El fiscal contradice al PSOE y ve en el 'caso Atocha' perjuicio del dinero p¨²blico

El principal informe de la Fiscal¨ªa de Madrid sobre el caso Atocha subraya que la Comunidad s¨ª ha sufrido un da?o econ¨®mico por las irregularidades observadas en la adjudicaci¨®n a la empresa Construcciones Atocha de una obra, en contra de lo que han manifestado estos d¨ªas distintos portavoces del Gobierno regional. La fiscal¨ªa exculpa a la Comunidad de haber favorecido a esta constructora, pero imputa delitos de falsedad y estafa a tres personas, dos de ellas funcionarios auton¨®micos. La querella del fiscal -a cuyo texto ha tenido acceso EL PA?S- habla de alteraciones de la verdad, como la emisi¨®n de una certificaci¨®n de 72 millones para la compra de unos materiales inexistentes.

La querella se centra en s¨®lo uno de los 60 casos de supuesta corrupci¨®n denunciados por el Partido Popular hace algo m¨¢s de un a?o ante el fiscal jefe de Madrid. En concreto se refiere a la adjudicaci¨®n en 1988 de la obra de construcci¨®n del laboratorio de sanidad animal de Algete (localidad de 11.000 habitantes). Los querellados son Pedro Ortega Garc¨ªa, responsable de Construcciones Generales de Madrid y su Entorno (UTE Getesa-Copasa); Jos¨¦ Alberto Bello Paz, aparejador de la Consejer¨ªa de Agricultura y Cooperaci¨®n -hoy s¨®lo Cooperaci¨®n-, y el ingeniero de caminos Vicente Mart¨ªnez Castell¨®, entonces jefe de obras.

El texto del fiscal relata que el 29 de diciembre de 1988 la Consejer¨ªa de Agricultura adjudic¨® "directamente" a UTE Getesa-Copasa la ejecuci¨®n de las obras del citado laboratorio. El presupuesto de la obra era de 113 millones, y su plazo de ejecuci¨®n, 10 meses. Un d¨ªa despu¨¦s, el 30 de diciembre de 1988, seg¨²n la querella, se firm¨® el correspondiente contrato entre la consejer¨ªa y UTE Getesa-Copasa. Al fiscal le llama la atenci¨®n que 20 d¨ªas antes, el 10 de diciembre de 1988, el ingeniero director de la obra -Mart¨ªnez Castell¨®- hubiese emitido la primera certificaci¨®n de acopios para ese proyecto por un importe de 72 millones (el 63% del presupuesto total).

El Fiscal explica: "Es sorpredente que habiendo sido dictada una resoluci¨®n de adjudicaci¨®n de las obras el 29 de diciembre de 1988, y firm¨¢ndose el contrato un d¨ªa despu¨¦s, se hayan pedido [ya ese mismo d¨ªa] acopios de materiales por importe de m¨¢s de 72 millones de pesetas. ( ... ) En la certificaci¨®n se falta a la verdad al expresar en ella [unos materiales] que no existen".

La consejer¨ªa, al emitir esa certificaci¨®n, se salt¨® la ley, ya que no "comprob¨® la existencia de los materiales acopiados. No existe ning¨²n documento", a?ade el fiscal, "que acredite la recepci¨®n y examen de los materiales por parte del arquitecto director".

La fiscal¨ªa ha apreciado contradicciones en las declaraciones prestadas por los funcionarlos auton¨®micos encargados de supervisar este trabajo. Mart¨ªnez Castell¨® explic¨® al respecto: "Yo no vi la existencia material de los acopios. Supuse que ¨¦stos exist¨ªan... Creo que la certificaci¨®n fue realizada por Alberto Bello, pues fue ¨¦l quien me la dio a firmar, al margen de que ¨¦l era el arquitecto de grado medio asignado a la obra". "Yo hice la certificaci¨®n y se la present¨¦ a la firma a Vicente Mart¨ªnez", explic¨® por su parte Alberto Bello, el aparejador. "No vi los acopios ni las facturas, ni fui a ning¨²n almac¨¦n a verlos".

Despu¨¦s de todo este l¨ªo, la empresa inicialmente adjudicataria de la obra, UTE Getesa-Copasa, suspendi¨® pagos. Pero ya hab¨ªa recibido los 72 millones de pesetas, y los materiales no exist¨ªan. En vista de ello, la Comunidad cedi¨® esta adjudicaci¨®n a nuevas empresas en meses posteriores y con sucesivos avales. El laboratorio, al final, nunca se lleg¨® a levantar en Algete.

As¨ª pues, la fiscal¨ªa concluye que hay "un desplazamiento patrimonial" que afecta a la Comunidad y a Seguros Albia, con el "consiguiente perjuicio para ambas, al pagar la primera y avalar la segunda unos acopios inexistentes".