Rotunda oposici¨®n de penalistas a la nulidad del proceso, aunque la detenci¨®n hubiera sido ilegal

Las posibles irregularidades en la detenci¨®n del ex director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, originar¨ªan responsabilidades penales, pero nunca nulidad de las actuaciones, seg¨²n manifestaron ayer destacados penalistas, alarmados ante las opiniones de las cuatro asociaciones judiciales en favor incluso de la libertad del ex pr¨®fugo. Los portavoces de dos de tales asociaciones -Juecespara la Democracia y Uni¨®n Judicial Independiente- rectificaron el criterio expresado la v¨ªspera por sus respectivos compa?eros y se opusieron tambi¨¦n a la libertad de Rold¨¢n y a la nulidad de las actuaciones.

En medio de la pol¨¦mica suscitada por las sucesivas noticias sobre las peripecias policiales y jur¨ªdicas que rodearon la detenci¨®n de Rold¨¢n y su puesta a disposici¨®n judicial, la aparente coincidencia de las cuatro asociaciones judiciales ha dado paso a la rectificaci¨®n de dos de ellas y a las matizaciones de las otras dos, as¨ª como a la rotunda oposici¨®n de varios penal¨ªstas, para quienes la juez Ana Ferrer tiene v¨ªa libre en el caso.El catedr¨¢tico de Derecho Penal Francisco Mu?oz-Conde asegur¨® que "no hay causa de nulidad aunque la detenci¨®n hubiera sido ilegal, en cuyo caso deber¨ªa deducirse testimonio por ese delito". Para Mu?oz-Conde, "la actuaci¨®n de la juez Ferrer debe continuar, ya que no podr¨¢ invalidarse por este hipot¨¦tico motivo, dado que el sumario estaba iniciado antes de la detenci¨®n". Afirm¨® que, de lo contrario, "cualquier delincuente, bien asesorado por especialistas en marruller¨ªas jur¨ªdicas y fraudes de ley, podr¨ªa prefabricar su detenci¨®n ilegal para eludir sus responsabilidades penales".El enga?o no vicia el caso

En la misma l¨ªnea, el abogado penalista Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda considera que "el enga?o del que hubiera podido ser objeto Rold¨¢n, por personas espa?olas o laosianas, para nada vicia de nulidad el procedimiento judicial seguido en Espa?a y el auto de prisi¨®n dictado contra ¨¦l". Mart¨ªnez Fresneda parte de que Rold¨¢n "fue detenido con todas las de la ley en territorio espa?ol, cuando se le tomaron las huellas, y que tal detenci¨®n ser¨ªa v¨¢lida aunque previamente dos matones le hubieran puesto en manos de la polic¨ªa espa?ola".

Este letrado critic¨® "la borrachera de garantismo" de algunos jueces, que les induce a confundir los t¨¦rminos, ya que la irregularidad en la detenci¨®n puede originar nulidad cuando de ella se derivan pruebas contra una persona, no en este caso en que los indicios delictivos nada tienen que ver con la detenci¨®n". Explic¨® que, de lo contrario, "para regresar al momento anterior a la ilegalidad habr¨ªa que meter a Rold¨¢n en un avi¨®n y llev¨¢rselo a Laos para que all¨ª optara por entregarse o fugarse, esto es, habr¨ªa que colaborar a la posible fuga de un delincuente".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, rectific¨® la opini¨®n expresada ayer en nombre de dicha asociaci¨®n y se?al¨® que "jur¨ªdicamente no puede ocurrir que [Rold¨¢n] quede en libertad". A?adi¨® que "en el caso de que hubiera una detenci¨®n ilegal o no ajustada a la ley, Rold¨¢n podr¨ªa reclamar al Gobierno espa?ol o a quien fuera, pero a su vez tendr¨ªa que hacer frente a sus propias responsabilidades en el proceso penal espa?ol". Alonso reconoci¨® que, si se comprobara la falsedad de los documentos de entrega de Rold¨¢n, "a nivel pol¨ªtico ser¨ªa tremendo, ya que significar¨ªa que el Gobierno espa?ol habr¨ªa sido enga?ado, tras sustraer al control judicial el procedimiento de extradici¨®n".

Arturo Beltr¨¢n, portavoz de la Uni¨®n Judicial Independiente, mostr¨® su consternaci¨®n por las opiniones judiciales de la v¨ªspera, que. "est¨¢n aplicando principios propios de la prueba il¨ªcita a la detenci¨®n, que no es prueba". Explic¨® que "incluso si unos polic¨ªas detienen ilegalmente a un delincuente y le torturan, siempre que no sea para la obtenci¨®n de pruebas, tales funcionarios cometen delitos, pero no eliminan con su actuaci¨®n el delito del detenido". Se?al¨® que, en caso contrario "se institucionalizar¨ªa el fraude de ley, mediante detenciones ilegales prefabricadas". A?adi¨® que "el que participa en el fraude no puede invocarlo" y que 1a indefensi¨®n de las v¨ªctimas del delito clamar¨ªa al cielo ante una eventual nulidad".Matices

Las otras asociaciones judiciales mantuvieron su criterio favorable a la nulidad de actuaciones, si bien lo matizaron. Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, estim¨® que "una vez subsanado el defecto, podr¨ªa seguir la investigaci¨®n". Por la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, Eduardo Perdiguero consider¨® que si la detenci¨®n se produjo en pa¨ªs extranjero sin el conocimiento de sus autoridades "podr¨ªamos estar ante una detenci¨®n ilegal que viciar¨ªa todos los actos posteriores".

El presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Antoni Gisbert, se refiri¨® a que la "situaci¨®n confusa exige pronunciarse con gran cautela", pero adelant¨® que la hip¨®tesis de la nulidad no habr¨ªa que descartarla". Gisbert reproch¨® a Belloch que hubiera "marginado a la juez y al fiscal".