Un caso maldito

"La situaci¨®n hab¨ªa llegado al punto de que los guardias civiles que segu¨ªan a los guardias civiles sospechosos eran seguidos, a su vez, por otros guardias civiles. Algunos d¨ªas, esto parec¨ªa una pel¨ªcula de los hermanos Marx. Los supuestos implicados en las redes de narcotr¨¢fico estaban al tanto de las idas y venidas del equipo de investigaci¨®n de la Guardia Civil, y, antes de que salieran de Madrid, los sospechosos ya sab¨ªan que sus investigadores estaban de camin¨®. Mantener las diligencias abiertas en esas condiciones resultaba bastante absurdo", subrayan fuentes de la Audiencia donostiarra.El estrepitoso fracaso de la ambiciosa investigaci¨®n dirigida a dilucidar la implicaci¨®n de funcionarios policiales en las tramas del narcotr¨¢fico suscita hoy en medios judiciales de San Sebasti¨¢n la reivindicaci¨®n de una verdadera Polic¨ªa Judicial. "Esto ha sido como tirar pelotitas de papel a un blindado; no se pueden investigar casos de corrupci¨®n organizada dentro de los cuerpos policiales sin una verdadera. Polic¨ªa Judicial", manifiesta otra fuente de la Audiencia.

El juicio por cohecho celebrado la pasada semana contra el sargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos y el jefe de seguridad de las discotecas Ku, Pedro Luis Migu¨¦liz, es, como se?al¨® la fiscal Isabel Rodr¨ªguez, un resultado min¨²sculo para una investigaci¨®n que, lleg¨® a apuntar a los jefes de la 513? Comandancia de la Guardia Civil (Guip¨²zcoa) y a tener pinchados 70 tel¨¦fonos, entre ellos los de las cabinas de los cuarteles de Pasajes y Hondarribia.

Considerado un caso "maldito", en la medida en que cuestionaba la honorabilidad de "los primeras espadas" en la lucha contra ETA, el informe sobre la implicaci¨®n policial en el narcotr¨¢fico en Guip¨²zoca elaborado por el fiscal jefe Luis Navajas ha sido sometido permanentemente a la sospecha sobre su base.

Una prueba de que no todo el informe era un conjunto de infundios y acusaciones gratuitas vertidas por delincuentes la obtuvieron los investigadores cuando el seguimiento a uno de los sospechosos permiti¨® descubrir las actividades de Andr¨¦s Palomino, el teniente de la Guardia Civil que condujo a la red de Andaluc¨ªa desmantelada en la Operaci¨®n Pit¨®n. El comandante de la Guardia Civil Juan Miguel Casta?eda, promotor de las pesquisas iniciadas hace seis a?os, afirm¨® el pasado mi¨¦rcoles ante el tribunal que el objetivo era coger un alijo y sorprender a los sospechosos con las manos en la masa, porque si no habr¨ªa una filtraci¨®n que arruinar¨ªa las indagaciones.

Casta?eda, el hombre que suministr¨® al fiscal Navajas la relaci¨®n inicial de 31 sospechosos, 13 de ellos guardias civiles, dijo ante el tribunal que una filtraci¨®n permiti¨® a uno de los responsables de la trama, el ex jugador de la Real Sociedad Jos¨¦ Antonio Santamar¨ªa, asesinado por ETA en enero de 1993, conocer la existencia de un infiltrado en su red. Unos d¨ªas antes de su muerte, Santamar¨ªa, que nunca admiti¨® otro contrabando que el de tabaco, transmiti¨® al juez su disposici¨®n a colaborar con la investigaci¨®n.

La filtraci¨®n a la prensa de parte del contenido de ese informe, despu¨¦s de haber permanecido paralizado dos a?os por el entonces fiscal general del Estado, Javier Moscoso, arruin¨® una investigaci¨®n en fase incipiente y puso bajo sospecha p¨²blica a jefes y oficiales de la 513? Comandancia que, posteriormente, ni siquiera han sido citados a declarar. Algunos de ellos, como el coronel Enrique Rodr¨ªguez Galindo, jefe de la Comandancia, fueron expresamente exculpados, en un informe posterior hecho por la Unidad de Servicios Especiales del instituto armado.

La teor¨ªa del compl¨® contra la Guardia Civil, y especialmente contra el hombre clave en la lucha antiterrorista, el coronel Rodr¨ªguez Galindo, cobr¨® cuerpo dentro del instituto armado e hizo m¨¢s estrecho el margen de maniobra del equipo investigador que Leopoldo Torres, sucesor de Moscoso en la Fiscal¨ªa General, puso, finalmente, a disposici¨®n de Navajas.

Durante la vista por cohecho, tras lamentar que "el banquillo se nos ha quedado peque?o y poco lucido", la fiscal se?al¨® que la fiscal¨ªa de Guip¨²zcoa "no tiene nada contra la Guardia Civil ni contra el coronel Galindo".

El otro testigo de cargo en el juicio, el sargento Antonio Cruz, que se infiltr¨® en la red por indicaci¨®n del comandante Casta?eda, ha relatado haber sufrido "un verdadero calvario" por parte de algunos compa?eros: fue acusado de haber participado en el secuestro de Urtizberea, un vecino de Hondarribia, de ser narcotraficante y de pertenecer al sindicato clandestino del cuerpo.

En el caso de los juzgados la semana pasada por haber tratado de comprar la complicidad del guardia civil que se infiltr¨® en la red, el tr¨¢fico de drogas no ha sido acreditado en absoluto.

A las sospechas exteriorizadas por el comandante Casta?eda -"los sobornos eran demasiado elevados para ser tabaco"- y por la fiscal, se opuso el testimonio del topo Cruz, que se ratific¨® en su impresi¨®n de que ese grupo, supuestamente liderado por el asesinado Santamar¨ªa, operaba s¨®lo con tabaco.