Moreiras 'congela' el embargo a PSV y UGT

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, anunci¨® ayer que est¨¢ dispuesto a dejar en suspenso durante un mes el embargo de 65.000 millones de pesetas decretado contra los ex directivos de la cooperativa IPSV y de los que ser¨ªa responsable civil subsidiario UGT. Esta decisi¨®n fue divulgada por el magistrado tras la visita que recibi¨® del coordinador de los servicios jur¨ªdicos de PSV, Jes¨²s S¨¢nchez Lamb¨¢s, y estar¨ªa condicionada a la renuncia a las acciones civiles de 8.000 cooperativistas por las cantidades que entregaron a IGS-PSV. El juez lament¨® las informaciones que le acusan de haber paralizado o impedido la construcci¨®n de las viviendas y dijo que su decisi¨®n pretend¨ªa provocar el efecto contrario.S¨¢nchez Lamb¨¢s le expuso que del total de 8.800 afectados, un. grupo de 4.000 cooperativistas han mantenido intensas negociaciones que concluyeron en un compromiso por el que el Gobierno aportar¨¢ 26.000 millones de pesetas, en tres partidas de 10.000, 7.500 y 8.500 millones de pesetas para la construcci¨®n, de las viviendas prometidas por la cooperativa vinculada al sindicato UGT

El compromiso tiene como contrapartida la renuncia de ese grupo de cooperativistas a las acciones civiles contra PSV, por lo que si en los pr¨®ximos d¨ªas se incorpora a los autos del juzgado la renuncia de estos cooperativistas, la fianza de los responsables civiles se reducir¨ªa en la misma proporci¨®n, seg¨²n indic¨® Moreiras.

Los 65.000 millones de pesetas de la fianza fijada por el juez Miguel Moreiras respond¨ªan a unos perjuicios calculados en 49.000 millones de pesetas, incrementados por exigencia Iegal en un tercio de dicha cantidad. Al reducirse a aproximadamente un 11% el n¨²mero de damnificados, la fianza de la que en ¨²ltimo t¨¦rmino responder¨ªan los cuatro ex dirigentes inculpados, (Carlos Sotos, Paulino Barrab¨¦s, Ferm¨ªn Bret¨®n y Francisco Hern¨¢ndez), IGS y el sindicato UGT se reducir¨ªa a unos 7.000 millones de pesetas.

El coordinador de los servicios jur¨ªdicos de PSV se excus¨® ante el magistrado por no haber puesto este hecho antes en su conocimiento y le pidi¨® un mes de plazo para presentarle la renuncia a las acciones civiles de otros 4.000 afectados, ya que este segundo grupo las firmar¨ªa ante la seguridad de que el Gobierno aportar¨¢ los medios para proceder a la construcci¨®n. Posteriormente, S¨¢nchez Lamb¨¢s precis¨® que las 4.000 firmas se entregar¨¢n hoy mismo ante el juez de Delitos Monetarios.

Moreiras respondi¨® a Lamb¨¢s que la fianza por responsabilidad civil es una exigencia del proceso penal, pero que dejar¨¢ en suspenso por un mes el auto en el que exig¨ªa los 65.000 millones de pesetas, para dar tiempo a que este segundo grupo renuncie a reclamar a PSV, y posteriormente decidir¨ªa la reducci¨®n de la fianza. Seg¨²n inform¨® S¨¢nchez Lamb¨¢s, quedar¨ªan a¨²n otros 800 perjudicados que no renunciar¨ªan a ejercitar sus derechos, por haberse dado de baja en la cooperativa o por otros motivos.

Efecto contrario

El juez Miguel Moreiras dijo que de llevarse a efecto estas previsiones, "el auto que para algunos iba contra la construcci¨®n de viviendas habr¨¢ resultado, felizmente, que ha producido el efecto contrario". Moreiras se quej¨® de que se haya dicho que su decisi¨®n impide la construcci¨®n de las viviendas "despu¨¦s de que han pasado seis a?os y medio y no se han construido por falta de dinero".

Para el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, el caso PSV "se ha desenfocado" ya que se ha dado un excesivo protagonismo a los jueces en detrimento de las partes personadas. El auto fijando la fianza de 65.000 millones de pesetas, dado a conocer p¨²blicamente el pasado lunes, lo acord¨® porque as¨ª lo solicitaron los querellantes en el pasado mes de enero, pero no lo hab¨ªa podido hacer con anterioridad porque no hab¨ªa suficientes datos en el sumario abierto en aquella fecha.