Econom¨ªa retrasa al a?o 2000 el objetivo de rebajar el d¨¦ficit p¨²blico al 3% del PIB
Reducir el d¨¦ficit del conjunto de las Administraciones P¨²blicas (el Estado, la Seguridad Social, las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos) al 3% del productointerior bruto (PIB) en los pr¨®ximos tres a?os, anunciado hace apenas un mes, se presenta ahora como inalcanzable. Parece serlo tambi¨¦n para el resto de los pa¨ªses pertenecientes a la Uni¨®n Europea,comprometidos en este objetivo tras el acuerdo de Maastricht. De ah¨ª que este criterio de convergencia pueda atrasarse a la frontera del a?o 2000, seg¨²n fuentes oficiales del Ministerio de Econom¨ªa.
En el Gobierno espa?ol existe la creencia, aseguran, de que la UE decidir¨¢ aplazar el pase a la tercera fase de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria a esa fecha.El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, ya manifest¨® d¨ªas atr¨¢s su creencia de que alcanzar el 3% de d¨¦ficit en 1997 -desde el 7,3% de 1993- iba a ser poco menos que imposible. El escenario con que ahora se trabaja en el Gobierno aplaza este objetivo a finales de 1999. Las dificultades que todos los pa¨ªses de la UE han encontrado el pasado a?o para, controlar su desequilibrio presupuestario ha ensanchado el horizonte temporal que se hab¨ªa marcado en un principio.
Con m¨¢s tiempo por delante, el plan que estudia el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda no contempla subidas de impuestos salvo en los especiales, en cumplimiento del calendario de armonizaci¨®n con la UE. La subida de ingresos se conf¨ªa al plan de lucha contra el fraude -que se presentar¨¢ a mediados de a?o y que contempla medidas no s¨®lo en el aspecto fiscal-, sino tambi¨¦n en las prestaciones sociales. Tambi¨¦n se espera que la recuperaci¨®n econ¨®mica se produzca en la segunda mitad de este a?o para recuperar los ingresos.
En el gasto, el criterio es afianzar la pol¨ªtica puesta en marcha en el presupuesto de 1994, aunque se abordar¨¢n algunos aspectos pendientes. En l¨ªneas generales, se apuesta por el mantenimiento de las inversiones y del gasto social, globalmente considerado. Se continuar¨¢ con la pol¨ªtica restrictiva en cuanto al n¨²mero de plazas a ofertar por el empleo p¨²blico, con la idea de s¨®lo cubrir el 50% de las bajas por jubilaci¨®n. Esta medida se considera m¨¢s efectiva que la de cerrar organismos aut¨®nomos, ya que el problema, en este ¨²ltimo caso, es qu¨¦ se hace despu¨¦s con los funcionarios sin plaza.
Las reformas pendientes afectan a un amplio abanico de prestaciones sociales. Por ejemplo, se estudia retrasar la edad de jubilaci¨®n para reducir el gasto en pensiones y adecuarlo a la mayor expectativa de vida en Espa?a. Se estudia tambi¨¦n una reforma de la incapacidad laboral transitoria de los aut¨®nomos, ya que es d¨®nde se han detectado numerosos casos de fraude. Lo mismo ocurre con las pensiones de invalidez. En sanidad, se apuesta por medidas como la ya anunciada de recortar el margen de beneficio de las farmacias.
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