La peste y el c¨®lera

Los hogares espa?oles han dejado de ser lugares seguros para la gente deseosa de rehuir los sobresaltos de la actualidad nacional e internacional; a trav¨¦s de la pantalla televisiva llegan no s¨®lo im¨¢genes espeluznantes de cat¨¢strofes ocurridas en todos los lugares de] planeta, sino tambi¨¦n visitantes truculentos capaces de quitarles el sue?o a sus involuntarios anfitriones. Si los honores de jefe del Estado concedidos por Televisi¨®n Espa?ola le permitieron a Sancrist¨®bal abrir cuatro telediarios desde la c¨¢rcel para lanzar grav¨ªsimas acusaciones contra el juez Garz¨®n durante varios minutos, tambi¨¦n Amedo se col¨® el otro d¨ªa de rond¨®n en nuestros domicilios a trav¨¦s de una televisi¨®n privada, como un personaje de La noche de los muertos vivientes, para amenazar durante una hora al Gobierno con nuevas revelaciones sobre el terrorismo de Estado y los cr¨ªmenes perpetrados por los GAL entre 1983 y 1986.Condenado en 1991 a 108 a?os de privaci¨®n de libertad como inductor de seis asesinatos frustrados, en 1995 el ex polic¨ªa contin¨²a cumpliendo su condena y sometido a r¨¦gimen penitenciario. A finales del pasado mes de julio, el Ministerio de Justicia e Interior le concedi¨® el tercer grado, un beneficio carcelario que le permite salir a trabajar y s¨®lo le obliga a regresar a la celda para dormir. En diciembre de 1994, la colaboraci¨®n prestada por Amedo al juez Garz¨®n en la reapertura del caso Marey ha mejorado su situaci¨®n: el ex polic¨ªa ni siquiera tiene que volver a prisi¨®n por la noche y se mueve por Madrid, bajo la protecci¨®n de las Fuerzas de Seguridad, derrochando fanfarroner¨ªa a trav¨¦s de entrevistas period¨ªsticas, radiof¨®nicas y televisivas.

Resulta l¨®gico que el Gobierno y el PSOE sientan irritaci¨®n y asombro cuando comparan la libertad de movimientos de Amedo, convicto de seis asesinatos, con el encarcelamiento de Vera, Sancrist¨®bal, Damborenea y tres mandos policiales de la lucha antiterrorista, acusados de haber pagado a su delator pero pendientes a¨²n de juicio. Esa perplejidad, sin embargo, no deben resolverla las reglas del sentido com¨²n, sino las normas del Estado de derecho. Es dudoso que el Ministerio de Justicia e Interior tenga competencias suficientes para retrotraer la situaci¨®n del convicto Amedo desde el tercer hasta el segundo grado penitenciario, pese a su provocativa conducta y a su confesada participaci¨®n en el secuestro de Marey. Ahora bien, tampoco es seguro que la reforma del C¨®digo Penal promovida por los socialistas en 1988 -el art¨ªculo 57 bis b)- para permitir al tribunal rebajar las penas de los arrepentidos de una banda armada en la sentencia dictada tras la vista oral pueda ser aplicada por el juez instructor en la fase sumarial; si la correcta interpretaci¨®n de ese precepto no le concediese a Garz¨®n tal facultad, Amedo deber¨ªa ingresar en prisi¨®n directamente o por p¨¦rdida del tercer grado.

Sin duda, la benevolencia procesal de Garz¨®n hacia Amedo est¨¢ al servicio de una estrategia investigadora: extraerle toda la informaci¨®n posible bajo el temor de hacerle regresar a la c¨¢rcel. si no colabora. Ahora bien, ?el deseable progreso de las investigaciones sobre los GAL exige como pago el indeseable precio de que Amedo contin¨²e humillando a la sociedad espa?ola? ?Tendremos que elegir entre la peste y el c¨®lera? Durante la guerra fr¨ªa, cualquier comentario cr¨ªtico sobre el linchamiento de un negro en Misisip¨ª pod¨ªa ser ahogado por el reticente recordatorio del Gulag sovi¨¦tico; es monstruoso, sin embargo, utilizar un crimen para tapar otro crimen: nada imped¨ªa condenar a la vez al Ku-Klux-Klan y al KGB. Hay razones para creer que el caso GAL est¨¢ empezando a crear ese tipo de falsos dilemas. Pero los intentos socialistas de obstruir el sumario Marey y las calumnias lanzadas contra el juez Garz¨®n desde la prensa ultraconservadora no pueden esgrimirse en buena l¨®gica como coartadas disuasorias para justificar el espect¨¢culo de que un asesino ande suelto por Madrid barbotando chantajes y lanzando baladronadas.