El buque insignia se hunde

A la tercera basta. Despu¨¦s de desembolsar m¨¢s de 52.000 millones de pesetas en 14 a?os, el Gobierno no est¨¢ dispuesto a que las cifras sigan engordando, ni tampoco arriesgarse a un nuevo proceso de privatizacion de la factor¨ªa de General Textil Espa?a (antes Intelhorce) tras el fracaso de los dos intentos anteriores. La presentaci¨®n del expediente de suspensi¨®n de pagos el viernes puede suponer el primer paso en la muerte definitiva de una empresa -la intenci¨®n de Patrimonio es liquidar la sociedad- cuyos trabajadores han vivido estos a?os amenazados por una constante incertidumbre. La previsible muerte de Intelhorce marca tambi¨¦n el fin de un modelo, el desarrollismo, en el que Intelhorce abander¨® la esperanza de consolidar un sector industrial que equilibrara una econom¨ªa monodependiente de un sector tan inestable como el tur¨ªstico.Desde su fundaci¨®n en 1957 como empresa p¨²blica con vocaci¨®n de impulsar la industria textil en Andaluc¨ªa, Intelhorce se fue convirtiendo poco a poco en un buque insignia para el desarrollo de M¨¢laga. Posiblemente no haya otra empresa cuya crisis pueda ser tan sentida por la poblaci¨®n, de ah¨ª que se empiece a hablar de una nueva Santana. Pero la historia de Intelhorce es tambi¨¦n una muerte anunciada, al menos desde que el Estado asumiera por segunda vez su titularidad en 1992.

La aventura nunca fue f¨¢cil. Ante las continuas p¨¦rdidas econ¨®micas, en 1972 el Instituto Nacional de Industria, presidido por Claudio Boada, vendi¨® la factor¨ªa al grupo catal¨¢n Castell. Pero la gesti¨®n privada del Grupo Castell, en el que recal¨® Boada tras dejar el INI, result¨® un fracaso y en 1980 se volvi¨® a nacionalizar, integr¨¢ndose en el grupo de Patrimonio del Estado. Hasta 1989, este organismo gast¨® en la factor¨ªa 38.353 millones de pesetas que no sirvieron para frenar la carrera de p¨¦rdidas, que en esa d¨¦cada sumaron 17.584 millones, seg¨²n datos del Ministerio de Econom¨ªa. Intelhorce, que en su origen lleg¨® a tener una plantilla en torno a los 3.000 trabajadores, ya hab¨ªa perdido para entonces casi la mitad.La desgracia hizo entonces que la historia de Intelhorce entrara en oscuros cap¨ªtulos de culebr¨®n, muchos de los cuales siguen sin ser resueltos. Tras una costosa operaci¨®n de saneamiento, General Textil Espa?a pas¨® a manos de las sociedades Benorbe y Berservice, propiedad del empresario italiano Giovanni Orefici, a quien se entregaron adem¨¢s 5.869 millones de pesetas para ampliar un capital social, que lleg¨® a alcanzar los 26.000 millones de pesetas. Las razones de por qu¨¦ fue Orefici el comprador elegido nunca se han explicado suficientemente. Los sindicatos consiguieron demostrar la falsedad de una de las razones, la presunta vinculaci¨®n de Orefici con el grupo Benetton, del que tan s¨®lo era concesionario de algunas tiendas, y a¨²n no se explican hoy por qu¨¦ se vendi¨® una sociedad de 21.500 millones de capital social a otra con s¨®lo 10 millones.

Por las operaciones que se realizaron en aquel proceso de privatizaci¨®n, el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha ratificado recientemente una sentencia que obliga a Intelhorce a devolver al Estado 4.200 millones de pesetas de ayudas que vulneraron la legislaci¨®n comunitaria. Esta obligaci¨®n constituye ahora uno de los argumentos de Patrimonio para sostener la inviabilidad de la empresa.

Orefic¨ª se descolg¨® con una petici¨®n de 9.000 millones de pesetas para garantizar el futuro de la compa?¨ªa. Esta es la versi¨®n del ministerio sobre la gesti¨®n de Orefici: "Se centr¨® en un constante desv¨ªo de los fondos sociales para atenciones particulares y para cubrir los cuantiosos quebrantos del resto de sociedades de su propiedad". La factor¨ªa lleg¨® a paralizarse por falta de suministros y una auditor¨ªa de Deloitte and Touch, adem¨¢s de p¨¦rdidas de 3.461 millones en un solo ejercicio, el de 1990, lleg¨® a detectar ciertas anomal¨ªas como impago a Hacienda y Seguridad Social, desv¨ªo de fondos y sobrevaloraci¨®n de existencias. Orefici tampoco atendi¨® el primer plazo de pago de la venta, 700 millones de pesetas, que debi¨® pagar en julio de 1991.

CC 00 e Izquierda Unida llegaron a presentar una denuncia por siete presuntos delitos distintos que la Fiscal¨ªa General del Estado orden¨® archivar de inmediato. Tres a?os m¨¢s tarde, en julio pasado, tras conocer nuevas auditor¨ªas, fue la propia Direcci¨®n General del Patrimonio la que denunci¨® judicialmente a Orefici por presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental, contra la libertad y seguridad en el trabajo y contra la hacienda p¨²blica.