La Direcci¨®n General de Patrimonio plantea la suspensi¨®n de pagos y la liquidaci¨®n de Intelhorce
La Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado anunci¨® ayer que la ¨²nica salida viable para General Textil, antigua Intelorce, es la presentaci¨®n de un expediente de suspensi¨®n de pagos -que incluir¨¢ la extinci¨®n de los 732 puestos de trabajo- y la posterior liquidaci¨®n de la empresa, que mantiene una deuda aproximada con sus acreedores en torno a los 14.000 millones de pesetas. Partidos y sindicatos ya han advertido que iniciar¨¢n una campa?a de movilizaciones en defensa de una factor¨ªa que consideran viable y exigen el cumplimiento del plan de viabilidad.
Con esta decisi¨®n, la empresa p¨²blica Improasa, que volvi¨® a hacerse cargo de la factor¨ªa en abril de 1992 pone fin a varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la factor¨ªa, aunque era temida desde que el pasado 29 de junio el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Sobes, asegurara en el Congreso de los Diputados que Intelhorce era "inviable con la actual plantilla". Los tres principales partidos pol¨ªticos -PSOE, PP e IU- y los dos sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT-acordaron d¨ªas m¨¢s tarde de aquella intervenci¨®n constituir una plataforma de apoyo a la empresa y exigir el cumplimiento del plan de viabilidad firmado en abril de 1992, cuya vigencia te¨®rica expira en diciembre de 1995. En ¨¦l se contempla la inversi¨®n de 1.200 millones de pesetas en maquinaria -hasta el momento no se ha invertido ni una sola peseta- y el compromiso de que no se producir¨ªa ninguna p¨¦rdida de empleo hasta diciembre de 1995.Esta delegaci¨®n mantuvo ayer, durante su reuni¨®n con Antonio Blanco Magad¨¢n y otros responsables de Patrimonio, la viabilidad de la empresa ampar¨¢ndose en datos como el aumento de la facturaci¨®n de un 49,6% experimentado en los primeros cuatro meses del a?o, la reducci¨®n del cash-flow de 4.000 a 900 millones de pesetas en un solo ejercicio y el mantenimiento de un "aceptable" volumen de pedidos en un momento de auge del sector textil. Partidos y sindicatos ofrecieron adem¨¢s la posibilidad de sanear la empresa mediante la recalificaci¨®n de 300.000 metros cuadrados de los 500.000 que son ahora propiedad de la empresa e intentar despu¨¦s la venta a alg¨²n grupo privado. El comit¨¦ de empresa ha convocado una asamblea para ma?ana en la que se acordar¨¢ un calendario de movilizaciones. La firma del plan de viabilidad ya supuso la extinci¨®n de 750 contratos de trabajadores que se acogieron a bajas incentivadas financiadas por la Junta de Andaluc¨ªa. Partidos y sindicatos vuelven a reclamar ahora la mediaci¨®n de la administraci¨®n auton¨®mica para impedir el cierre definitivo de una de las empresas emblem¨¢ticas del debilitado tejido industrial malague?o, sometida en los ¨²ltimos a?os a una turbulenta historia. Sobre Intelhorce pesa adem¨¢s una sanci¨®n del Tribunal Superior de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo que le obliga a devolver al Estado 4.200 millones de pesetas que la empresa recibi¨® para ampliaci¨®n de capital cuando fue vendida en 1989 a Benorbe y Benservice.
La gesti¨®n de Giovanni Orefici entre 1989 y 1993, tras un extra?o proceso de privatizaci¨®n en el que saneamiento de Intelhorce lleg¨® a situar su capital social en 26.000 millones de pesetas, es en, buena parte responsable de la actual situaci¨®n de la factor¨ªa, seg¨²n reconoce Patrimonio, que rescat¨® la tutela de la factor¨ªa en abril de 1992. El pasado 5 de julio, tras conocer los resultados de una auditor¨ªa interna, este organismo present¨® una denuncia judicial contra Benorbe y Benservice acus¨¢ndolas de estafa, alzamiento de bienes, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y delitos que atentan contra la seguridad en el trabajo.
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