Deprisa, deprisa

LA RAPIDEZ con la que el Gobierno y el partido socialista han reaccionado en los casos de Rold¨¢n y Rubio se ha revelado insuficiente para desactivar la demanda social y pol¨ªtica que les empuja a ir m¨¢s deprisa todav¨ªa. No pod¨ªa ser de otro modo. Ha sido tan grande el retraso con el que han tomado conciencia del estado de corrupci¨®n imperante que su celo actual, por fulgurante que sea, est¨¢ pol¨ªticamente impedido. Los socialistas no pueden evitar que otros les lleven la delantera en una batalla pol¨ªtica en la que est¨¢n en clara desventaja estrat¨¦gica por culpa propia.Los ¨²ltimos episodios relativos a la comisi¨®n sobre el caso Rold¨¢n ilustran bien esta situaci¨®n. El Gobierno se ha negado a enviar a dicha comisi¨®n las declaraciones de renta y patrimonio del antiguo director de la Guardia Civil, alegando que no puede hacerlo de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, que s¨®lo autoriza la entrega de esa documentaci¨®n a los jueces en caso de delito. Esta actitud puede ser discutible, pero tiene un s¨®lido fundamento legal. S¨®lo podr¨ªa interpretarse como un boicoteo a los trabajos de la comisi¨®n que el Gobierno se hubiera abstenido de proponer alternativas legales a lo que, a su entender, constituir¨ªa una ilegalidad. Dichas alternativas existen.

Por un lado, el Gobierno ha ordenado a la Agencia Tributaria que remita dicha documentaci¨®n fiscal al juzgado que tramita las querellas por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos contra Rold¨¢n; por otro, ha puesto en marcha una reforma de la Ley General Tributaria que permita expl¨ªcitamente el acceso de las comisiones de investigaci¨®n parlamentarias a los datos de car¨¢cter fiscal de las personas investigadas. Es lo que deber¨ªan haber exigido al Gobierno sus cr¨ªticos en lugar de incitarle a vulnerar la ley con la insostenible argumentaci¨®n de que ese proceder est¨¢ justificado si es en defensa de los intereses p¨²blicos.

Salta a la vista que los casos de Rold¨¢n y Rubio han obligado al Gobierno y al partido socialista a dar un giro copemicano en sus tradicionales puntos de vista sobre la forma de tratar el fen¨®meno de la corrupci¨®n pol¨ªtica. Tanto en lo que se refiere al papel que le toca desempe?ar al poder judicial como al que corresponde al Parlamento mediante el intrumento de las comisiones de investigaci¨®n. El funcionamiento sin cortapisas de la comisi¨®n Rold¨¢n ha servido para revelar las carencias de este tipo de comisiones y la necesidad de otorgarles solvencia si se quiere que sean eficaces. Y no podr¨¢n serlo si carecen de capacidad legal suficiente y de medios razonables para actuar en cualquier direcci¨®n en que exista materia de investigaci¨®n. La experiencia acumulada en estos tiempos parece aconsejar que dichas comisiones act¨²en en su ¨¢mbito en t¨¦rminos parecidos, aunque no exactamente iguales, a como lo hace la justicia en el suyo: sesiones p¨²blicas como las del juicio oral, capacidad investigadora proporcional a la tarea encomendada y respeto de las garant¨ªas y de los derechos constitucionales que amparan a toda persona sometida a investigaci¨®n.

Se ha visto tambi¨¦n ahora que la tan tra¨ªda y llevada lentitud judicial en los casos de corrupci¨®n no se produce si los poderes p¨²blicos se avienen a colaborar con la justicia como es su deber. Lo demuestran los casos de Rold¨¢n y Rubio. Y tambi¨¦n, en sentido contrario, el caso Filesa. Tambi¨¦n ha saltado por los aires la falacia propalada en estos a?os de que la investigaci¨®n parlamentaria de la corrupci¨®n no puede ser simult¨¢nea a la judicial: los casos de Rold¨¢n y Rubio son una demostraci¨®n palmaria de que ambas pueden coexistir sin interferencias y que la parlamentaria puede servir eficazmente a la justicia. ?Qui¨¦n podr¨ªa augurar hace s¨®lo algunos meses que una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n, la del caso Rold¨¢n, aportar¨ªa de inmediato a los jueces los datos presuntamente delictivos llegados a su conocimiento, y que otra, la anunciada sobre Rubio, se constituir¨ªa sin que fuera ¨®bice para ello la correlativa actuaci¨®n judicial? Normas de actuaci¨®n tan elementales han sido obstinadamente bloqueadas por los socialistas en los ¨²ltimos a?os. Que finalmente las acepten s¨®lo redunda en beneficio del sistema democr¨¢tico.