El Tribunal de Cuentas descubre 1,77 billones "mal contabilizados" en el presupuesto de 1991

Los desajustes contables descubiertos en el presupuesto de 1990 se han agravado un a?o m¨¢s tarde, a juicio del Tribunal de Cuentas. En el informe remitido hace unos d¨ªas al Gobierno para recibir sus alegaciones se piden explicaciones sobre 1,77 billones de pesetas en operaciones "mal contabilizadas, indebidamente periodificadas o sin contabilizar". Este informe dar¨¢ paso a una declaraci¨®n definitiva que se conocer¨¢ a mediados de a?o. La partida m¨¢s abultada es la que engloba anticipos de tesorer¨ªa con destino a las autonom¨ªas por valor de m¨¢s de 200.000 millones de pesetas.

El Tribunal de Cuentas, ¨®rgano fiscalizador de las finanzas p¨²blicas, acaba de remitir al Gobierno un primer informe sobre la ejecuci¨®n de los Presupuestos del Estado de 1991. El Gobierno tiene un plazo de un mes para presentar sus alegaciones, lo que dar¨¢ paso a una declaraci¨®n definitiva que se aprobar¨¢ en el pleno del Tribunal hacia mediados de a?o. La declaraci¨®n definitiva se env¨ªa -posteriormente a las Cortes para que se pronuncien al respecto.En esta primera fase, el Tribunal ha vuelto a encontrar partidas, en su opini¨®n, mal contabilizadas por valor de 1,77 billones de pesetas en 1991. En el informe correspondiente a 1990, el valor de estas operaciones ascendi¨® a 1,36 billones. Fuentes del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se?alan que no se trata de cantidades "ocultadas", sino de "diferencias de criterio" sobre c¨®mo y cu¨¢ndo se contabilizan determinadas partidas.

Es la misma idea, salvo algunas excepciones, que existe en el Tribunal de Cuentas, pero con un matiz importante: si esas cantidades se hubieran reconocido en tiempo y forma, el d¨¦ficit p¨²blico de esos a?os habr¨ªa sido mayor del reconocido por el Gobierno. La divergencia con Econom¨ªa es que el Tribunal quiere unas cuentas p¨²blicas que abarquen "todo el gasto" con un criterio amplio, mientras que el ministerio alega que se sigue al pie de la letra la legislaci¨®n contable y los criterios de la CE.

El hecho de que el volumen de fondos en discusi¨®n haya aumentado de un a?o para otro indicar¨ªa, seg¨²n fuentes del Tribunal, que el Gobierno no ha puesto remedio a algunas de las deficiencias detectadas. La interventora general del Estado, Purificaci¨®n Esteso, explica que est¨¢ a punto de aprobarse un nuevo plan de contabilidad presupuestaria, que entrar¨¢ en vigor en enero de 1995, en el que se tienen en cuenta algunos de esos criterios.

Por ejemplo, los relativos a la forma de contabilizar los intereses de la deuda -cuando se emiten los t¨ªtulos o cuando se pagan los intereses- o las devoluciones de impuestos. Seg¨²n Esteso, ¨¦stos deber¨¢n reconocerse en el momento de devengo a efectos de contabilidad econ¨®mica pero no en la presupuestaria, dos formas distintas de medir el d¨¦ficit.

Voto negativo

Puede ocurrir, por primera vez, que el pleno del Tribunal acabe por no aprobar las cuentas y que ¨¦stas sean devueltas al Gobierno para que se rehagan. La "reincidencia" observada en 1991, es el argumento que un sector del Tribunal de Cuentas ha esgrimido durante la preparaci¨®n del informe de ese a?o para intentar promover un voto negativo. El pleno a celebrar a mediados de a?o adoptar¨¢ una decisi¨®n por mayor¨ªa, con la posibilidad de que existan votos particulares.

La partida m¨¢s importante sobre la que el Tribunal ha pedido justificaci¨®n al Gobierno en relaci¨®n al presupuesto de 1991 engloba varios anticipos de tesorer¨ªa a las comunidades aut¨®nomas, por un montante de 202.768 millones de pesetas. Al menos uno de ellos, se transfiri¨® a las 15 autonom¨ªas de r¨¦gimen com¨²n (todas menos Pa¨ªs Vasco y Navarra) el 10 de diciembre de 1991, por la cantidad de 71.943 millones de pesetas.

En julio de ese a?o el Gobierno acord¨® recortar el gasto en 341.062 millones de pesetas para cumplir el art¨ªculo 10 de la Ley de Presupuestos. ?sta norma imped¨ªa que las obligaciones reconocidas -gasto comprometido- al final del ejercicio superara el presupuesto aprobado por las Cortes, excluidos los cr¨¦ditos extraordinarios y otros. Llegados al mes de diciembre, el dinero para transferir a las comunidades aut¨®nomas su participaci¨®n en los ingresos del Estado hab¨ªa agotado el l¨ªmite impuesto por el Consejo de Ministros. Exist¨ªa, sin embargo, la obligaci¨®n legal de efectuar esta transferencia.

El entonces secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza -en la actualidad director del gabinete de la presidencia del Gobierno- firm¨® en diciembre la concesi¨®n de este anticipo de tesorer¨ªa. Como el l¨ªmite del Consejo de Ministros operaba s¨®lo para 1991, lo que se hizo fue cargar este gasto sobre el ejercicio siguiente (1992). Zabalza no ha contestado las llamadas de este peri¨®dico para contrastar su versi¨®n.

Se habr¨ªa rebasado as¨ª el l¨ªmite legal del art¨ªculo 10 -era un gasto de hecho producido en 1991 que se contabiliz¨® un a?o despu¨¦s-, as¨ª como el recorte del gasto aprobado por el Consejo de Ministros. En Econom¨ªa existe, sin embargo, el criterio de que un anticipo de tesorer¨ªa no es gasto del ejercicio en t¨¦rminos de contabilidad nacional y que, por tanto, no se habr¨ªa rebasado el mencionado art¨ªculo 10. El equipo actual que dirige Pedro Solbes ha tenido que proponer al Gobierno y posteriormente al Parlamento, la aprobaci¨®n de un real decreto ley para poder superar dicho l¨ªmite.

Suspenso al Gobierno

Durante la presentaci¨®n ayer en el Congreso de las cuentas de 1990 por el presidente del Tribunal, Adolfo Carretero, toda la oposici¨®n suspendi¨® al Gobierno, informa Juan G. Ib¨¢?ez. Tanto el Partido Popular como Converg¨¦ncia i Uni¨® e Izquierda Unida coincidieron en que el informe del Tribunal de Cuentas hace merecedor al Gobierno de un veredicto totalmente negativo. El informe se?ala, entre otras cosas, que la Administraci¨®n modific¨® en un 23% los cr¨¦ditos aprobados por el Parlamento, modificaci¨®n que en el 80% de los casos estuvo dirigida a ampliar las cantidades solicitadas.

El informe del Tribunal de Cuentas resalta la "falta de rigor en la elaboraci¨®n de los Presupuestos" por parte del Gobierno, y pide que se contabilice como d¨¦ficit de 1990 2,46 billones de pesetas (1,1 billones reconocidos por el Gobierno y 1,36 billones adicionales contabilizados por el Tribunal).