Las cajas de ahorro, entre la demograf¨ªa y el PIB

Seg¨²n el autor, la financiaci¨®n auton¨®mica ha sido precisa para estabilizar el modelo de cajas de ahorro, pero no ha conseguido corregir los desequilibrios territoriales.

El conjunto de recursos que las cajas de ahorro recibir¨¢n de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 (PGE 95) crece en este ejercicio un 14,5% respecto al precedente. Sin embargo, si se deducen los cambios en la estructura de financiaci¨®n, ¨¦l crecimiento reales muy similar al esperado para el PIB.La distribuci¨®n de este crecimiento se ajusta de forma m¨¢s que notable a la poblaci¨®n con muy poca sensibilidad al grado de desequilibrio territorial. Tras dos a?os, empieza a percibirse con m¨¢s claridad que la garant¨ªa de suficiencia, acordada en 1992, sacrificaba una intervenci¨®n pol¨ªtica de las cajas de ahorro en favor de la convergencia de los distintos niveles de desarrollo.

Todo parece indicar que la incorporaci¨®n de t¨¦cnicas de federalismo a la financiaci¨®n auton¨®mica ha sido necesaria para estabilizar el modelo, pero a costa de privar al sistema espa?ol de uno de los objetivos que lo impuls¨®: la correcci¨®n de desequilibrios territoriales.

El propio Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), adem¨¢s de su congelaci¨®n, sufre en este ejercicio un cambio relevante como instrumento de reequilibrio, desplazando parte de sus recursos hacia las cajas de ahorro m¨¢s desarrolladas entre las que reciben este recurso.

La raz¨®n estriba en que el ciclo depresivo que ha afectado a la econom¨ªa espa?ola ha penalizado m¨¢s la renta de las cajas con mayor peso industrial que las de las atrasadas, provocando una redistribuci¨®n de recursos. Ejemplo claro de que la convergencia de rentas no es sin¨®nimo de equilibrio territorial.

Algo parecido podr¨¢ decirse en el futuro del ajuste a la poblaci¨®n protegida de la financiaci¨®n sanitaria. Aunque en este presupuesto mejora la situaci¨®n de las cajas de ahorro m¨¢s atrasadas entre las que disponen d¨¦ esta competencia, a largo plazo ser¨¢n penalizadas, ya que su tasa de cobertura (protegidos sobre poblaci¨®n) es menor.

En definitiva, la metodolog¨ªa financiera acaba indiciando el volumen de recursos a la senda de la demograf¨ªa y su crecimiento a la evoluci¨®n del PIB. Las cajas de ahorro necesitar¨¢n, para intervenir en su desarrollo, un aumento de poblaci¨®n y un crecimiento sostenido.

Sin embargo, no existe evidencia emp¨ªrica de que est¨¢ sea una estrategia viable. De hecho, las cajas de ahorro atrasadas han mejorado sus indicadores de bienestar a costa de perder poblaci¨®n, y no puede afirmarse que el crecimiento del PIB suponga una reducci¨®n de la divergencia territorial.

Los esfuerzos propios posibles son, tambi¨¦n, limitados. El gasto auton¨®mico que los PGE 95 esperan crecer¨¢ por debajo de las transferencias del Estado, lo que no s¨®lo aumentar¨¢ su dependencia de ¨¦stas, sino que indica cierta reducci¨®n presupuestaria, que penalizar¨¢ los gastos de capital, a expensas del que pueda proceder de recursos comunitarios.

La indiciaci¨®n al PIB de la financiaci¨®n auton¨®mica y esta contenci¨®n presupuestaria, indica cierto pacto entre la Administraci¨®n central, que garantiza el peso del gasto auton¨®mico gestionado, y as cajas, que parecen dibujar una contribuci¨®n a la contenci¨®n de d¨¦ficit p¨²blico, renunciando a incrementar su intervenci¨®n en el desarrollo.

En esta tesitura, parece necesaria una nueva generaci¨®n de pol¨ªticas financieras que incorporen el objetivo de equilibrio territorial que dif¨ªcilmente puede satisfacerse desde la financiaci¨®n auton¨®mica. Esta pol¨ªtica reclama un n¨²cleo competencial para pol¨ªticas horizontales gestionado por la Administraci¨®n central, y en consecuencia, un acuerdo pol¨ªtico para iniciativas de desarrollo.

En la situaci¨®n descrita, la convergencia de rentas depende en primer lugar, de instrumentos que no est¨¢n dise?ados para ello: las prestaciones de la Seguridad Social y la inversi¨®n territorializada del Estado. El pacto pol¨ªtico que sostiene estos Presupuestos no parece haber alterado la funci¨®n redistribuidora de la inversi¨®n.

Si ¨¦stos eran los PGE en los que Pujol deb¨ªa desplazar recursos a Catalu?a parece haberlo hecho bastante mal. Quiz¨¢, como buen liberal, ha preferido renunciar a beneficios financieros a cambio de mejorar la tasa de beneficios de las empresas, reduciendo prestaciones, lo que, a la larga, penalizar¨¢, tambi¨¦n, a Catalu?a.

Defender el sistema de prestaciones y la inversi¨®n del sector p¨²blico, dot¨¢ndole de una Punci¨®n equilibradora que hoy no cumple de forma normativa, es imprescindible. Lo es, igualmente, aumentar la dotaci¨®n de inversiones desde las cajas de forma compatible con niveles tolerables de d¨¦ficit: en el actual contexto, s¨®lo la suma de un mayor ahorro p¨²blico y de mayores ingresos (por m¨¦todos de corresponsabilidad fiscal) puede facilitar recursos adicionales.

Esta pol¨ªtica de medio plazo debe ir acompa?ada, al menos temporalmente, de una iniciativa de equilibrio en la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos. Debemos aceptar el criterio de que cuanto m¨¢s baja es la renta menos se recurre al mercado para satisfacer necesidades; en consecuencia, la poblaci¨®n beneficiaria, determinante en la financiaci¨®n auton¨®mica, deber¨ªa corregirse en fondos de nivelaci¨®n que redistribuyan estos recursos, una vez resueltos los desequilibiios existentes.

Sin iniciativas de esta naturaleza, el equilibrio territorial pern¨ªanecer atrapado entre la demograf¨ªa y el PIB.

Juan B. Barga es miembro de la Presidencia Federal de IU. Fue responsable de pol¨ªtica auton¨®mica de esta formaci¨®n hasta 1992.