12.000 millones no han eliminado en ocho a?os ni la mitad de las chabolas de la capital

La experiencia puesta en marcha en 1986 con el Consorcio para el Realojamiento ?le la Poblaci¨®n Marginada para eliminar de Madrid los barrios de chabolas est¨¢ fracasando. Los aciertos se han empa?ado por la tardanzacon que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han aportado viviendas para alojar a las 2.673 familias censadas ese a?o en favelas. Durante 1993 facilitaron 16 pisos. No s¨®lo no se han entregado casas para esos chabolistas -s¨®lo 1.000 viven en pisos en altura-, sino que han aparecido al menos otras 600 entonces no censadas. Las administraciones se han gastado en estos ocho a?os unos 12.000 millones de pesetas, pero no han erradicado esta "lacra tercermundista", como se la califica oficialmente.

El nuevo gerente de este Consorcio de Realojamiento, Julio Fern¨¢ndez Mato, nombrado hace un a?o con el objetivo de reducir los gastos y la plantilla sobredimensionada de este organismo, entiende que el consorcio ha sido "un instrumento eficaz" para controlar el problema, aunque es muy cr¨ªtico con las dos administraciones que le propusieron para el cargo, "por sus incumplimientos". Los responsables del Ayuntamiento y la de Comunidad concluyeron, hace un a?o, que el consorcio se hab¨ªa convertido en un aparato burocr¨¢tico que costaba mucho dinero. La plantilla se redujo de 113 a 69 personas y ese paso cost¨® 45 millones en indemnizaciones y provoc¨®, pese al acuerdo del comit¨¦ de empresa, conflictos judiciales. ?stos, adem¨¢s, siguen sin resolverse porque algunos trabajadores han tenido ¨¦xito con sus recursos.Demasiada plantilla

El nuevo gerente del Consorcio para el Realojamiento de la Poblaci¨®n Marginada, Julio Fern¨¢ndez Mato, asegura que, pese al recorte de plantilla y de presupuesto, se contin¨²a prestando los mismos servicios que en el pasado al haber implicado en varios proyectos a otras administraciones. La responsabilidad sobre la educaci¨®n de adultos se ha trasladado a otras instancias. Fern¨¢ndez Mato calcula el ahorro anual en 142 millones de pesetas. Los salarios de los trabajadores se congelaron y el del gerente se rebaj¨®.

El gran fracaso del consorcio, y por tanto del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, es su principal fin: el realojamiento. En 1986 se censaron 2.673 familias en chabolas y se se?al¨® que en el plazo de dos a?os (1988-1989) deber¨ªan estar todas realojadas. Era un tratamiento de choque que se lig¨® a las 40.000 viviendas que al final s¨ª se construyeron -con la aportaci¨®n del Estado- en el plan de barrios en remodelaci¨®n para vecinos de distritos de la periferia que habitaban en infraviviendas.Del censo original de chabolistas se ha dispersado por bloques de pisos de la ciudad a 1.000 familias. Son las que est¨¢n en condiciones ¨®ptimas y no producen pr¨¢cticamente ning¨²n tipo de conflicto. Hay otras 650 realojadas en lo que se conoce como asentamientos provisionales, campamentos de sanquis [prefabricados] que se alquilan a 2.500 pesetas el mes, y en viviendas de tipolog¨ªa especial, simulacros de casas adosadas que pueden costar hasta 20.000 pesetas mensuales. Estas construcciones les suponen a las administraciones un gasto medio de cinco millones de pesetas por unidad.

En estos momentos quedan 1.100 chabolistas en sus favelas. A ¨¦stas se les han incorporado otras 600 no censadas con fen¨®menos tan peculiares como los poblados de Pe?agrande (200 familias magreb¨ªes concentradas) o Pitis (100 portuguesas).

Si el consorcio no existiese, el censo actual, sin embargo, se habr¨ªa multiplicado -seg¨²n c¨¢lculos del propio consorcio- hasta 4.827 familias, porque no se habr¨ªa controlado el crecimiento vegetativo, ni los cambios de n¨²cleos chabolistas, y no se habr¨ªan derribado las casetas ilegales.

Las administraciones, de cualquier manera, no han cumplido su compromiso. El Instituto de la Vivienda de Madrid (de la Comunidad) aport¨® el a?o pasado seis pisos al consorcio, y la Empresa Municipal de la Vivienda (del Ayuntamiento), diez. Tampoco se han hecho m¨¢s casetas adosadas, y las obras previstas para La Celsa -el poblado m¨¢s conflictivo- se paralizaron en noviembre de 1992.

"?Por qu¨¦ no se han entregado las viviendas al ritmo deseable?", se pregunta el gerente del Consorcio. "Hubo un punto de inflexi¨®n cuando los vecinos de Villaverde, encabezados por Nicanor Brice?o, paralizaron en septiembre de 1991 las obras en Los Molinos para los chabolistas de Los Focos y Altamira", se contesta Fern¨¢ndez Mato.

El gerente no se enga?a: "El resto son retrasos de las administraciones, que s¨®lo han impulsado los realojamientos cuando les afectaba para sus proyectos urban¨ªsticos, carreteras, pol¨ªgonos o hipermercados".

El consorcio, en teor¨ªa, no regala viviendas. Las alquila. La gesti¨®n del cobro de esos arrendamientos no es buena. El porcentaje de devoluciones fue del 52% durante 1993. Deber¨ªan recaudarse al a?o 91 millones de pesetas y se pierden 39. En los ¨²ltimos 12 meses ese porcentaje de impagados se ha reducido al 35% y se acerca al de las casas sociales del Ivima o de la EMV (25%).