No nos enga?emos

Desde el punto de vista de la atenci¨®n a jubilados y retirados, una sociedad se divide en dos grandes sectores: quienes producen y quienes ejercen su derecho de vivir de lo producido por otros. Los activos sostienen a ni?os y j¨®venes durante su formaci¨®n y mantienen y desarrollan la econom¨ªa que paga pensiones a los retirados. Pero pueden hacerlo con ayuda de lo que los jubilados ahorraron e invirtieron, o a palo seco, por puro reparto.Un sistema de pensiones basado en el reparto puro es muy desfavorable para el desarrollo de un pa¨ªs. A medida que los retirados o a punto de retirarse tienen m¨¢s peso electoral, se destina a pensiones una porci¨®n mayor del producto nacional. Durante su vida activa, los individuos reducen su ahorro e inversi¨®n personal, pues decae su preocupaci¨®n por el futuro. Consecuencia de ambos defectos es el creciente peso sobre la Hacienda p¨²blica consolidada de las pensiones, lo que supondr¨¢ un desincentivo para producir.

Un sistema de reparto sobre base actuarial, es decir, con alguna relaci¨®n entre lo contribuido por cada pensionista durante su vida activa y lo que se le reparte cuando deja de trabajar, resulta algo menos destructivo del crecimiento econ¨®mico. Los individuos en activo tienen razones para producir y contribuir m¨¢s. Adem¨¢s, permite hacer m¨¢s flexible la edad del retiro, puesto. que quien quiera seguir trabajando hasta haber agotado, como lo hiciera Cajal, sus primeros 80 a?os de vida, acumular¨¢ en principio derechos m¨¢s abundantes para sus ¨²ltimos d¨ªas, aunque nadie haya invertido sus cotizaciones.

Un sistema de acumulaci¨®n de capital, que puede ser `en parte obligatorio, es el m¨¢s favorable para la prosperidad econ¨®mica. El crecimiento econ¨®mico se ve fomentado por inversiones privadas, que refuerzan adem¨¢s los mercados financieros y multiplican los capitales a disposici¨®n de las empresas privadas. Los retirados cobran una pensi¨®n porque ahorraron e invirtieron acertadamente. Durante su vida activa les es mucho m¨¢s f¨¢cil trasladarse de trabajo con sus derechos de propiedad al hombro. No hay raz¨®n para prohibir que quienes perciben una pensi¨®n, que es el r¨¦dito de lo que han acumulado, contin¨²en trabajando a tiempo parcial si quieren.

El envejecimiento de la poblaci¨®n es, creo yo, un falso problema. Basta con retrasar la edad de retiro y jubilaci¨®n para comenzar a resolver el problema. En cualquier caso, ese retraso forzado de la jubilaci¨®n no es sino un reconocimiento de que la productividad del pa¨ªs en tiempos pasados no ha sido lo suficientemente alta para que nos permitamos el lujo de holgar m¨¢s. En un sistema de capitalizaci¨®n, la correcci¨®n de los efectos de la baja productividad pasada, sumada al alargamiento de la vida y la reducci¨®n de los nacimientos, es autom¨¢tica: los propios individuos tomar¨¢n la decisi¨®n de seguir trabajando si creen que no han acumulado lo suficiente.

El problema est¨¢ en que, si repentinamente un grupo de trabajadores activos comienza a poder ahorrar para su futuro en vez de sufragar las pensiones de los jubilados, ¨¦stos sufrir¨¢n merma en sus pensiones, o todos habremos de pagar m¨¢s impuestos, o habr¨¢ de endeudarse el Estado. En Espa?a ahora buscamos todos un modo de realizar el cambio paulatinamente y sin que nadie se d¨¦ mucha cuenta. Pretendemos aumentar la cuant¨ªa de las pensiones no contributivas hasta ponerlas al nivel del salarlo m¨ªnimo para acallar protestas pol¨ªticas. Las pensiones de la Seguridad Social van teniendo una relaci¨®n cada vez m¨¢s tenue con lo que contribuimos durante nuestra vida de trabajo. Prohibimos cobrar m¨¢s de una pensi¨®n, alargamos el n¨²mero de a?os que dan derecho a percibirlas, la fijamos en relaci¨®n con los ingresos medios de periodos cada vez m¨¢s extensos, y por tanto m¨¢s reducidos. Esta marcha hacia la pensi¨®n ¨²nica e igual, financiada con impuestos, quiere compensarse con un papel algo mayor del sistema de acumulaci¨®n.

Aqu¨ª viene la pelea. El Gobierno socialista ha decidido obligar a las empresas que tengan un compromiso de pensiones establecido por convenio, a que lo transformen en un plan de capitalizaci¨®n fuera de su balance, en una gestora independiente, en el curso brev¨ªsimo de tres a?os. Aunque ese mismo Gobierno va a permitir que los derechos acumulados por los empleados se les reconozcan sin carga fiscal, est¨¢ haciendo de modo que los comit¨¦s de gesti¨®n de los fondos de pensiones queden en manos de los sindicatos, lo que disgusta a las empresas y sus gestores. Quedan excluidos de la obligaci¨®n de sacar del balance su! obligaciones de pensiones los bancos, cajas y casas de seguros, que adem¨¢s van a gestionar los fondos de las dem¨¢s compa?¨ªas, lo que tiene satisfechos a unas pocas y disgustadas a las m¨¢s. Todo ello es confuso, contradictorio y, posiblemente, inoperante.

El origen del mal es que en la vida. p¨²blica espa?ola pocos quieren hablar con claridad de las pensiones. El sistema que tenemos en Espa?a exige un alargamiento de la vida de trabajo. Tampoco va a ser posible reducir mucho las cotizaciones a la Seguridad Social, si no es compens¨¢ndolas con impuestos a¨²n m¨¢s gravosos. Los fondos de pensiones de empresa van a seguir llevando una vida mortecina y no van a completar debidamente unas pensiones no contributivas cada vez m¨¢s igualitarias y desincentivadoras. Y ahora digo ?no vale la pena que examinemos seriamente c¨®mo abandonar del todo las pensiones de reparto (manteniendo las no contributivas, claro) y financiar entre todos el salto hacia un sistema de capitalizaci¨®n a la chilena?