Corruptores

SE CUENTAN con los dedos de la mano los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica sobre los que ha tenido ocasi¨®n de pronunciarse el Tribunal Supremo, pero los va habiendo. Ello tiene su importancia. Significa, de un lado, que la investigaci¨®n judicial no ha quedado aparcada en ninguna v¨ªa muerta, y, de otro, que el m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional en materia penal -la Sala Segunda del Supremo- ha podido hacer su contribuci¨®n espec¨ªfica a la lucha contra esta lacra de la vida p¨²blica espa?ola: fijar las pautas jurisprudenciales en la interpretaci¨®n de los delitos de corrupci¨®n.Ahora, el Supremo acaba de pronunciarse sobre el caso Calvi¨¤ y no hace mucho lo hizo sobre el de la construcci¨®n de Burgos. Los dos son casos eminentemente representativos de lo que se entiende por corrupci¨®n pol¨ªtica en su sentido m¨¢s estricto: atentar contra el recto y normal funcionamiento de la Administraci¨®n p¨²blica con el prop¨®sito de desviarla de su obligaci¨®n de servir con objetividad a los intereses generales en favor de otros particulares. En el caso Calvi¨¤, tres destacados militantes del Partido Popular (PP) intentaron comprar a un concejal socialista del Ayuntamiento de Calvi¨¤ (Mallorca) para que se pasase al grupo municipal de ese partido y le ayudase a imponer un alcalde popular, m¨¢s propicio a la realizaci¨®n de determinadas operaciones urban¨ªsticas. En el de la construcci¨®n de Burgos se trataba de toda una corporaci¨®n municipal (la de Burgos durante los a?os en que fue alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, elegido como independiente en las listas del PP) poniendo los intereses urban¨ªsticos de la ciudad al servicio de los particulares de un constructor.

En ambos casos el Supremo ha confirmado las penas impuestas por el tribunal inferior (en el caso Calvi¨¤, cuatro meses de arresto mayor y una multa de 100 millones de pesetas a cada uno de los implicados). Pero lo m¨¢s importante es la jurisprudencia sentada respecto de delitos tan caracter¨ªsticos de la corrupci¨®n pol¨ªtica como el cohecho y la prevaricaci¨®n. En este tipo de delitos siempre se ha hecho m¨¢s hincapi¨¦ en la conducta de los funcionarios o cargos p¨²blicos -los corruptos- que en la de los particulares que les inducen a actuar a favor de sus intereses -los corruptores-. Y es l¨®gico que sea as¨ª. El reproche penal siempre debe ser m¨¢s duro con quien ejerce funciones p¨²blicas y representa el inter¨¦s general. Pero no hasta el punto de dejar pr¨¢cticamente impune o sin la correspondiente sanci¨®n la conducta de quien condiciona o pervierte la decisi¨®n administrativa. La jurisprudencia del Supremo busca precisamente un mayor equilibrio en la respuesta penal a estos dos aspectos inseparables de la corrupci¨®n.

A partir de la sentencia sobre el caso Calvi¨¤, el delito de cohecho tendr¨¢ igual castigo -salvo la inhabilitaci¨®n-, sea su autor funcionario o simple particular. Del mismo modo que, a partir de la sentencia sobre el caso de la construcci¨®n de Burgos, no s¨®lo podr¨¢n ser condenados por prevaricaci¨®n los funcionarios o cargos p¨²blicos que dicten resoluciones injustas, sino los particulares que inducen a que se adopten, presionando o prometiendo algo a cambio.

Ampliar el concepto de esta clase de delitos es la forma que tienen los tribunales de hacer frente a la corrupci¨®n. La tipificaci¨®n legislativa de estas conductas delictivas es mejorable, y, de hecho, algunas reformas penales de los ¨²ltimos a?os han aportado mejoras. Pero mientras tanto, y a la espera de que el nuevo C¨®digo Penal tipifique todas las variantes posibles de la corrupci¨®n, bien est¨¢ que la justicia, en su quehacer ordinario, haga lo que est¨¦ a su alcance para acabar con la impunidad legal de todo ese mundo, oscuro de intereses que se mueve en los aleda?os de los centros de poder pol¨ªtico y administrativo que deciden sobre obras y Contratas p¨²blicas.