Hacienda denunci¨® a Interior en 1991 que la Guardia Civil hac¨ªa adjudicaciones ama?adas,

Los informes del interventor, remitidos a la comisi¨®n del Congreso que investiga la gesti¨®n de Luis Rold¨¢n al frente de la Guardia Civil, junto a miles de documentos, enumeran m¨²ltiples defectos en los contratos de la direcci¨®n general, la mayor¨ªa formales, pero llaman la atenci¨®n sobre una pr¨¢ctica fraudulenta que vicia el procedimiento de adjudicaci¨®n de obras.Tras destacar que "pr¨¢cticamente la totalidad de los expedientes de obras se han adjudicado por el sistema de contrataci¨®n directa", en vez de concurso p¨²blico, "en base a razones de seguridad", el interventor agrega: "Cabe resaltar la extrema preocupaci¨®n que produce el hecho de que a la empresa Diafer se le hayan tramitado y adjudicado durante el presente periodo trimestral [abril a junio de 1991] seis expedientes de obra, en los que si bien se cumple de modo formal la exigencia de concurrencia de ofertas, queda de manilesto que ¨¦sta se elude, ya que en todos los casos los presupuestos u ofertas de la citada empresa se han comparado siempre con los de otros dos empresarios ' siempre los mismos. Las tres empresas que ofertan, la adjudicataria y las rechazadas, radican en el mismo municipio".

Para expertos en contrataci¨®n p¨²blica consultados por EL PA?S, la denuncia es meridianamente clara: la direcci¨®n general de la Guardia Civil utilizaba un sistema fraudulento para adjudicar a dedo las obras, burlando el esp¨ªritu de la ley.

El propio interventor dice en su escrito: "Debe revisarse el sistema, seguido en la pr¨¢ctica, para la selecci¨®n de adjudicatarios. Lo expresado en el informe induce a pensar que se incumple sistem¨¢ticamente el principio de concurrencia de ofertas". Los documentos del interventor eran remitidos a los responsables de Interior, incluido Rold¨¢n, y a la Intervenci¨®n General del Estado, dependiente de Hacienda.Comparecencia de Vera

Un anexo del informe detalla las seis obras adjudicadas a Diafer durante el segundo trimestre de 1991 (dos en la Direcci¨®n General de la Guardia Civil y las dem¨¢s en Valdemoro y Madrid), a las que se a?aden otras dos en el segundo trimestre (la cafeter¨ªa y la reforma de tres pabellones en la direcci¨®n general). "En todos los expedientes anteriormente citados la relaci¨®n de ofertantes es la rnisrna", agrega el interventor, que cita a Amador Hern¨¢ndez Gal¨¢n y Jos¨¦ Mendoza Galindo como titulares de las ofertas perdedoras.

Diafer, propiedad de Antonio Garc¨ªa Fern¨¢ndez, alcalde de Colmenar de Oreja (Madrid) por el Partido Popular, es una de las empresas m¨¢s beneficiadas por las adjudicaciones. S¨®lo la cafeter¨ªa de la direcci¨®n general cost¨® 375 millones de pesetas. Los dem¨¢s contratos con la Guardia Civil suman m¨¢s de 2.000 millones de pesetas.

No se trata, sin embargo, de un caso aislado el mismo informe del interventor enumera tres obras (dos en Sevilla y una en Badajoz) adjudicadas a la empresa Cumaza, en las que los otros dos ofertantes fueron, siempre, Emilio Su¨¢rez Hermida y Huarte S. A. Cumaza, junto a Construcciones Brues, consigui¨® otras dos obras en Barcelona. Los concurrentes tambi¨¦n se repitieron en ambos casos.

Seg¨²n la documentaci¨®n remitida por el Gobierno al Congreso, los contratos de hasta 10 millones de pesetas eran autorizados por Rold¨¢n, por delegaci¨®n del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Los contratos de entre 10 y 2. 000 millones eran autorizados por Vera, aunque por delegaci¨®n, los firmaba Rold¨¢n. Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida, anunci¨® ayer que su grupo pedir¨¢ la comparecencia de Vera ante la comisi¨®n.