Evitar el disparate

La disoluci¨®n del Parlamento no est¨¢ bien resuelta en nuestra Constituci¨®n. La discrecionalidad que se concede al presidente del Gobierno para decidirla encaja mal con la regulaci¨®n que se hace del otorgamiento y retirada de la confianza parlamentaria y peor todav¨ªa con la que ha acabado siendo la estructura del Estado tras los 17 procesos estatuyentes.La raz¨®n de que as¨ª sea reside en que el constituyente espa?ol se inspir¨® en la ley Fundamental de Bonn para definir los dos elementos esenciales del r¨¦gimen parlamentario, pero se inspir¨® a medias. En lo que al reforzamiento de la figura del presidente del Gobierno (investidura) y garant¨ªa de la estabilidad del Gobierno (moci¨®n de censura constructiva) se refiere, se sigui¨® el modelo alem¨¢n. En lo que toca a la disoluci¨®n del Parlamento, por el contrario, se opt¨® por un modelo parlamentario tradicional.

El constituyente alem¨¢n entendi¨® que un Gobierno reforzado constitucionalmente no deb¨ªa disponer de la, disoluci¨®n como "una prima a la posesi¨®n del poder" y entendi¨® tambi¨¦n que en un Estado pol¨ªticamente descentralizado, a diferencia de lo que ocurre en el Estado unitario, no debe hacerse uso de la disoluci¨®n. El escalonamiento de las elecciones, inevitable en un Estado pol¨ªticamente descentralizado, debe conducir al "aislamiento" de una respecto de otras.

Si los diversos procesos electorales no son compartimentos estancos, sino que se convierten en vasos comunicantes, no hay forma de que el Estado se estabilice y funcione como debe hacerlo. La coherencia entre la opci¨®n por la estabilidad del Gobierno, la disoluci¨®n reglada y la estructura del Estado es notable en el sistema dise?ado por la ley Fundamental de Bonn.

En Espa?a, por el contrario, *al no poderse decidir en el proceso constituyente del 78 la estructura del Estado, no se pudo mantener ese nivel de coherencia. Hay un desajuste entre el mecanismo de otorgamiento y retirada de la confianza parlamentaria y la disoluci¨®n discrecional del Parlamento por el presidente del Gobierno. Desajuste que se ha acentuado todav¨ªa m¨¢s como consecuencia de la transformaci¨®n del Estado unitario en el Estado de las Autonom¨ªas. Tras el camino recorrido desde 1978, la disoluci¨®n deber¨ªa ser reglada y no deber¨ªa hacerse uso de la disoluci¨®n anticipada casi nunca.

El problema se complica todav¨ªa m¨¢s, porque la mayor parte de las. comunidades aut¨®nomas, de manera constitucionalmente m¨¢s que dudosa, est¨¢n, introduciendo la disoluci¨®n discrecional del Parlamento por v¨ªa legislativa. La combinaci¨®n de la disoluci¨®n discrecional del Parlamento del Estado con la disoluci¨®n tambi¨¦n discrecional de los Parlamentos auton¨®micos configuran un cuadro jur¨ªdico para el disparate. Si se empieza a hacer uso de la misma, el Estado de las Autonom¨ªas que, hemos construido a lo largo de estos 17 a?os no va a poder funcionar.

Ser¨ªa de suma importancia que se empezara a reflexionar sobre esta cuesti¨®n, antes de que nos encontr¨¢ramos ante decisiones auton¨®micas que pusieran en marcha procesos que despu¨¦s no se pudieran controlar.

En todo caso, ser¨ªa el Estado el que tendr¨ªa que predicar con el ejemplo, como ha venido ocurriendo en Alemania. Las elecciones deber¨ªan hacerse "por calendario" y no por decisiones discrecionales, aunque la Constituci¨®n lo permita. En un Estado tan complejo como el espa?ol, con 17 comunidades aut¨®nomas y elecciones europeas adem¨¢s, es la ¨²nica manera de que pueda funcionar establemente.