IU logra el apoyo de Leguina para que los inmigrantes tengan ayudas sociales

El camino para que los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia puedan acceder a todos los servicios sociales es m¨¢s llano desde ayer. El Consejo de Gobierno de la Comunidad apoy¨® una propuesta presentada en diciembre por Izquierda Unida que pide la reforma de la Ley Regional de Servicios Sociales porque excluye a los extranjeros. Hasta ahora, los inmigrantes de pa¨ªses pobres, sin acuerdos de reciprocidad con Espa?a, carec¨ªan de este derecho, pese a vivir, trabajar y pagar impuestos en Madrid.

Ahora es la Asamblea de Madrid la que debe pronunciarse para reformar el art¨ªculo 2 de la citada ley. Con el apoyo del Gobierno regional del PSOE, manifestado ayer por su portavoz, Jaime Lissavetzky, la propuesta de IU contar¨¢ con mayor¨ªa de votos en la C¨¢mara.La reforma, seg¨²n el Ejecutivo, supone "una apuesta por la integraci¨®n de los miembros del colectivo inmigrante", ya que reconoce los derechos de los extranjeros residentes a la red p¨²blica de servicios sociales: "A un conjunto de prestaciones que tienden a la prevenci¨®n, eliminaci¨®n o tratamiento, en su caso, de las causas que conducen a la marginaci¨®n".

El objetivo del cambio de la normativa es reconocer los derechos de unas personas que pagan impuestos en una comunidad y no pueden acceder a los mismos servicios que sus vecinos espa?oles. Sin embargo, algunas prestaciones -como las becas de comedor escolar o algunas ayudas dependientes de las juntas municipales- ya se daban, aunque sin soporte legal.

Y siempre surg¨ªan escollos amparados en dicha ley, por ejemplo, en la solicitud de pisos p¨²blicos al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) o en el acceso al salario social.

En los impresos de solicitud del Ivima figuraba una cla¨²sula: "Los extranjeros no comunitarios deben presentar un certificado de la ley especial o tratado internacional suscrito con Espa?a". Esta exigencia, imposible de cumplir para un senegal¨¦s o un marroqu¨ª, part¨ªa del esp¨ªritu de la citada ley.

El pasado verano, despu¨¦s del incumplimiento de un plan para realojar a 60 familias chabolistas magreb¨ªes de Pe?a Grande (Fuencarral), salt¨® a la palestra el conflicto existente en el seno de la Comunidad por la posible concesi¨®n de pisos de alquiler p¨²blicos a inmigrantes. En el fondo subyac¨ªa el contenido de esta ley. La consejera de Integraci¨®n Social, Elena V¨¢zquez, prometi¨® entonces que este texto restrictivo con los extranjeros se iba a cambiar.

La reforma de la normativa supondr¨¢ que se reconozcan como titulares de los servicios sociales de la regi¨®n "a todos los residentes en el territorio de la Comunidad". Y no s¨®lo "a los espa?oles residentes", como figura ahora.

Estado de necesidad

El cambio supone tambi¨¦n que los derechos que ahora se admiten para "los transe¨²ntes no extranjeros que se encuentren en evidente estado de necesidad" se hagan extensivos a "los transe¨²ntes, sean espa?oles o extranjeros, residentes en cualquier territorio de la Uni¨®n Europea".La parlamentaria de IU Susana L¨®pez Blanco argument¨®, al elaborar esta propuesta: "No pedimos ni regalos ni privilegios ni tratos diferenciados, s¨®lo que se reconozca un derecho que no contempla una norma aprobada antes de la Ley de Extranjer¨ªa, cuando todav¨ªa no se hab¨ªan producido las mayores oleadas de inmigrantes en la regi¨®n".

En Madrid viven unos 130.000 extranjeros con sus papeles en regla. La mitad proceden de pa¨ªses desarrollados, seg¨²n el estudio elaborado por un equipo de la Universidad Aut¨®noma para la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social.

Las modificaciones propuestas dejan fuera el colectivo que carece de permiso de trabajo y residencia. Son los llamados ?legales, unos 100.000, seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno. Algunos acaban de llegar; otros eran legales, pero no lograron renovar sus permisos, y hay tambi¨¦n familiares reagrupados sin arreglar a¨²n su situaci¨®n.