Auditor auditado

LA FIRMA auditora Coopers & Lybrand. (C&L)acaba de ser sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas (ICAC) con una multa de 37 mi llones de pesetas -el 1,25% de la facturaci¨®n de dicha empresa- por los informes realizados sobre las cuentas del Grupo Torras. En su momento, el auditor puso de relieve que el grupo tuvo unas p¨¦rdidas en 1991 de 29.395 millones de pesetas, contra los 2.751 millones de beneficio que hab¨ªa declarado la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. El problema es que el auditor se qued¨® corto. En diciembre de 1992, el Grupo Torras suspendi¨® pagos y aparecieron unas p¨¦rdidas de 197.522 millones de pesetas entre 1991 y 1992. Seg¨²n el ICAC, organismo de la Administraci¨®n encargado de velar por la transparencia y la fiabilidad de los informes de auditor¨ªa, C&L no reflej¨® las incorrecciones cometidas por los responsables de dicho grupo en su gesti¨®n. La multa est¨¢ en la banda baja en una escala que va del 1 % al 10% de la facturaci¨®n de la entidad sancionada, por lo que puede considerarse leve. Su importancia radica, no obstante, en que por fin se ha abierto la brecha en unas actuaciones que hasta ahora gozaban de patente de corso, y en la que se escudaban, y escudan, algunas empresas para salvar incorrecciones que no aparecen en las salvedades del informe de auditor¨ªa (resumen en el que el auditor explica la situaci¨®n de la entidad auditada para conocimiento de los accionistas de la misma).Hay que respaldar, por ello, la decisi¨®n del instituto. La existencia del ICAC, que apenas ha cumplido tres a?os, es desconocida por la falta de acciones del tipo de la sanci¨®n impuesta a C&L. Chocaba que no se hubieran tomado medidas pese a los abundantes casos de auditor¨ªas puestas en cuesti¨®n en los ¨²ltimos a?os, como ahora mismo las de PSV o Banesto. La sanci¨®n relativa al caso Torras, componente del esc¨¢ndalo de KIO -que sigue coleando, con varias demandas y querellas contra los antiguos gestores a¨²n no resueltas-, anuncia tal vez una actitud m¨¢s estricta del organismo fiscalizador.

Naturalmente, lo deseable ser¨ªa que el ICAC no tuviera que intervenir, pero los hechos demuestran que ante toda norma hay que colocar un vigilante. La especial sensibilidad ciudadana ante el rosario de esc¨¢ndalos financieros que han sacudido a nuestro pa¨ªs, y que est¨¢n teniendo un reflejo muy negativo en medios extranjeros muy influyentes en los inversionistas internacionales, exige extremar el rigor. La sospecha de que algunas auditor¨ªas han ocultado o no han detectado la situaci¨®n real de determinadas sociedades que han acabado necesitando cuantiosas ayudas de fondos p¨²blicos s¨®lo puede diluirse con un eficaz control por parte del organismo responsable.

De momento, el ICAC ha abierto las verificaciones correspondientes a varias auditor¨ªas de gran impacto social y en las que han intervenido firmas prestigiosas: Ernst & Young en el caso de PSV, Price Waterhouse en Banesto y Arthur Andersen en la Corporaci¨®n Banesto. Ante las voluminosas operaciones irregulares que se est¨¢n descubriendo en tales casos puede haber sanciones de mayor o menor grado. No obstante, la mera apertura de expedientes de verificaci¨®n es un hecho destacable. El mercado exige transparencia y las auditor¨ªas son el ¨²ltimo mecanismo que tiene el inversor para verificar si las cuentas de la empresa son fiables.