Espa?a prepara una ley para restringir el asilo y adaptarse a la Uni¨®n Europea

Espa?a ser¨¢ un pa¨ªs menos amigable para los solicitantes de asilo. En cuesti¨®n de 18 meses, el Gobierno pretende reemplazar la ley de asilo actual por una m¨¢s r¨ªgida que se adapte a las nuevas normas migratorias acordadas en Bruselas. En un documento al que ha tenido acceso EL PA?S, el Gobierno desgrana c¨®mo las autoridades y las leyes espa?olas aplicar¨¢n el Pacto Europeo de Migraci¨®n y Asilo, que desde esta primavera es la hoja de ruta de Bruselas para imponer cierto orden migratorio.

Los principales cambios que tendr¨¢ que implementar Espa?a se concentran en el asilo, que a¨²n se rige por una ley de 2009, que ni obedece a las directivas europeas, ni tiene ¡ª15 a?os despu¨¦s¡ª un reglamento que defina la letra peque?a de c¨®mo debe aplicarse. Tras muchas reclamaciones de Bruselas, el Gobierno se ve ahora forzado a redactar una nueva norma para gestionar el asilo acorde al pacto europeo. El objetivo a grandes rasgos es evitar el fraude en un sistema que recibe m¨¢s de 150.000 peticiones al a?o, acelerar la resoluci¨®n de los expedientes e intentar expulsar lo m¨¢ximo posible. El plan se desarrolla en paralelo a la aplicaci¨®n del nuevo reglamento de extranjer¨ªa, que ha flexibilizado los requisitos para que los inmigrantes regularicen su situaci¨®n en Espa?a por otras v¨ªas, mientras que desincentiva que acudan al asilo como la puerta trasera para hacerlo.

Est¨¢ por ver, sin embargo, c¨®mo la teor¨ªa de los despachos de Bruselas se aplica a la singular realidad del asilo en Espa?a, donde casi el 80% de los solicitantes de protecci¨®n internacional no vienen en patera, como en Italia y Grecia, sino en avi¨®n desde Latinoam¨¦rica.

Uno de los objetivos del pacto europeo es unificar y concentrar en la frontera los procedimientos que se aplican a los extranjeros que entran irregularmente. La idea es identificar los perfiles de los que llegan y cribar en el menor tiempo posible qui¨¦n puede tener derecho a quedarse en la UE como refugiado y qui¨¦n deber¨¢ volver. Para lograrlo, la nueva ley marcar¨¢ que los expedientes que se abren en la frontera se resuelvan en un m¨¢ximo de 12 semanas ¡ªseis meses para los formalizados dentro del territorio¡ª, incluyendo los posibles recursos que interpongan los interesados y que tambi¨¦n se acortar¨¢n por ley. Es un plazo expr¨¦s si se compara con los hasta dos a?os que hoy se demoran las autoridades en resolver las solicitudes.

Para devolver al mayor n¨²mero de solicitantes sin derecho al asilo, el Ministerio del Interior estudiar¨¢ sus peticiones al mismo tiempo en el que trabajar¨¢ en su retorno. Esta era una exigencia del pacto y, aunque ya lo aplican otros pa¨ªses, en Espa?a implicar¨¢ un cambio legislativo para incluir un procedimiento de retorno espec¨ªfico para los solicitantes rechazados. ¡°Vamos a ver esto c¨®mo se concreta¡±, advierte Mauricio Valiente, director general de CEAR, ¡°pero tiene toda la pinta de estar pensado para deshacerse lo m¨¢s r¨¢pido posible de las personas rechazadas en el procedimiento de asilo¡±, sostiene.

En el documento se insiste en que debe trabajarse en alternativas a la detenci¨®n de los extranjeros y, aunque no concreta esas alternativas, s¨ª contempla ampliar los perfiles de solicitantes que pueden estar privados de libertad. Por lo que se desprende del texto, se reducir¨ªa a los casos en los que se quiera garantizar su traslado a otros Estados miembros, en el marco de ese reparto solidario que se pretende implementar.

Y como ya ocurri¨® en 2020, la ¨²ltima vez que el Ministerio del Interior trabajaba en el cambio de la ley de asilo, vuelve a ganar protagonismo el concepto de pa¨ªs seguro. El documento no detalla c¨®mo se fortalecer¨¢ ese concepto, pero conforme a c¨®mo ha ido evolucionando el asilo en la UE, puede implicar que los solicitantes de determinado pa¨ªs que Espa?a considere seguro (como en un momento dado podr¨ªa ser Marruecos o Colombia) vean sus solicitudes autom¨¢ticamente descartadas, sin un estudio individualizado. ¡°El riesgo es una instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica en funci¨®n de las relaciones que pueda tener el Gobierno espa?ol con otros pa¨ªses¡±, lamenta Valiente.

El plan de implementaci¨®n es un reconocimiento por parte de las autoridades espa?olas de que tendr¨¢n que legislar para cambiar el sistema. Es una declaraci¨®n de intenciones, pero habr¨¢ batalla para ponerlo sobre el papel. La nueva ley de asilo, y otras que tendr¨¢n que modificarse (incluida la ley de extranjer¨ªa) deber¨¢n pasar el tortuoso tr¨¢mite parlamentario en un Congreso donde los consensos migratorios brillan por su ausencia. La aplicaci¨®n del pacto migratorio requerir¨¢ por fuerza, seg¨²n este documento, m¨¢s personal en Polic¨ªa Nacional y la Oficina de Asilo, m¨¢s int¨¦rpretes, m¨¢s formaci¨®n y m¨¢s financiaci¨®n (a¨²n por determinar).

El Ministerio del Interior, que ha liderado la redacci¨®n del documento, defiende que el plan espa?ol ¡°no retrocede ni en garant¨ªas jur¨ªdicas, ni en derechos¡± y que ¡°no incrementa la privaci¨®n de libertad, ni los centros dedicados a ello¡±. Pero el plan preocupa a las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados y que acusan al Gobierno de no haberles permitido contribuir en su elaboraci¨®n, pese a haberse comprometido a ello. La falta de participaci¨®n de las organizaciones ha alimentado la incertidumbre sobre la aplicaci¨®n del plan. Natalia Slepoy y Alberto Cerezo, del equipo del ¨¢rea de incidencia pol¨ªtica de la Red Acoge, consideran que el texto confirma sus temores de que el futuro del asilo en Espa?a, como ya lo viene siendo en Europa, ser¨¢ m¨¢s restrictivo. Slepoy lamenta que en las 42 p¨¢ginas del plan ¡°el enfoque de derechos no aparece por ninguna parte¡± y alerta de c¨®mo las nuevas normas ¡°disuadir¨¢n a futuros solicitantes de asilo¡±.