M¨¢s papeles y menos peleas

El origen remoto de la pol¨¦mica que enfrenta hoy a las fuerzas vivas de Salamanca con la Generalitat de Catalu?a data de 1979 en que el archivo all¨ª existente, procedente de las incautaciones realizadas por los vencedores durante la guerra civil y destinado originariamente a la represi¨®n, fue convertido en secci¨®n del Archivo Hist¨®rico Nacional. Ese hecho, que obedec¨ªa a una raz¨®n de obvia pol¨ªtica cultural,, fue interpretado casi como un expolio en favor de Madrid cuando nadie quer¨ªa mover esos papeles. En ese momento se pens¨® -era director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas el que suscribe- que era necesario mantener la unidad del archivo y, por tanto, se resisti¨® a su dispersi¨®n, aunque se solicitara por la Generalitat la recuperaci¨®n de la documentaci¨®n que le fue incautada en su d¨ªa. En cambio, cuando se descubri¨® un fondo de pintura de primera calidad, incautada por el Gobierno de Burgos y producto de donaciones de artistas catalanes en favor de la causa republicana, se procedi¨® a su exposici¨®n en Madrid y su posterior devoluci¨®n a las nuevas autoridades auton¨®micas catalanas. Lo malo de la pol¨¦mica actual es que ambas partes tienen raz¨®n y ambas yerran en lo esencial. Es l¨®gico el deseo de la Generalitat de recuperar su documentaci¨®n de los a?os treinta porque existe un Archivo de Catalu?a que apenas tiene fondos propios, aunque ha recuperado fondos privados -los papeles de D'Ors', por ejemplo- de primera importancia. Las autoridades de Salamanca tienen raz¨®n en considerar la secci¨®n del Archivo Hist¨®rico Nacional situada en su ciudad como una instituci¨®n consolidada. Si su origen, en la posguerra, no estuvo en nada parecido a una pol¨ªtica cultural no cabe la menor duda de que con la entrega a la Generalitat de parte de los fondos se abre la veda para la petici¨®n del resto de los mismos por Euskadi, a t¨ªtulo de ejemplo, pero tambi¨¦n de varias diputaciones provinciales. No parece posible que nadie est¨¦ dispuesto a contentarse con copias microfilmadas.Ahora bien, eso es lo que nos deja un tanto perplejos a los historiadores. La documentaci¨®n de archivo o debiera ser un bander¨ªn de enganche para fomentar el sentimiento nacional o la sensaci¨®n de secular expolio. Una verdadera pol¨ªtica cultural tendr¨ªa que tener, como objetivo poner el m¨¢ximo de papeles, lo mejor clasificados que sea posible, a todos los profesionales de la historia. Y es precisamente esto lo que las autoridades locales o regionales parecen olvidar, pero sobre todo el Ministerio de Cultura no acaba de tenerlo tan presente como es su obligaci¨®n.

En un pa¨ªs como Espa?a, que es uno de los pocos de Europa que no ha publicado su documentaci¨®n diplom¨¢tica, en que aparecen los papeles de Aza?a y acaban por devolverse a su familia, en que es posible comprar en el Rastro o en una subasta restos de los archivos de Azor¨ªn o de Calvo Sotelo, y en que veinte a?os despu¨¦s de la muerte de Franco la documentaci¨®n p¨²blica del dictador est¨¢ en manos de una fundaci¨®n privada que s¨®lo se la deja consultar a los afines, bordea lo grotesco que las autoridades administrativas se peleen por los pocos legajos que est¨¢n bien clasificados. A quienes los manejamos nos da igual su ubicaci¨®n (sobre todo si hay buenas copias microfilmadas), pero desear¨ªamos que Cultura iniciara un plan de recuperaci¨®n documental.