Las comunidades aut¨®nomas, entre la demograf¨ªa y el PIB
JUAN B.BERGALa sustituci¨®n de las iniciales CC AA (comunidades aut¨®nomas) por la expresi¨®n cajas de ahorro torn¨® incomprensible el art¨ªculo de Juan B. Berga publicado ayer en estas paginas. Lo reproducimos subsanando ese error
El conjunto de recursos que las comunidades aut¨®nomas recibir¨¢n de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 (PGE) crece un 145% frente al anterior. Sin embargo, si se deducen los, cambios en financiaci¨®n, el crecimiento real es muy similar, al esperado del PIB,La distribuci¨®n de este crecimiento se ajusta de forma m¨¢s que notable a la poblaci¨®n con muy poca sensibilidad al grado de desequilibrio territorial. Tras dos a?os, empieza a percibirse con claridad que la garant¨ªa de suficiencia, acordada en 1992, sacrificaba una intervenci¨®n pol¨ªtica de las comunidades en favor de la convergencia de los distintos niveles de desarrollo.
Todo parece indicar que la incorporaci¨®n de t¨¦cnicas de federalismo a la financiaci¨®n auton¨®mica ha sido necesaria para estabilizar el modelo, pero a costa de privar al sistema espa?ol de uno de los objetivos que lo impuls¨¦: la correcci¨®n de desequilibrios territoriales.
El propio Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), adem¨¢s de su congelaci¨®n, sufre en este ejercicio un cambio relevante como instrumento de reequilibrio, desplazando parte de sus recursos hacia las comunidades aut¨®nomas m¨¢s desarrolladas entre las que reciben este recurso.
La raz¨®n estriba en que el ciclo depresivo que ha afectado a la econom¨ªa ha penalizado m¨¢s la renta de las comunidades con mayor peso industrial que las de las atrasadas, provocando una redistribuci¨®n de recursos. Ejemplo claro de que la convergencia de rentas no es sin¨®nimo de equilibrio.
Algo parecido podr¨¢ decirse en el futuro del ajuste a la poblaci¨®n protegida de la financiaci¨®n sanitaria. Aunque en este presupuesto mejora la situaci¨®n de las comunidades m¨¢s atrasadas entre las que disponen de esta competencia, a largo plazo ser¨¢n penalizadas, ya que su tasa de cobertura (protegidos, sobre poblaci¨®n) es menor.
La metodolog¨ªa acaba indiciando el volumen de recursos a la senda de la demograf¨ª y su crecimiento a la evoluci¨®n del PIB. Las autonom¨ªas necesitar¨¢n, para intervenir en su desarrollo, un aumento de poblaci¨®n y un crecimiento sostenido.
Sin embargo, no existe evidencia emp¨ªrica de que esta sea una estrategia viable. De hecho, las comunidades aut¨®nomas atrasadas han mejorado sus in dicadores de bienestar a costa de perder poblaci¨®n, y no puede afirmarse que el recimiento del PIB suponga una reducci¨®n de la divergencia territorial.
Los esfuerzos propios posibles son, tambi¨¦n, limitados.El gasto auton¨®mico que los PGE esperan crecer¨¢ por debajo de las transferencias del Estado, lo que no s¨®lo aumentar¨¢ su dependencia de ¨¦stas, sino que indica una reducci¨®n presupuestaria, que penalizar¨¢ los gastos de capital, a expensas del que Pueda proceder de recursos comunitarios.
La indiciaci¨®n al PIB de la financiaci¨®n auton¨®mica y esta contenci¨®n presupuestaria indica cierto pacto entre la Administraci¨®n central, que garantiza el peso del gasto auton¨®mico gestionado, y las comunidades, que parecen dibujar una contribuci¨®n a la contenci¨®n de d¨¦ficit, renunciando a incrementar su intervenci¨®n en el desarrollo..
Parece necesaria, pues, una nueva generaci¨®n de pol¨ªticas que incorporen el objetivo de equilibrio territorial que dif¨ªcilmente puede satisfacerse desde la financiaci¨®n auton¨®mica.
Esta pol¨ªtica reclama un n¨²cleo competencial para pol¨ªticas horizontales gestionado por la Administraci¨®n central y un acuerdo pol¨ªtico para iniciativas de desarrollo.
En la situaci¨®n descrita, la convergencia de rentas depende, en primer lugar, de instrumentos que no est¨¢n dise?ados para ello: las prestaciones de la Seguridad Social y la inversi¨®n territorializada del Estado. El pacto Pol¨ªtico que sostiene los PGE no parece haber alterado la funci¨®n r¨¦distribuidora de la inversi¨®n.
Si ¨¦stos eran los PIGE en los que Pujol deb¨ªa desplazar recursos a Catalu?a parece haberlo hecho bastante mal. Quiz¨¢ como buen liberal, ha preferido renunciar a beneficios financieros a cambio de mejorar la tasa de beneficios de las empresas, reduciendo prestaciones, lo que penalizar¨¢ tambi¨¦n a Catalu?a.
Defender el sistema de prestaciones y la inversi¨®n del sector p¨²blico, dot¨¢ndole de una funci¨®n. equilibradora que hoy no cumple de forma normativa, es imprescindible. Lo es, igualmente, aumentar la dotaci¨®n de inversiones desde las comunidades de forma compatible con niveles tolerables de d¨¦ficit: en el actual contexto, s¨®lo la suma de un mayor ahorro p¨²blico y de mayores, ingresos (por m¨¦todos de corresponsabilidad fiscal) puede facilitar m¨¢s recursos.
Esta pol¨ªtica de medio plazo debe ir acompa?ada, de una iniciativa de equilibrio en la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos. Debemos aceptar el criterio de que cuanto m¨¢s baja es la renta menos se recurre al mercado para satisfacer necesidades; en consecuencia, la poblaci¨®n beneficiaria, determinante en la financiaci¨®n auton¨®mica,. deber¨ªa corregirse en fondos de nivelaci¨®n que redistribuyan estos recursos, una vez resueltos los desequilibrios existentes.Sin iniciativas de este tipo, el equilibrio territorial permanecer¨¢ atrapado entre la demograf¨ªa y el PIB.
Juan B. Berga es miembro de la Presidencia Federal de IU. Fue responsable de pol¨ªtica auton¨®mica de esta formaci¨®n hasta 1992.
Parecen necesarias pol¨ªticas financieras que incorporen el objetivo del equilibrio territorial
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