El costoso proceso de separaci¨®n

SANTIAGO CARCAR El futuro del proyecto IGS-PSV pasa por su desmantelamiento. La cooperativa m¨¢s grande la historia, que lleg¨® a tener 20.000 socios (los cooperativistas vivos en estos momentos son unos 15.000), acabar¨¢ troceada en 70 peque?as unidades si se cumplen los planes de sus actuales gestores.

Por el momento, no se ha concretado ninguna separaci¨®n de promociones. Los jueces encargados de las suspensiones de pagos de IGS (la gestora de PSV) y de la propia cooperativa PSV estudian en estos momentos los 10 primeros proyectos de escisi¨®n. Corresponden a las promociones del sector 3 de Getafe, Alcobendas, Navalcarnero, Orcasitas, Getafe-El Casar, Aranjuez y Torrej¨®n en Madrid; Fonti?as (Galicia) y Tamarguillo y Santiponce (Sevilla).

En total, los cooperativistas afectados por el proceso en marcha son unos 1.200. Pero de los estudios y proyectos hay que pasar a las excavadoras, los alba?iles y los andamios. "Si todo va bien" ha asegurado el actual responsable de IGS, Valeriano G¨®mez a EL PA?S, "las obras pueden empezar en septiembre u octubre". S¨®lo as¨ª, previo desmembramiento, con el riesgo controlado, los bancos conceder¨¢n los cr¨¦ditos hipotecarios necesarios para poner ladrillos. Pero trocear el ingente invento nacido en 1988, en el que se cobijaban empresas deficitarias como Unial o Libertur y hasta un conato de banco sindical, como fue IGS de Mercado Hipotecario, no es tarea f¨¢cil.

Mucho menos si se tiene en cuenta que tanto la cooperativa PSV como su gestora IGS dependen, en el d¨ªa a d¨ªa, de las decisiones que adopten los interventores judiciales que supervisan el pulso administrativo del proyecto desde diciembre de 1993, cuando ambas sociedades suspendieron pagos.

Casi un banco

IGS-PSV, en la que los cooperativistas han depositado 45.000 millones de pesetas, contin¨²a en la cuerda floja. En diciembre, cr¨¦ditos del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) por importe de 9.200 millones consiguieron evitar la quiebra definitiva de IGS-PSV. Con ese dinero, respaldado por el patrimonio del sindicato UGT, se tap¨® el agujero de IGS de Mercado Hipotecario, la sociedad en la que depositaban sus ahorros los cooperativistas y que, ante las carencias de financiaci¨®n, hab¨ªa servido de soporte para el conjunto del proyecto. En marzo, llegaron los avales del Gobierno, m¨¢s de 8.000 millones de pesetas que deben ser utilizados para apuntalar las compras que conviertan a cada peque?a promoci¨®n en un proyecto real: con suelo, licencia y proyecto.

Con cr¨¦ditos y avales, la clara intenci¨®n de desmantelar y los interventores judiciales de acuerdo en facilitar las escisiones, todo parec¨ªa encarrilado. Pero quedaban por solucionar las querellas presentadas por cooperativistas de toda Espa?a contra los gestores de IGS y PSV y contra el sindicato UGT.

Y todo se ha complicado. Se reclaman da?os y perjuicios; se reclama el dinero aportado al proyecto; hay abogados que recomiendan a los cooperativistas aceptar incrementos en los precios y otros que aconsejan lo contrario. Es una ceremonia confusa que ha llevado de nuevo el temor a los gestores de IGS-PSV. Temen que el juez Miguel Moreiras adopte decisiones dr¨¢sticas sobre los bienes de IGS y de PSV; temen que los cooperativistas rechacen las soluciones esbozadas... Temen el derrumbe.

La 'derrama'

Una cifra es clave: las 700.000 pesetas de esfuerzo adicional (derrama) que se solicitan a cada uno de los 15.000 socios que quedan en PSV. Si los cooperativistas se negaran a pagar esa cantidad adicional, el proceso de suspensi¨®n de pagos y escisi¨®n-segregaci¨®n de PSV en 70 peque?as cooperativas no se podr¨ªa llevar a cabo. Y los bancos no pondr¨ªan ni una sola peseta en el proyecto. As¨ª est¨¢n las cosas.

?Por qu¨¦ son tan importantes las 700.000 pesetas por cabeza o, lo que es lo mismo, los 9.500 millones que supone la derrama global? Seg¨²n los responsables de IGS, porque s¨®lo as¨ª ser¨¢ posible traspasar desde IGS-PSV a cada peque?a cooperativa independiente los activos necesarios para construir (terrenos, licencias, proyectos) y, al mismo tiempo, atender a los acreedores de la suspensi¨®n de pagos tanto de la gestora como de la cooperativa PSV. En el caso de qu¨¦ IGS-PSV no obtenga los 9.500 millones, los interventores judiciales se ver¨ªan obligados a retener los activos para hacer frente a los acreedores del proyecto. Y entre los acreedores no s¨®lo hay cooperativistas.