Paz te?ida de sangre en El Salvador

ENVIADO ESPECIAL Antes hubo la guerra civil y ahora se ha desatado la delincuencia com¨²n. Los titulares de los peri¨®dicos, los comentarios en la calle o en las fiestas de sociedad son casi monogr¨¢ficos. S¨®lo se habla de robos, atracos, secuestros y asesinatos en todo El Salvador. Una violencia de nuevo cu?o asuela el Pulgarcito de Am¨¦rica.

Parad¨®jicamente, la paz es, en buena medida, la causa de la ola de violencia que se cobra a diario cinco muertos registrados en la capital y varias decenas en el conjunto de un pa¨ªs de tan s¨®lo 5,5 millones de habitantes. Los delincuentes son en su gran mayor¨ªa ex polic¨ªas, ex militares y ex guerrilleros que no han logrado reconvertirse a la vida civil.

Con las armas que no han devuelto roban y matan por un pu?ado de colones, la moneda salvadore?a. A veces, los secuestradores se conforman con un rescate de tan s¨®lo 10.000 colones (150.000 pesetas) para poner en libertad a sus rehenes, pero otras muchas v¨ªctimas caen abatidas gratuitamente a pesar de haber entregado todo lo que llevaban consigo.

Las estad¨ªscas oficiales o son muy fidedignas, pero los consejos prodigados a los forasteros, aunque sea para pasearse por el centro le la ciudad, y las precauciones que toman los salvadore?os son reveladores del clima que vive el pa¨ªs a los tres a?os de concluir la guerra civil. En algunos barrios han aparecido brigadas de autofensa ciudadana que liquidan a los sospechosos en el m¨¢s puro estilo de los escuadrones de la muerte.

Producto de los acuerdos de paz, la desmovilizaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional, concluida el 31 de diciembre, y, con anterioridad, de la Guardia Nacional, de la Polic¨ªa de Hacienda y de casi un tercio de los efectivos del Ej¨¦rcito -en total unos 30.000 hombres- ha dejado sin ingresos a numerosos salvadore?os. Redujo adem¨¢s la operatividad en la lucha contra la criminalidad de unas fuerzas de seguridad que, de todas formas, estuvieron siempre m¨¢s dedicadas a la lucha contrarrevolucionaria que a Combatir la delincuencia com¨²n.

Para ayudarles a reinsertarse a los desmovilizados se les proporcionan indemnizaciones y, si son de origen campesino, pueden obtener tierras, pero estas medidas se aplican con lentitud, hasta el punto de que este ¨²ltimo programa s¨®lo se ha ejecutado en un 50%. El Gobierno del presidente Armando Calder¨®n lo achaca, entre otras cosas, a la falta de apoyo financiero internacional y espera obtener 137 millones de d¨®lares (18.000 millones de pesetas).

Las quejas por el retraso en la entrega de las compensaciones prometidas adquieren con frecuencia tintes violentos. La protesta m¨¢s espectacular consisti¨®, el 25 de enero, en la toma por m¨¢s de mil ex militares de los edificios de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Hacienda, donde retuvieron a 13 diputados y cientos de funcionarios.

Los ocupantes iban armados -en sendos tiroteos con la nueva polic¨ªa hubo dos muertos- y no parece que- vayan a devolver pistolas y metralletas. La Asamblea Nacional prorrog¨® hace 10 d¨ªas por tercera vez el plazo para la entrega de armas y registrar las alrededor de 300.000 que poseen los particulares.

A los antiguos cuerpos de seguridad ciudadana les sustituye la Polic¨ªa Nacional Civil, pero ¨¦sta tambi¨¦n nace salpicada de problemas. Con 7.700 agentes, no cuenta ni siquiera con la mitad de los efectivos necesarios, estimados en unos 20.000, para desempe?ar correctamente su labor, seg¨²n reconoce el viceministro de Seguridad P¨²blica, Hugo Barrera.

En las zonas rurales, la nueva polic¨ªa es casi inexistente, y las v¨ªctimas de la delincuencia "no tienen a qui¨¦n acudir", afirma la juez Luc¨ªa Guadalupe Posada. "Cada cual se depende como puede", agrega. A la carencia de efectivos y a la inexperiencia se a?aden las huelgas espor¨¢dicas que la sacuden, como la que llevaron a cabo durante dos semanas 600 agentes en solidaridad con 71 compa?eros de la Divisi¨®n Antinarcotr¨¢fico despedidos a instancias de la Misi¨®n de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador.

M¨¢s a¨²n que los programas de reinserci¨®n, el mantenimiento del crecimiento econ¨®mico a su nivel de estos dos ¨²ltimos a?os (5%) o su incremento como pron¨®stica el Gobierno pueden contribuir a resolver el problema de los desmovilizados que siguen empu?ando las armas, aunque ahora con otros fines. Con ese prop¨®sito, Calder¨®n ha anunciado un plan de ajuste y liberalizaci¨®n econ¨®mica que prev¨¦ la privatizaci¨®n del sector p¨²blico, pero los sindicatos le han brindado una muy mala acogida.