Retrato en negro
EL RETRATO que la comisi¨®n Rubio ha dibujado del ex gobernador del Banco de Espa?a no puede ser m¨¢s negro: participaci¨®n encubierta en operaciones especulativas, utilizaci¨®n de su cargo en beneficio propio y de sus parientes y amigos, incumplimiento de sus obligaciones fiscales, haber mentido recurrentemente al Parlamento... El dictamen final, que ma?ana ser¨¢ debatido en el Pleno del Congreso, ha sido un¨¢nime en este aspecto.Las divergencias, como era previsible, se han manifestado a la hora de determinar las responsabilidades pol¨ªticas de terceras personas. La l¨ªnea divisoria que separa a las diversas fuerzas pol¨ªticas en el escenario nacional se ha trasladado -al igual que ha ocurrido en la que investiga el caso Rold¨¢n al seno de la comisi¨®n. La mayor¨ªa (PSOE y CiU) mantiene que las responsabilidades pol¨ªticas no van ' m¨¢s all¨¢ del nivel del propio ex gobernador. El Partido Popular e Izquierda Unida se han quedado en minor¨ªa en su intento de proyectar esas responsabilidades hacia quienes nombraron y mantuvieron en el cargo a Mariano Rubio.
La discusi¨®n principal ha girado en torno a Carlos Solchaga, ministro de Hacienda cuando sucedieron los hechos. El argumento de la mayor¨ªa de la comisi¨®n es que la decisi¨®n de no destituir a Mariano Rubio en 1992, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el caso, estuvo justificada: porque faltaba DOCO tiempo Dar¨¢ que finalizara su mandato y porque, a la vista de la informaci¨®n de que se dispon¨ªa en ese momento, resultaba imprudente un cese que hubiera afectado negativamente a la imagen del Banco de Espa?a.
Este argumento puede ser aceptable s¨®lo a condici¨®n de a?adir que los hechos posteriores han demostrado que el descr¨¦dito producido por mantenerle en el cargo ha resultado mucho mayor. As¨ª debi¨® de entenderlo el propio ex ministro al presentar su dimisi¨®n como portavoz y diputado socialista, asumiendo as¨ª las responsabilidades pol¨ªticas del asunto. Atribuir a Solchaga responsabilidades por el nombramiento ser¨ªa algo forzado: nada en la biograflia y trayectoria de Mariano Rubio como funcionario -fue nombrado subgobernador por un Gobierno de la UCD- induc¨ªa a desconfiar de su honestidad.
Pero existe una obvia responsabilidad objetiva en el - mantenimiento de Rubio como gobernador. No porque Solchaga conociera sus negocios y manejos, sino porque pudo haberlos conocido, investigando con diligencia, como se comprometi¨® a hacer cuando aparecieron los indicios. Y esa investigaci¨®n, o no se hizo, en cuyo cas¨® la responsabilidad pol¨ªtica ser¨ªa indiscutible; o se hizo mal, pues en caso contrario se habr¨ªan detectado los hechos que hoy se conocen. Luego existe una responsabilidad pol¨ªtica que la comisi¨®n deb¨ªa haber constatado. Y si de ello no se extraen consecuencias es precisamente porque Solchaga se adelant¨® a asumir esa responsabilidad de la ¨²nica manera que cabe hacerlo: dimitiendo de sus cargos. Pero eso es distinto de afirmar, como hace la comisi¨®n, que se abstiene de atribuir responsabilidades al ex ministro de Econom¨ªa y Hacienda porque su dimisi¨®n lo hace innecesario.
La comisi¨®n establece otro hecho que refuerza todav¨ªa m¨¢s la pertinencia de exigir responsabilidades pol¨ªticas: que las conductas privadas de Rubio no pueden separarse de su condici¨®n de gobernador. Esto no s¨®lo destruye su coartada de que pudo ser un mal ciudadano pero fue un fiel funcionario, sino tambi¨¦n la pretensi¨®n de esquivar la responsabilidad in vigilando de quienes lo mantuvieron en el cargo con el argumento de. que sus supuestos actos il¨ªcitos fueron independientes de dicho cargo p¨²blico.
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