El juez aprecia indicios de delito en la actuaci¨®n del presidente Jos¨¦ Marco

El juez encargado de la instrucci¨®n del caso del sill¨®n en el Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n (TSJA) ha solicitado que se le aporten los antecedentes penales del presidente de la comunidad aut¨®noma, Jos¨¦ Marco (PSOE), y otras dos personas, ya que ha apreciado "indicios de delito" en las actuaciones del jefe del Ejecutivo, un empresario del sector del mueble, Adolfo Blanco, y Jos¨¦ Mar¨ªa Valero, el anterior arquitecto de la Diputaci¨®n Provincial de Zaragoza, instituci¨®n presidida por Marco cuando sucedieron los hechos.

El tipo delictivo apreciado se concreta en malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsificaci¨®n de documento p¨²blico y mercantil (las facturas correspondientes a la compra por cerca de 80.000 pesetas de un sill¨®n que se en mascararon, presuntamente, en trabajos de reparaci¨®n de otras sillas), al haberse instalado en el domicilio particular de Marco un sill¨®n de despacho pagado por la Diputaci¨®n.El juez estima una actuaci¨®n presuntamente delictiva no s¨®lo en el ahora presidente regional, sino tambi¨¦n en el industrial que suministr¨® el sill¨®n y m¨¢s tarde present¨® la denuncia en el juzgado y el arquitecto que entonces era responsable de la conservaci¨®n de la instituci¨®n provincial. En noviembre pasado, el juez se traslad¨® hasta la sede de la presidencia del Gobierno para tomar declaraci¨®n al jefe del Ejecutivo y recientemente lo hizo con su responsable de comunicaci¨®n en la primera etapa de Gobierno que la difusi¨®n de la noticia fue objeto de una pol¨¦mica, con el peri¨®dico conservador Abc y, seg¨²n se hizo p¨²blico entonces, hubo intercambio de amenazas sobre la retirada de la publicidad institucional.

La pr¨®xima semana, Marco debera comparecer de nuevo ante el juez, en este caso para prestar declaraci¨®n sobre las acusaciones que realiz¨® contra el prisidente regional del PP, Santiago Lanzuela, en el transcurso de un debate parlamentario en las Cort¨¦s aragonesas. Marco, imput¨® "alguna responsabilidad" al dirigente popular en su anterior etapa de responsable gubernamental de la cartera de Econom¨ªa, sobre un presunto cobro de comisiones a empresas susceptibles de ayudas, hechos que se habr¨ªan realizado desde este departamento. El asunto de los pagos est¨¢ siendo estudiado, por iniciativa de Izquierda Unida, en la Audiencia de Teruel, al estar ubicadas en esta provincia la mayor parte de las industrias supuestamente extorsionadas.

Tambi¨¦n existe otra causa abierta en el TSJA por el uso de los servicios de una agencia de detectives para el tambi¨¦n presunto espionaje de varios pol¨ªticos regionales y a una treintena de empresas aragonesas. La agencia habr¨ªa sido contratada, primero por el PSOE y m¨¢s tarde de manera irregular por el Gobierno socialista, seg¨²n puso de relieve un reciente informe del Justicia de Arag¨®n (Defensor del Pueblo regional).