Mejor no contaminar

LA MEJOR defensa frente a los residuos contaminantes es no producirlos. En muchos casos, esta estrategia no es un desider¨¢tum que quede fuera del alcance de los procesos productivos; ponerla en pr¨¢ctica est¨¢ en manos de quienes los dirigen, a condici¨®n de que se convenzan de 1 ' a necesidad de poner bienes y servicios limpios en los circuitos de consumo y de que no contemplen las inversiones exigidas s¨®lo como costes, sino como un factor de crecimiento econ¨®mico y de beneficios empresariales.Cuando los productos contaminantes se desparraman sobre la tierra y alcanzan los cauces de los r¨ªos, la defensa apenas es ya posible. Es lo que ha sucedido con el desastre ecol¨®gico producido en tierras de Ja¨¦n y en aguas del alto Guadalquivir por la rotura de una balsa que conten¨ªa m¨¢s de ocho millones de litros de alpech¨ªn, una sustancia altamente contaminante derivada del proceso de extracci¨®n del aceite.

Es posible que muchas personas hayan o¨ªdo hablar por primera vez de esta sustancia al filo de esta noticia. Sin embargo, los problemas que plantea son tan viejos como el cultivo del olivar. S¨®lo que ha sido en las ¨²ltimas d¨¦cadas cuando se ha comenzado a tomar conciencia de los riesgos ecol¨®gicos vinculados a este peligroso residuo de una de las industrias b¨¢sicas y con m¨¢s futuro de Andaluc¨ªa. Es decir, que sucesos como ¨¦ste, adem¨¢s de la exigencia rigurosa de responsablidades, de conformidad con el principio de que quien contamina paga, plantean ante todo un esfuerzo de investigaci¨®n y de inversi¨®n en la industria ole¨ªcola para eliminar de los procesos de extracci¨®n del aceite un residuo tan peligroso y de tan dif¨ªcil tratamiento como el alpech¨ªn.

De momento, la panoplia de medidas sancionadoras -tanto de car¨¢cter administrativo como penal- se ha mostrado escasamente disuasoria ante los efectos contaminantes de la actividad econ¨®mica e industrial. No s¨®lo porque la cuant¨ªa de las multas la m¨¢s fuerte es de 100 millones de pesetas es en muchos casos f¨¢cilmente enjugada en la cuenta de resultados de la empresa contaminante. Tambi¨¦n por que los da?os son dif¨ªcilmente evaluables y, por tanto, plantean serias dificultades a la hora de cuantificar la justa reparaci¨®n econ¨®mica. De otro lado, el burocratismo, la descoordinaci¨®n administrativa y la pasividad de la justicia se dan la mano para que, con frecuencia, estas actuaciones contra el medio ambiente queden impunes. ?Qu¨¦ coste econ¨®mico y qu¨¦ sanci¨®n penal, si procediera, van a tener los responsables de la vigilancia y mantenimiento de la balsa cuya rotura ha arrasado tierras y olivos y contaminado las aguas que abastecen el consumo humano en las provincias de C¨®rdoba y Sevilla?

De entrada, la sanci¨®n econ¨®mica de 100 millones de pesetas inicialmente propuesta por la Junta de Andaluc¨ªa no es firme. Corresponde al Consejo de Ministros la decisi¨®n final. Y en cuanto a las posibles responsabilidades penales, no se ve c¨®mo podr¨¢n determinarse si el ministerio fiscal no act¨²a. Si se admite que atentados tan impresionantes contra el medio ambiente queden excluidos, en principio, del ¨¢mbito del delito ecol¨®gico, ?qu¨¦ sentido tiene mantener este delito en el C¨®digo Penal?

En cualquier caso, lo preocupante es que accidentes como el de Ja¨¦n puedan repetirse en el futuro si los tradicionales sistemas de extracci¨®n del aceite no son sustituidos por otros m¨¢s limpios. ?stos existen, algunas industrias ya los tienen incorporados a sus procesos de producci¨®n y hay subvenciones p¨²blicas para favorecer este cambio tecnol¨®gico. Lo que hace falta es que esas ayudas sean suficientes y f¨¢ciles de obtener. Y que los industriales renuentes tomen conciencia de potencial riesgo que supone para el entorno natural la proliferaci¨®n de balsas (s¨®lo en Ja¨¦n existen 300 almazaras) repletas de millones de litros de una sustancia tan contaminante como el alpech¨ªn.

Y de la que, adem¨¢s, no es nada f¨¢cil desprenderse.