Un test pide a funcionarios navarros datos de sus inclinaciones sexuales
El consejero de Salud del Gobierno foral explica que trataba de "detectar trastornos de personalidad"
Un grupo de 365 profesores en pr¨¢cticas de centros educativos del Gobierno de Navarra tuvieron que responder en un test cuestiones sobre sus inclinaciones sexuales, sus creencias religiosas y su estado de salud. Todos los grupos pol¨ªticos del Parlamento navarro han protestado. El responsable del asunto, Calixto Ayesa, consejero de Salud, argumenta que con el test se trataba de "percibir posibles trastornos de personalidad previos a la incorporaci¨®n del empleado a su lugar de trabajo".
El test era parte de las pruebas fijadas en la convocatoria para la provisi¨®n de plazas. Entre el total de las 566 cuestiones contenidas en el mismo, los docentes aspirantes a funcionarios fijos encontraron algunas como las siguientes: "Voy a la iglesia casi todas las semanas", "Creo que hay un Dios", "Me siento atra¨ªdo por las personas de mi propio sexo", "Hay algo irregular en mis ¨®rganos sexuales", "Me gustar¨ªa no ser t¨ªmido", "Nunca he tenido defecaciones negras, de color de alquitr¨¢n"...El cuestionario, conocido por las siglas MMPI, fue preparado en la Universidad de Minnesota en 1943. Se renov¨® en 1970 y un a?o despu¨¦s se tradujo al castellano y comenz¨® a utilizarse en Espa?a, fundamentalmente para detectar posibles enfermedades mentales.
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Calixto Ayesa, justifica su uso en las pruebas a que fueron sometidos los docentes indicando que se trataba, precisamente, de percibir posibles trastornos de personalidad previos a la incorporaci¨®n del empleado a su lugar de trabajo: "El objetivo no es valorar las capacidades del candidato para realizar las funciones asignadas a su puesto de trabajo, sino detectar si padece alguna enfermedad mental que impida o limite gravemente la realizaci¨®n de las funciones para las que ingresa en la Administraci¨®n".
Ayesa reconoce que algunas de las preguntas han podido quedar desfasadas, pero defiende la validez del test: "La versi¨®n actual del cuestionario se elabor¨® en 1975, y presenta algunas deficiencias culturales por el paso del tiempo. Puede sorprender a los no iniciados en algunas de sus preguntas, sobre todo si desconocen el objetivo de las mismas, pero se trata de una herramienta t¨¦cnica, y profesional validada cient¨ªficamente y de utilizaci¨®n universal en la actualidad".
Quienes se sometieron al cuestionario no opinan lo mismo. La comisi¨®n de Personal del departamento de Educaci¨®n del Gobierno navarro ha enviado un escrito al director general de Educaci¨®n en el que solicitan que el test "no sea de obligada cumplimentaci¨®n por considerar que contiene preguntas que presuntamente vulneran los derechos contenidos en el art¨ªculo 16.2 de la Constituci¨®n".
Los representantes laborales del personal docente del Gobierno de Navarra afirman que "aunque los psic¨®logos crean que es v¨¢lido y sostengan que el cuestionario est¨¢ reconocido internacionalmente, lo cierto es que se trata de un formulario claramente preconstitucional, tal y como testifican datos legales del cuestionario como su fecha del copyrigth, la de actualizaci¨®n y la de inscripci¨®n en el Dep¨®sito Legal".
Un cierto "repel¨²s"
El responsable del departamento de Salud alega que no se vulneran principios constitucionales porque la confidencialidad de los datos est¨¢ garantizada. "El resultado de la evaluaci¨®n", aclara Ayesa, "se refleja en un informe que indica ¨²nicamente si el candidato es apto o no ampara el ejercicio del puesto. Esta es la ¨²nica informaci¨®n que transmite el servicio de Psicosociolog¨ªa del Instituto Navarro de Salud Laboral que es el encargado de tabular las pruebas".La utilizaci¨®n del pol¨¦mico test tampoco ha gustado a los grupos parlamentarios incluido el del Gobierno, Uni¨®n del Pueblo Navarro, que preside Juan Cruz Alli. El portavoz del Gobierno afirma que sinti¨® "repel¨²s" cuando conoci¨® el contenido del cuestionario. Izquierda Unida, que ya ha planteado iniciativas tendentes a conseguir la retirada del test, est¨¢ dispuesta a, acudir a los tribunales si el consejero de salud no se da por aludido.
Su portavoz, F¨¦lix Taberna, considera que Calixto Ayesa "disfruta defendiendo y practicando las posiciones m¨¢s carcas, que como actitud personal son intachables, aunque no compartidas, pero que en el ejercicio de sus funciones como consejero de Salud suponen un grave riesgo de recorte de derechos b¨¢sicos para sus administrados: ahora es el test, antes fue su negativa a aplicar la legislaci¨®n sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo, despu¨¦s fue su campa?a contra el sida, etc¨¦tera
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