su protecci¨®n a todos los ciudadanos contra todas las contingencias posibles y en base a impuestos, no a cotizaciones. Hermosa, pero endiabladamente cara. En Espa?a, primero por la asistencia sanitaria, despu¨¦s por las prestaciones por desempleo, finalmente por el crecimiento de la poblaci¨®n pensionista, esa Seguridad Social tambi¨¦n se encuentra en enormes difilcultades financieras y gestoras, y se plantean recortes absolutamente impopulares de todos conocidos a trav¨¦s de la prensa. Los motivos fueron denunciados hace ya a?os por Cruz Roche en su An¨¢lisis econ¨®mico de la Seguridad Social espa?ola 1972-1982, y consist¨ªan, seg¨²n ¨¦l, en las cargas indebidas y el clientelismo, pero, pese a ello, pretendemos continuar una' expansi¨®n sobre el mismo sendero universalista que terminar¨¢ agotando todos nuestros recursos. No hay trabajadores y empresas suficientes, ni tampoco tesorer¨ªa del Estado, para hacer frente a todas las obligaciones asegurator¨ªas ocasionadas.

Uno de los ingredientes con los cuales se ha fraguado la actual ambici¨®n se remonta a lord Beveridge, quien, a principios de los a?os cuarenta, en plena Guerra Mundial, escribi¨® su best-seller Social Insurance and allied services, donde indicaba que poco importa que la pierna nos la hayamos roto en la empresa o en un accidente de tr¨¢fico, porque las necesidades asistenciales son las mismas. A partir de ¨¦l comenzaron a confundirse los riesgos profesionales y los riesgos comunes, y el sistema unitario de Seguridad Social nacido del Plan Beveridge acogi¨® por igual a los llamados riesgos profesionales y a los riesgos comunes. Como consecuencia, en nuestro pa¨ªs tenemos hoy d¨ªa una cotizaci¨®n elevada, con la cual se abonan prestaciones por situaciones de infortunio indiscriminadas, tanto se produzcan en los centros de trabajo como practicando un deporte de riesgo en las vacaciones. Trabajadores y sindicatos se muestran contentos con el sistema, que en s¨ª mismo parece irreprochable. Lo malo de ¨¦l es que encarece los costes laborales unitarios hasta extremos insostenibles, y que los empresarios (v¨¦ase EL PA?S del 7 de noviembre) trasladan a los salarios, a los trabajadores y a los sindicatos las culpas de los elevados precios y de la inflaci¨®n: al trasladar el Estado a los empresarios el coste de esa Seguridad Social mediante las cotizaciones, aqu¨¦llos se revuelven contra los m¨¢s d¨¦biles, y no contra el poder pol¨ªtico. Se envenenan as¨ª las relaciones industriales, se pone en entredicho la funci¨®n de los sindicatos, y los no muy boyantes salarios espa?oles se ponen en cuesti¨®n.

La situaci¨®n expuesta no debiera mantenerse durante estos tiempos de crisis. No parece oportuno que las empresas paguen la generosidad del Estado, y hasta llega a ser discutible que se cubran con cotizaciones laborales los infortunios de cualquier tipo que los ciudadanos sufran en su domicilio, en sus vacaciones, en sus momentos de ocio. Las empresas deben quedar liberadas de todo lastre indebido; si no queremos transformarnos en el desierto de los t¨¢rtaros, cada uno debe asumir su propia responsabilidad. La actividad asistencial del Estado deber¨ªa separarse n¨ªtidamente de la Seguridad Social, porque la unidad de gesti¨®n que propugnara lord Beveridge va a terminar con la Seguridad Social estricta, la laboral, por causa de las adherencias complementarias. As¨ª pues, la asistencia sanitaria general y la asistencia social deber¨ªan quedar fuera del sistema de la Seguridad Social, y no dentro (como ocurre actualmente, pese a su gesti¨®n diferenciada a trav¨¦s del Insalud y del Inserso). Correlativamente, las empresas y trabajadores s¨®lo deber¨ªan asumir, v¨ªa cotizaciones, el coste de las contingencias profesionales, entendiendo por tales las producidas por accidentes de trabajo (incluso los in itinere), enfermedades profesionales, jubilaci¨®n y desempleo. Finalmente, los ciudadanos, por nosotros mismos, tendr¨ªamos que asumir el coste de las contingencias comunes, es decir, incapacidad e invalidez debidas a accidentes o enfermedades que nada tuvieran que ver con la actividad laboral.

Las repercusiones econ¨®micas de la divisi¨®n propuesta son, significativas, aun cuando su cuantificaci¨®n resulta dif¨ªcil con las actuales cuentas de la Seguridad Social. Si nos centramos en el dato de cu¨¢nto menos habr¨ªa que cotizarse por empresas y trabajadores si rest¨¢ramos lo que corresponde al Estado y lo que es de cada ciudadano, no creo que el porcentaje estuviera ni en el 29,3% menos, que corresponde al tipo de cotizaci¨®n establecido por la Ley de Presupuestos para 1993 por contingencias comunes, ni en el 0,62% menos, equivalente al coeficiente reductor establecido en la misma ley para las empresas excluidas de contingencias comunes. A mi juicio, el porcentaje de reducci¨®n de cuotas habr¨ªa de estar en torno al 6%, en base a lo siguiente: de los 8,6 billones de pesetas que cuesta la Seguridad Social, seg¨²n datos del Anuario de estad¨ªsticas laborales para 1991, del Ministerio de Trabajo, los gastos por las contingencias comunes aludidas significan aproximadamente el 7% del total. Pero esa cifra no la pagan exclusivamente empresarios y trabajadores, pues existe la aportaci¨®n del Estado, que, aunque centrada b¨¢sicamente en la protecci¨®n asistencial y en la sanidad, tambi¨¦n abarca algunas contingencias en r¨¦gimen de cobertura mixta, y de ah¨ª la disminuci¨®n a seis puntos que se propone, indicativamente, en la cotizaci¨®n a la Seguridad Social profesional. Empresas y trabajadores ahorrar¨ªan de esa manera una cantidad apreciable, y los injustos reproches al coste salarial no tendr¨ªan raz¨®n de ser.

Pero los ciudadanos tendr¨ªamos que hacer frente por nosotros mismos a las contingencias comunes, al riesgo de accidentes y enfermedades contra¨ªdos sin ninguna relaci¨®n con la actividad laboral. Para los trabajadores, una parte de ese 6% liberado de las cotizaciones repercutir¨ªa en el salario positivamente, pero a cambio quedar¨ªan desprotegidos ante los infortunios se?alados. No creo que el Estado debiera permitir el aseguramiento libre de tales contingencias, en el sentido de que cada cual procediera a asegurarse o no, seg¨²n sus deseos, en entidades privadas o p¨²blicas, para la eventualidad de quedar inv¨¢lido en un accidente de tr¨¢fico, por ejemplo. A la larga, la presi¨®n social har¨ªa que el Estado asumiera la cobertura de esos riesgos para quienes no se hubieran asegurado, desincentivando la iniciativa de quienes lo hubieran hecho, y al final estar¨ªamos en la misma confusi¨®n de la que pretendemos salir. Opino que el aseguramiento debe ser obligatorio, aunque dentro de la mayor libertad de elecci¨®n gestora, y que aqu¨ª hallar¨ªan un buen campo de actuaci¨®n los planes de pensiones colectivos, negociados por las empresas con sus trabajadores.

Hasta el momento, el procedimiento de financiaci¨®n de la Seguridad Social se ha parecido a una mesa con tres patas de tama?o muy distinto: robusta y larga la profesional, mediana en todos los sentidos la estatal, escu¨¢lida y corta la ciudadana. Una mesa as¨ª no nos sirve ni para echarla al fuego, en las actuales circunstancias.

es catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo.