Un juez investiga anomal¨ªas en la adjudicaci¨®n por Caja Espa?a de MSP, la mayor minera privada

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Le¨®n, Ireneo Garc¨ªa Brugos, ha abierto, a petici¨®n del fiscal, diligencias penales por falsedad en documentos oficiales y mercantiles en la adjudicaci¨®n de Caja Espa?a al industrial leon¨¦s Victorino Alonso de la mayor empresa minera privada del pa¨ªs, Minero Sider¨²rgica de Ponferrada (MSP). El consejo de la entidad otorg¨® el paquete mayoritario de acciones de MSP a Victorino Alonso en la sesi¨®n del d¨ªa 28 de septiembre con una simple explicaci¨®n verbal del director general de la caja, Antonio Huertes.

Los miembros del Consejo de Administraci¨®n de Caja Espa?a, mayor acreedor y accionista de MSP, no tuvieron ning¨²n documento encima de la mesa para formar un criterio. Tampoco los pidieron, seg¨²n declar¨® Huertes en el juzgado, asistido por el letrado Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun. El d¨ªa anterior, las auditoras Arthur Andersen y McKinsey hab¨ªan recibido el encargo de la direcci¨®n de la caja de analizar las dos ofertas, pero con instrucciones precisas de evitar un informe en profundidad de riesgos y de las garant¨ªas.A las contradicciones en las declaraciones judiciales del presidente de la caja y el director general de la entidad financiera en cuanto a la manera en que se presentaron las ofertas (el primero dice que en plica cerrada para su apertura por parte de los ¨®rganos de gobierno, mientras que el segundo dice en sobres abiertos, extremo este ¨²ltimo en el que coinciden los propios solicitantes) se suma que en aquellas fechas -en el mes de septiembre-, Victorino Alonso estaba declarado como insolvente en varios juzgados de Leon. Este punto "jam¨¢s se estudi¨®", asegur¨® el presidente de Caja Espa?a a EL PA?S, "por carecer de importancia". En la primera semana de octubre pasado, Alonso s¨®lo ten¨ªa en propiedad una moto, y en su supuesto domicilio de Madrid, el conserje, Alfredo Fern¨¢ndez, aseguraba desconocerle.

De la nada

En 1986, Victorino Alonso viv¨ªa de un sueldo. Desde entonces hasta hoy, con la compra de dos tercios de MSP, el 28 de septiembre, este empresario de 42 a?os se ha hecho con m¨¢s de un tercio del cupo de carb¨®n nacional (3,5 millones de toneladas). Los cupos para suministro de carb¨®n nacional los otorga la Direcci¨®n General de Minas, del Ministerio de Industria, bajo una serie de requisitos, al ser un sector intervenido por el Estado con un suplemento de precio en el mineral del 30% (subvenci¨®n).Industria, tras adquirir Victorino ?lonso dos tercios de MSP, mostr¨® cierto malestar, basado, seg¨²n fuentes del ministerio, en la conformaci¨®n de un monopolio en manos de un industrial acusado de fraude. Entre las el¨¦ctricas se respiraba el mismo ambiente. Uni¨®n Fenosa se ha querellado contra Alonso por un presunto fraude en la calidad del carb¨®n suministrado a la central t¨¦rmica de La Robla, de la citada el¨¦ctrica.

El ejecutivo m¨¢s cercano a Alonso y su hombre de confianza es Juan Francisco Mart¨ªn, quien fue durante 13 a?os subdirector general de Minas del Ministerio de Industria y es ahora director general de MSP.

El juez Garc¨ªa Brugos comenz¨® la investigaci¨®n sobre Victorino Alonso en 1988, tras un accidente minero, con dos muertos, en Antracitas de Busdongo, una mina a cargo de este empresario. Las familias de los trabajadores muertos no pudieron cobrar los m¨¢s de 20 millones de pesetas de indemnizaci¨®n hasta hace un mes, porque Alonso era oficialmente "insolvente". En 1992, su ex mujer, Mar¨ªa del Mar Blanco, y sus dos hijas interpusieron una denuncia en el mismo juzgado por incumplimiento del pago de la pensi¨®n.

El juzgado se ha visto imposibilitado para encontrar dinero con el que pueda responder el propio Alonso. Los titulares de los peri¨®dicos locales, anunciando avales de Victor¨ªno Alonso en Caja Espa?a de 2.000 millones de pesetas, seg¨²n el presidente de la caja, hacen que Mar¨ªa del Mar, su ex esposa, se presente en el juzgado y pida al magistrado que tome cartas en el asunto.

Cinco d¨ªas antes de la, adjudicaci¨®n de MSP, el juez oficia a la entidad de ahorro m¨¢s importante de la regi¨®n y pide explicaciones de las informaciones de la prensa. El d¨ªa 26, el presidente de la caja asegura en un escrito oficial que no hay ning¨²n aval y que las ofertas est¨¢n en plicas cerradas, por lo que desconoce si Alonso ha formulado alguna de ellas.

El juez espera entonces dos d¨ªas m¨¢s, y despu¨¦s de un par de horas de la adjudicaci¨®n de MSP, con un auto de entrada y registro, requisa la documentaci¨®n que posee Caja Espa?a sobre los bienes de Alonso. La documentaci¨®n se traslada al Ministerio Fiscal, que pide la apertura de diligencias penales. Al d¨ªa siguiente del registro en la caja, Alonso consigna al juzgado 31 millones de pesetas para solventar la indemnizaci¨®n de los dos fallecidos.

La aprobaci¨®n del convenio de acreedores de MSP (2.600 trabajadores), el levantamiento de la quiebra dictada hace m¨¢s de un a?o por un juzgado de Madrid y la entrega de las acciones de Caja Espa?a a Victorino Alonso inician un plan de futuro, con ayudas del Gobierno, entre quitas y subvenciones de 25.000 millones hasta 1997. La Junta de Castilla y Le¨®n entregar¨¢ hasta esa fecha 4.500 millones. Alonso ir¨¢ a una ampliaci¨®n de capital de 1.5100 millones antes del pr¨®ximo 31 de diciembre, y 500 millones m¨¢s antes del fin de 1995.