La pervivencia de los monopolios

Entre 1991 y 1993, el per¨ªodo de recesi¨®n m¨¢s importante registrado por la econom¨ªa espa?ola desde que comenz¨® la fase de desarrollo abierto en 1960, la inflaci¨®n sigui¨® manteni¨¦ndose invariablemente alta, con tasas interanuales cercanas al 5% cuando la debilidad de la demanda interna y la disminuci¨®n de los ritmos de crecimiento salariales deber¨ªan haber permitido situamos en valores mucho m¨¢s cercanos a los de los pa¨ªses centrales de la Uni¨®n Europea, hacia los que se supone debemos converger.Una vez que la recesi¨®n ha finalizado, esta resistencia a la baja de la inflaci¨®n constituye la amenaza m¨¢s sena a la continuidad del crecimiento que comienza. En efecto, en la consecuci¨®n de un ritmo de crecimiento elevado y sostenido, los factores m¨¢s relevantes son los tipos de inter¨¦s (en particular, los tipos de inter¨¦s a largo plazo, que son los que determinan las decisiones de inversi¨®n y, por tanto, el nivel de empleo) y la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, que en nuestro caso ya est¨¢ en el doble, de lo que exigen los, objetivos de convergencia y que ha comenzado a ser fuente de particular preocupaci¨®n para la Comisi¨®n Europea.

Sin embargo, la reducci¨®n de nuestro d¨¦ficit p¨²blico es cada d¨ªa m¨¢s una misi¨®n imposible, ya que, en la vertiente del gasto, la disparatada estructura pol¨ªtica del pa¨ªs, con 17 autonom¨ªas, 17 gobiernos y 17 legiones de funcionarios, ha llevado el gasto p¨²blico a niveles no asumibles por nuestra econom¨ªa (un 49% del PIB en 1993, frente a un 33% en 1980), y, adem¨¢s, de muy dif¨ªcil control por razones b¨¢sicamente pol¨ªticas. Y en la vertiente de in gresos s¨®lo se puede actuar (sin nesgo para el crecimiento, se en tiende) del lado del fraude, por que la presi¨®n fiscal en Espa?a es de las m¨¢s altas de Europa sobre los contribuyentes que realmente pagan.

Por tanto, casi el ¨²nico elemento de que disponemos para acelerar nuestro crecimiento es el mantenimiento o, incluso, la reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s, y esto, que es condici¨®n sine qua non, encuentra su principal amenaza en un rebrote de la inflaci¨®n, y rebrotar¨¢ sin duda en enero consecuencia de las elevaciones de impuestos ya programadas. Y se trata de controlar, como probablemente ocurrir¨¢, con una elevaci¨®n de los tipos de inter¨¦s, va a ser muy dif¨ªcil conseguir un crecimiento sostenido por encima de la media europea, con lo que ello supondr¨¢ sobre el paro, la convergencia y nuestro lugar, en la construcci¨®n de la Uni¨®n Monetaria Europea.

Y esto es algo que no nos podemos permitir, porque con un 24% de paro y un producto per c¨¢pita, en unidades homog¨¦neas de poder de compra, todav¨ªa modesto, si no aprovechamos la coyuntura para crecer m¨¢s que la media Espa?a continuar¨¢ divergiendo, como viene sucediendo desde 1991. Perdimos nuestra oportunidad de consolidar el crecimiento de Finales de los a?os ochenta (en, 1991, nuestro producto per c¨¢pita era el 80% de la media comunitaria, en 1993 se hab¨ªa reducido al 77,5%) y acortar distancias con los pa¨ªses centrales de la Uni¨®n Europea, y si perdemos de nuevo est¨¢ oportunidad como consecuencia de que crecemos menos que la media (de momento es lo que est¨¢ ocurriendo) o incluso la media, estar¨ªamos condenados a seguir siendo un pa¨ªs de segunda fila durante largo tiempo y a continuar manteniendo tasas de paro tercermundistas.

Para tratar de evitar que esto suceda y conseguir unos resultados de inflaci¨®n que no sean, una amenaza permanente a. nuestra recuperaci¨®n econ¨®mica, el ¨²nico camino es el levantar de una vez la alfombra y ver qu¨¦ es lo que hay debajo de una inflaci¨®n tan resistente a la baja. Y lo que hay debajo es, fundamentalmente,. una estructura monopol¨ªstica en sectores esenciales para la formaci¨®n, de precios- y un sector servicios donde la competencia es mas bien la excepci¨®n y no la regla. Culpar s¨®lo a los salarios como viene siendo habitual, es lo m¨¢s c¨®modo, pero no responde a la verdad. Los salarios, probablemente, deber¨¢n moderarse m¨¢s, y en algunos casos, desgraciadamente, bajar. Ser¨ªa una injusticia manifiesta y un error econ¨®mico grave cargar exclusivamente el peso del ajuste sobre los salarios ignorando todo lo dem¨¢s.

Espa?a tiene hoy los productos petrol¨ªferos antes de impuestos, la electricidad, los tel¨¦fonos, el gas natural y muchos otros servicios a los niveles de precios m¨¢s elevados de Europa. Sin pretender ser exhaustivo en la descripci¨®n de estos problemas, s¨ª quiero entrar en detalle de algunos casos que me son m¨¢s pr¨®ximos, para no mantenerme en el terreno de las generalidades m¨¢s o menos conocidas, y, aunque sin duda no son los ¨²nicos, s¨ª se encuentran entre los m¨¢s importantes y representativos. En la mayor¨ªa de los casos,. estas situaciones derivan de la existencia de un oligopolio descarado y duro, protegido, probablemente sin pleno conocimiento de la realidad, por los ministerios, de tutela correspondientes, y que es sencillamente impresentable que contin¨²en lastrando nuestra econom¨ªa y nuestro crecimiento y, en definitiva, el bienestar de la inmensa mayor¨ªa en beneficio de unos pocos.

Tomemos como ejemplo el sector petrolero, un ¨¢rea clave en el sisterna de formaci¨®n de precios. Aunque el sector se encuentra te¨®ricamente liberalizado, en la pr¨¢ctica funciona como un oligopolio, con una conducta paralela en la fijaci¨®n de precios de venta, ya que las tres sociedades dominantes sit¨²an cada semana los mismos en niveles sorprendentemente parecidos y con un sistema de precios m¨¢ximos que permite un margen de dos pesetas por litro, superior a la media europea. Este sistema, unido al paralelismo en la fijaci¨®n de precios, est¨¢ permitiendo realizar records de beneficios a las refiner¨ªas espa?olas (hoy, en gran parte en manos extranjeras). Una situaci¨®n de libre competencia permitir¨ªa, por ejemplo, bajar los precios de las gasolinas entre cuatro y cinco pesetas el litro, es decir, absorber toda la subida prevista del impuesto especial y bajar adem¨¢s los precios al consumidor.

Otro ejemplo adicional de lo que permite hacer esta situaci¨®n de oligopolio es lo ocurrido con la gasolina sin plomo de 98 octanos. En este caso, el sector convenci¨® a la Administraci¨®n de que liberalizara el precio, y la consecuencia ha sido una elevaci¨®n brutal de los precios al p¨²blico, que result¨¢n en Espa?a unas 4,5, pesetas por litro, superiores a los de la gasolina de 95 octanos, que ya tiene un precio regulado muy alto (la media europea m¨¢s dos pesetas por litro), cuando la diferencia de precios entre estas dos calidades de gasolina es en Europa del orden de dos pesetas por litro. Por esta raz¨®n, el objetivo n¨²mero uno del sector es en estos momentos la eliminaci¨®n de los precios m¨¢ximos, lo que, de ocurrir, dada la falta de competencia efectiva, les permitir¨ªa realizar una fuerte elevaci¨®n de precios en todos los productos.

Lo m¨¢s penoso del caso es que esta estructura de oligopolio se ha construido sobre los activos del monopolio de petr¨®leos, que fueron financiados con dinero de todos los espa?oles, y se mantiene por el abuso de posici¨®n dominante que las refiner¨ªas espa?olas realizan con estos activos, utiliz¨¢ndolos para limitar la competencia. Es decir, el dinero que pagaron los contribuyentes se emplea contra ellos para elevar artificialmente el precio que pagan por los productos petrol¨ªferos.

Otro tema m¨¢s flagrante si cabe es el de los gases licuados del petr¨®leo (GLP, propano y butano) y el del gas natural. Los GLP se distribuyen en una situaci¨®n no de oligopolio, sino de monopolio pr¨¢cticamente absoluto por parte de Repsol Butano. Las reglas de liberalizaci¨®n han sido de tal tipo que hasta ahora apenas nadie ha conseguido introducirse en el mercado. Pues bien, aprovechando su estrecha relaci¨®n con la Administraci¨®n, Repsol Butano ha conseguido de la misma una nueva f¨®rmula de c¨¢lculo de precios que le ha permitido pasar de un beneficio de 7.000 millones de pesetas al a?o a uno de 30.000 millones. El argumento, para conseguirlo es que los GLP en Espa?a son m¨¢s baratos que en Europa, un argumento falso, ya que en Europa los GLP s¨®lo se consumen en zonas rurales y remotas, por lo que los costes de distribuci¨®n son elevad¨ªsimos, mientras que en Espa?a es de uso generalizado, con un consumo fuertemente concentrado en zonas urbanas de bajo coste de distribuci¨®n.

El resultado de ambos casos es que los consumidores est¨¢n pagando entre.70.O¨®0 y 100.000 millones de pesetas anuales m¨¢s por decreto, sin que exista competencia. Sin m¨¢s que una decisi¨®n administrativa que fijara los precios m¨¢ximos iguales a la media europea y no por encima, y los GLP conforme a un escandallo rigurosamente calculado, como ocurre en todo sector monopol¨ªstico, el ahorro para el consumidor ser¨ªa espectacular. Despu¨¦s, la Administraci¨®n deber¨ªa eliminar completamente la situaci¨®n de oligopolio, como es su obligaci¨®n, y cuando existiera una competencia de verdad, se podr¨ªan liberalizar los precios, pero nunca antes.

El caso del gas natural es igualmente disparatado. Espa?a lleg¨® tarde a esta energ¨ªa por carecer de yacimientos propios, al contrario que la mayor parte de los pa¨ªses europeos, y la tuvo que desarrollar en forma muy cara (importando gas licuado por v¨ªa mar¨ªtima). Un desarrollo limitado de esta energ¨ªa, aun siendo cara, estaba justificado por diversas razones, pero despu¨¦s alguien decidi¨® extenderla. Esto es un error, tanto en t¨¦rminos econ¨®micos como energ¨¦ticos, ya que, en primer lugar, se est¨¢ imponiendo al consumidor (y subrayo imponiendo porque en la mayor¨ªa de los casos el usuario no tiene opci¨®n, y, desde luego, carece. totalmente de informaci¨®n comparada) una energ¨ªa dos veces y media m¨¢s cara que la alternativa (cuadro 1), lo que conduce a un encarecimiento innecesario de los costes energ¨¦ticos del pa¨ªs, y, en segundo lugar, se est¨¢ reduciendo nuestra seguridad de aprovisionamiento, al sustituir una energ¨ªa procedente de una gran diversidad de pa¨ªses, por otra de un solo origen, que adem¨¢s es de alto riesgo.

Adem¨¢s, encarecer los suministros energ¨¦ticos al consumidor final y empeorar nuestra seguridad de aprovisionamiento, ni siquiera resulta gratis. Los contribuyentes espa?oles deber¨¢n pagar por ello unos 80.000 millones, que es lo que costar¨¢ la infraestructura de aprovisionamiento, que no van a pagar las compa?¨ªas. de distribuci¨®n. Los resultados globales, ampliamente negativos, se dividen en dos partes, las p¨¦rdidas (o las grandes inversiones) que van a costa del contribuyente, y los beneficios, que los realizan las sociedades que ostentan el monopolio de distribuci¨®n, y que los est¨¢n ampliando cada d¨ªa amparados en el BOE. De nuevo aqu¨ª, el dinero de los contribuyentes sirve para encarecerer precio de la energ¨ªa que consumen, algo ins¨®lito en Europa.

En cualquier caso, es ya demasiado tarde, pues las inversiones principales ya est¨¢n en marcha. Lo ¨²nico que puede y debe hacerse en, este momento es un reparto completamente diferente de beneficios y p¨¦rdidas, ya que es algo incomprensible el que las sociedades distribuidoras incrementen sus beneficios en forma mete¨®rica, mientras el Estado financia la infraestructura a fondo perdido.

En definitiva, la lucha contra la inflaci¨®n, antes de recurrir a medidas de pol¨ªtica monetaria restrictiva que reduzcan nuestro crecimiento econ¨®mico, debe pasar por una revisi¨®n en profundidad de los procesos de formaci¨®n de precios en sectores esenciales.

El problema que plantean los monopolios no es s¨®lo que producen una inflaci¨®n anormalmente elevada, sino que adem¨¢s expulsan la inversi¨®n productiva. As¨ª ha ocurrido con la sider¨²rgica vasca Marcial Uc¨ªn, que ha optado por instalarse en Bayona (Francia), no por una cuesti¨®n salarial, sino porque los precios de la electricidad son en Espa?a muy superiores a los del entorno y las tarifas portuarias tambi¨¦n.