La justicia del cad¨ª

Las familias y las poblaciones m¨¢s golpeadas por el narcotr¨¢fico han recibido con. decepci¨®n y c¨®lera la sentencia sobre el caso N¨¦cora dictada por la Audiencia Nacional. Los registros emocionales de ese rechazo son comprensibles: el tr¨¢gico recuerdo de los hijos y de los amigos muertos por una sobredosis alimenta los vindicativos deseos de un castigo severo y ejemplar para los comerciantes enriquecidos con el dolor ajeno. Resulta m¨¢s dif¨ªcil comprender, en cambio, que esas pascalianas razones del coraz¨®n no hayan sido analizadas con serenidad por quienes tienen el deber de mediar entre los movimientos espont¨¢neos de la opini¨®n p¨²blica y los principios constitucionales sobre los que descansa el ordenamiento legal de una democracia. Porque si las absoluciones o las benevolentes condenas de la sentencia han podido causar alarma social, muchas cr¨ªticas -dejando fuera las protestas dictadas por los sentimientos- suscitan alarma jur¨ªdico-constitucional.En las veinticuatro horas siguientes al veredicto, las tertulias de las radios y las columnas de la prensa fueron utilizadas por pol¨ªticos y periodistas como tribunal metajur¨ªdico para descalificar el fallo, lanzar graves acusaciones contra los magistrados y exigir del Supremo las penas m¨¢ximas. Como ha se?alado Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, estos vehementes savonarolas, que despacharon en pocas horas una sentencia de 529 folios basada sobre una voluminosa instrucci¨®n sumarial y un juicio oral de ocho meses, han mostrado un raro dominio del m¨¦todo de lectura r¨¢pida; sucede, sin embargo, que estos acelerados censores tambi¨¦n han exhibido un somero conocimiento de los hechos del caso N¨¦cora y una aparatosa ignorancia de la normativa penal y procesal vigente.

La pulsi¨®n vengativa de los sentimientos recibe, as¨ª, el refuerzo oportunista de la demagogia. De llevar hasta el final esas acaloradas conclusiones, el juez constitucional deber¨ªa ser sustituido por el juez de la horca; y el monopolio leg¨ªtimo de la violencia del Estado, por la ley de Lynch de la sociedad civil. Max Weber analiz¨® las diferencias existentes entre la moderna justicia racional, basada sobre nociones legales y procedimientos rigurosos, y la antigua justicia del cad¨ª, gu¨ªada por tradiciones sagradas y pronunciamientos ¨¦ticos. Se dir¨ªa que algunas cr¨ªticas a la sentencia del caso N¨¦cora proponen el regreso a ese viejo sistema que dirim¨ªa los conflictos y resolv¨ªa los casos de acuerdo con criterios de equidad jur¨ªdicamente informales e irracionales: un proceso -recuerda Max Weber- en el que los querellantes no recurr¨ªan a la argumentaci¨®n sino al patetismo, las l¨¢grimas y los insultos. En su charla televisiva de la pasada semana, el presidente del Gobierno pareci¨® tambi¨¦n sentir cierta a?oranza de esa justicia del cad¨ª incompatible con la independencia de los tribunales y las garant¨ªas procesales. Durante los pasados a?os, los dirigentes socialistas se han cansado de invocar la presunci¨®n de inocencia para contrarrestar los llamados juicios paralelos de la prensa contra militantes o cargos p¨²blicos - Guerra, Rold¨¢n, Rubio o los responsables del caso Filesa- denunciados por corrupci¨®n. Pero ese principio constitucional, empleado a veces de manera abusiva por los medios oficiales para amparar a los corruptos m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito procesal, es orillado ahora por el Gobierno para criticar mejor, no ya una investigaci¨®n period¨ªstica, sino una resoluci¨®n judicial. Es cierto que las organizaciones mafiosas del narcotr¨¢fico se enriquecen gracias a la muerte, mientras que los pol¨ªticos corruptos acumulan su patrimonio s¨®lo mediante el fraude; como garant¨ªa procesal, sin embargo, la presunci¨®n de inocencia es independiente de los contenidos delictivos. Es propio de un Estado de derecho que la fiscal¨ªa recurra una sentencia ante el Supremo; pero es caracter¨ªstico de la justicia del cad¨ª, en cambio, que los gobernantes presionen a los tribunales mediante la demag¨®gica agitaci¨®n de las pasiones populares.