La falsa quiebra de la Seguridad Social

En un ejercicio que parece inducir m¨¢s a la confusi¨®n que al debate, en los ¨²ltimos meses, desde distintos sectores se est¨¢n exponiendo m¨²ltiples opiniones que afectan al sistema espa?ol de Seguridad Social, mezclando temas de financiaci¨®n, prestaciones y competitividad de la econom¨ªa. Algunas de las opiniones, sin el menor atisbo de seriedad y rigor, aseguran una presunta quiebra del sistema, afirmaci¨®n, que de ser cierta, justificar¨ªa la toma de medidas dr¨¢sticas, modificando sustancialmente su actual estructura de gasto y financianci¨®n.Para tomar una decisi¨®n, nada mejor que intentar conocer la situaci¨®n a trav¨¦s de las cifras, cuesti¨®n para la cual es necesario previamente definir lo que se entiende por Seguridad Social y el distinto car¨¢cter de sus prestaciones.

La legislaci¨®n vigente muestra un modelo de protecci¨®n social mixto, mezcla de prestaciones contributivas y universales. De acuerdo a la misma, las primeras se deber¨ªan asociar al pago de la correspondiente cuota (contingencias comunes y accidentes de trabajo, desempleo, formaci¨®n profesional, etc¨¦tera), mientras, las universales, aquellas que recibe cualquier ciudadano por el hecho de ser espa?ol, se financiar¨ªan a trav¨¦s del sistema impositivo.

As¨ª, la situaci¨®n de la Seguridad Social en su apartado contributivo vendr¨ªa dada por unos ingresos, resultado de la recaudaci¨®n obtenida en concepto de contingencias generales y accidentes de trabajo (6,909 billones de pesetas), y unos gastos definidos por el pago de las pensiones contributivas y las incapacidades laborales (6,421 billones de pesetas).

De acuerdo a este supuesto y siguiendo las cifras de los PGE el segmento contributivo de la Seguridad Social ofrecer¨ªa en 1994 un excedente de 488.000 millones de pesetas, conseguido incluso despu¨¦s de incluir dentro de las pensiones contributivas el total de los complementos a m¨ªnimos asignados a todos los reg¨ªmenes (550 miles de millones de pesetas) asumiendo como gasto el total del coste de administraci¨®n (142 miles de millones de pesetas).

Dentro del modelo utilizado, el resultado del segmento de prestaciones universalizadas (asistencia sanitaria, pensiones asistenciales, prestaciones familiares y servicios sociales) viene dado por la cuant¨ªa de las aportaciones del Estado. A la lista de la no existencia de ingresos propios en este apartado, algunos de manera interesada, podr¨ªan decir que la situaci¨®n es deficitaria, sin embargo, cabr¨ªa preguntar a estos sectores si consideran que existe d¨¦ficit en los cap¨ªtulos de defensa o los desarrollados en infraestructuras por el Ministerio de Obras P¨²blicas que tampoco' mantienen ingresos propios.

Ser¨ªa m¨¢s acertado pensar que dentro del actual d¨¦ficit del conjunto de las cuentas p¨²blicas, cada ep¨ªgrafe debe asumir su parte al¨ªcuota, pasando la soluci¨®n del mismo por el an¨¢lisis detallado, no s¨®lo de los gastos, sino tambi¨¦n de los ingresos (casi cuatro puntos del PIB por debajo de la media comunitaria). Aunque en este tema es curioso que las opiniones m¨¢s encarnizadamente agoreras de la quiebra del sistema son las planteadas por los m¨¢s duros ap¨®stoles de la desfiscalizaci¨®n, especialmente de las rentas de capital.

A pesar de lo esgrimido por aquellos que parecen tener mucho inter¨¦s en deshacer el sistema p¨²blico de prestaciones, especialmente el cap¨ªtulo de pensiones, las cifras muestran que el segmento contributivo de la Seguridad Social no est¨¢ en quiebra. En cuanto a las universales, dependiendo del nivel de prestaci¨®n elegido, se deber¨¢ realizar una determinada asignaci¨®n presupuestaria, a la que se deducir¨¢ la inyecci¨®n de casi medio bill¨®n de pesetas recibida, actualmente, del segmento contributivo.

Esta afirmaci¨®n no significa que el sistema no tenga problemas a los que probablemente se incorporen otros en un futuro pr¨®ximo. Sin embargo, al no partir de una situaci¨®n de quiebra inicial del sistema si se puede concluir que el grado y urgencia en la toma de decisiones de las mismas debe ser totalmente distinto.

Las futuras necesidades de financiaci¨®n vendr¨¢n dadas por m¨²ltiples variables. As¨ª, dentro de las prestaciones contributivas no ser¨¢n ajenas el aumento de la poblaci¨®n pasiva, el incremento de la esperanza de vida ni la actual tasa de sustituci¨®n de cuant¨ªas de las pensiones. Como tampoco lo ser¨¢ la necesidad de aumentar la baja tasa de ocupaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola, la desequilibrada aportaci¨®n de los trabajadores aut¨®nomos, el menor n¨²mero de trabajadores empleados en el sector agrario, o, las profundas modificaciones que afectan a la estabilidad del empleo.

Se deber¨¢ decidir tambi¨¦n cu¨¢l es el nivel de asistencia sanitaria, prestaciones familiares y servicios sociales, de igual modo que no se deber¨¢ olvidar el necesario esfuerzo a realizar para reducir el nivel de fraude fiscal existente en Espa?a, uno de los m¨¢s elevados de la Uni¨®n Europea.

Ning¨²n tema debe ser tratado de manera fr¨ªvola, pero en este caso, debido precisamente al c¨²mulo de variables que se mueven, hay que ser especialmente cuidadoso. En unos momentos como los actuales en los que el concepto de competitividad absorbe de manera hegem¨®nica tanto el lenguaje como la toma de decisiones, conviene recordar que a la misma se llega por distintas v¨ªas y, sobre todo, que a pesar de su importancia, no se puede maximizar a cualquier precio, olvidando objetivos como la solidaridad y la cohesi¨®n social.

Los empresarios recuerdan constantemente la necesidad de reducir la cuota del empleador para obtener mejoras en la competitividad, argumentando un supuesto peso desmesurado de la misma respecto a la existente en el resto de los pa¨ªses comunitarlos. El espacio disponible es excesivamente reducido para tratar temas de esta importancia, pero, convienen recordar dos conceptos en este apartado. Uno que los costes laborales son al suma de la cuota del empleador y el salario en n¨®mina, por lo que cabe la posibilidad de que, en el hipot¨¦tico caso de existir un mayor porcentaje en una de las partes, la situaci¨®n ,m¨¢s que se compense por la dimensi¨®n de la otra. El segundo, no existe ning¨²n tipo de garant¨ªa de traslaci¨®n a menores precios' de ahorro en cuotas sociales, mientras est¨¢n aseguradas las tensiones inflacionistas provocadas por los beneficios.

Las modificaciones en las cotizaciones sociales tienen m¨²ltiples repercusiones que afectan, no s¨®lo a la financiaci¨®n futura de las prestaciones contributivas, sino tambi¨¦n al funcionamiento del sistema productivo (utilizaci¨®n del trabajo y capital) y a la distribuci¨®n de la renta entre los factores de producci¨®n (trabajo y excedente empresarial). Las medidas a tomar que afecten la financiaci¨®n de la protecci¨®n social deben contemplar este conjunto de variables, de otra manera puede que se produzcan perjuicios irreparables para la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. Baste como ejemplo mencionar, la p¨¦rdida de renta disponible para los asalariados en general y, especialmente, para los colectivos con menor renta que implicar¨ªa la sustituci¨®n de cotizaciones por impuestos indirectos.

Desde una perspectiva social, la existencia de prestaciones y servicios p¨²blicos que eleven el nivel de vida de los ciudadanos es uno de los principales logros del Estado de bienestar y, por tanto, su defensa se convierte en asunto fundamental de cualquier organizaci¨®n que pretenda llamarse progresiva o izquierdistas, t¨¦rmino que algunos utilizan de manera peyorativa y que, sin embargo, a nosotros nos honra.

Desde estos criterios, y siendo conscientes de la necesidad de prevenir y solucionar los problemas que puedan ir apareciendo, la defensa de un sistema de prestaciones contributivas de reparto supone la mejor opci¨®n para garantizar un nivel de prestaciones digno y sostenible en el tiempo en un marco de solidaridad personal e intergeneracional. A esta situaci¨®n, se debe a?adir el objetivo de conseguir un nivel de prestaciones universales cada vez m¨¢s cercano a la media comunitaria.

Por ¨²ltimo, sin olvidar las opciones individuales que cada persona desee y pueda pagar, los fondos de pensiones colectivos, fruto de la negociaci¨®n colectiva complementar¨ªan el grado de protecci¨®n en pensiones.

Cualquier debate que se presente tiene que tener en cuenta todas las variables mencionadas, no debi¨¦ndose plantear desde presupuestos falsos o utilizando planteamientos parciales o coyunturales. De otra manera, tras una supuesta defensa de los intereses de los ciudadanos, puede encubrirse tan s¨®lo el deseo de acabar con un modelo de financiaci¨®n colectivo y p¨²blico para pasar a otro individual y privado, en el que los mayores beneficios no sean otros, sino las instituciones financieras y entidades aseguradoras (gesti¨®n de siete billones anuales acumulables en el tiempo).