Ofensiva para mejorar la protecci¨®n a los solicitantes de asilo

La presi¨®n de quienes piden que los solicitantes de asilo puedan recurrir a los jueces ha convertido a Felipe Gonz¨¢lez en juez. La divergencia de. opiniones, incluso en el seno del PSOE, ha dejado en sus manos el veredicto: aceptar o no que quienes solicitan refugio tengan derecho a un recurso judicial que suspenda su expulsi¨®n de Espa?a, cuando el Gobierno no admita a tr¨¢mite su petici¨®n de asilo. Los socialistas se enfrentan al riesgo de un calvario pol¨ªtico como el de la ley Corcuera. Bastar¨ªa que un juez planteara una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, a instancias del abogado de un solicitante de asilo, para que el Tribunal Constitucional se pronunciara.Para los dirigentes de algunas organizaciones no gubernamentales y expertos en derecho constitucional, si la regulaci¨®n del derecho de asilo aprobada por el Parlamento no prev¨¦ un recurso ante los jueces que deje autom¨¢ticamente en suspenso la orden de, ser expulsado de Espa?a, es dudosa su constitucionalidad. Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, presidente de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha enviado una carta a Gonz¨¢lez en la que le ruega que medie para que ese recurso judicial quede reconocido en el proyecto de ley de reforma del derecho de asilo.

El proyecto ser¨¢ debatido, y sometido a aprobaci¨®n, el pr¨®ximo mi¨¦rcoles en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. La Incertidumbre existente en este momento sobre la redacci¨®n definitiva de la ley se debe a las opiniones contradictorias sobre la constitucionalidad del texto actual, y refleja la firmeza de quienes mantienen tesis antag¨®nicas en el grupo socialista.

Garant¨ªa constitucional

Bandr¨¦s ha transmitido a Gonz¨¢lez el reproche personal y de un importante colectivo de personalidades a lo que consideran el olvido de una garant¨ªa establecida en la Constituci¨®n: "que no se reconozca [en el proyecto de ley] que el solicitante cuya petici¨®n de asilo no se admite a tr¨¢mite por el procedimiento sumario, cuya consecuencia inmediata es su. expulsi¨®n o devoluci¨®n al pa¨ªs de origen, tenga derecho a un recurso que suspenda cautelarmente la decisi¨®n ministerial".Bandr¨¦s indica que podr¨ªa ser la Audiencia Nacional quien resolviera ese tipo de recursos. Jueces para la Democracia, Aminist¨ªa Internacional y la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos se han pronunciado en t¨¦rminos casi id¨¦nticos. La APDHE ha anunciado que solicitar¨¢ al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad si la Ley de Asilo no incorpora la citada tutela judicial.

El representante en Espa?a del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Guilherme Da Cunha, adopta una actitud diplom¨¢tica: "Lo que abunda no da?a. Si hay una protecci¨®n judicial, tanto mejor. Nosotros lo que exigimos es que ante la inadmisi¨®n a tr¨¢mite en primera instancia, el solicitante, de asilo tenga derecho a que se, reeaxamine su solicitud. Y eso est¨¢ reconocido en el proyecto".

Para el delegado de ACNUR, citado profusamente por el Gobierno como aval de su proyecto y criticado por ello por los dirigentes de varias asociaciones humanitarias, la regulaci¨®n del derecho de asilo que propone el PSOE "no es mejor ni peor que la de otros pa¨ªses europeos".

Al igual que este diplom¨¢tico, el ponente socialista en el debate sobre esta ley, Francisco Valls, invoca un matiz que sus contendientes en la pol¨¦mica citan poco: el problema del que se est¨¢ hablando afecta s¨®lo a los extranjeros cuya petici¨®n de asilo se considera infundada.

Frente a esa perspectiva, el representante de IU, Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, apela a la realidad cotidiana: en la mayor¨ªa de las ocasiones, quien informa de si una petici¨®n es manifiestamente infundada es "el polic¨ªa de turno", que juzga por apariencias m¨¢s que por datos.