La red Ibercoop no anotaba en su contabilidad las ayudas oficiales

VIENE DE LA P?GINA 1La ocultaci¨®n contable por las empresas de la red Ibercoop de esas subvenciones oficiales no presupone directamente un fraude fiscal. Es factible, en cualquier caso, que las empresas no registrasen en sus contabilidades estas ayudas y s¨ª las declarasen posteriormente en sus documentos para el Ministerio de Hacienda. Ni el informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de la Comunidad de Madrid en 1991, ni las denuncias del PP, ni ning¨²n juez u organismo p¨²blico han entrado todav¨ªa a investigar las responsabilidades que pudieran acarrear estas anomal¨ªas.

El Partido Popular abri¨® ayer, por otra parte, otro camino de la investigaci¨®n del caso Ibercoop. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, y la diputada de ese partido Carmen T . Ivarez Arenas aseguraron haber comprobado "indicios racionales de prevaricaci¨®n en la actuaci¨®n del director regional de Empleo".

El delito de prevaricaci¨®n se relaciona con cinco subvenciones en total de 14 millones concedidas por Navarro a otras tantas empresas de la red Ibercoop en 1991 sin cumplir todos los requisitos de la normativa entonces vigente. El PP indica que en estos supuestos no se puede argumentar fraude en la utilizaci¨®n de subvenciones, como admite el propio Navarro, sino directamente en la concesi¨®n firmada por el director de emple¨®. "Navarro no puede alegar desconocimiento porque la propia orden exige la solicitud de esa documentaci¨®n a las empresas subvencionadas y no debieron ser admitidas siquiera a estudio", coment¨® ?lvarez Arenas.

Los incumplimientos se refieren a dos art¨ªculos de la orden de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa del 7 de marzo de 1991 que regulaba esas subvenciones y que limitaba las posibles empresas beneficiarias seg¨²n sus recursos propios: deb¨ªan ser inferiores a 200 millones de pesetas (sumando capital y reservas). Tambi¨¦n se prohib¨ªa que estuviesen participadas en m¨¢s de un 25% por otras empresas con recursos propios superiores a esa cantidad.

Seg¨²n el PP, estas exigencias no se cumplieron en cinco casos porque Hades 87 -una de las empresas madre de la trama- ten¨ªa inscrito un capital social de 227 millones. Adem¨¢s, Hades 87 estaba presente tambi¨¦n mayoritariamente en las otras firmas subvencionadas: Hades Inform¨¢tica (98%), Centro Odontol¨®gico (94%), Laboratorio M¨®vil de Calibraci¨®n (51%) y Compa?¨ªa Internacional Dental (99%).

La direcci¨®n de Empleo, de cualquier forma, aprueba sus subvenciones tras el estudio favorable o desfavorable de una comisi¨®n de trabajo en la que participan, adem¨¢s de otros funcionarios, los sindicatos y la patronal de los empresarios.

Juan Navarro entiende que el PP hace uso y abuso de datos del registro de esas empresas que no son del a?o en discusi¨®n (1991) y que est¨¢n equivocados. Navarro aport¨® un informe interno de su departamento ante el que Hades 87 tan s¨®lo demuestra un capital social de 15 millones.

Curiosamente, la normativa citada cambi¨® en 1992 y se modific¨® el art¨ªculo que. limitaba la participaci¨®n posible de otras empresas con capital superior a 200 millones: del 25% pas¨® al 33%. En 1993 la orden volvi¨® a ser alterada para regresar al cupo anterior del 25%.

El PP entiende estos hechos de gravedad suficiente para que sean abordados por la comisi¨®n de investigaci¨®n que hoy se constituir¨¢ en la Asamblea. En caso contrario, este partido. los remitir¨¢ a la fiscal¨ªa y emprender¨¢ las acciones jur¨ªdicas que considere pertinentes.