El 'caso Crillon'

LA ADMISI?N a tr¨¢mite por el Supremo de la denuncia de Luis Rold¨¢n sobre el informe Crillon abre, en principio, un nuevo frente judicial en el mismo n¨²cleo del Gobierno. Dos de sus miembros han sido acusados por un antiguo subordinado, hoy encarcelado bajo acusaci¨®n de numerosos delitos, de encargar y pagar con fondos reservados la elaboraci¨®n de un informe sobre las actividades de Mario Conde.Se trata de dilucidar, en primer lugar, si existi¨® tal encargo, como asegura el denunciante. Pero tambi¨¦n de establecer si es un delito o no, si est¨¢n o no los poderes p¨²blicos legitimados en un Estado democr¨¢tico para investigar las actividades de ciudadanos sospechosos de poner en riesgo la econom¨ªa, el sistema financiero o las instituciones pol¨ªticas del pa¨ªs. Si pueden para ello utilizar empresas privadas al margen de los servicios de informaci¨®n. Y pagar a ¨¦stas con fondos reservados cuya finalidad es precisamente cubrir gastos de actividades cuya transparencia presupuestaria pueda poner en peligro sus objetivos.

En este caso se trata de Mario Conde con su aventura de Banesto. Desde ayer, otro ilustre acusado, Javier de la Rosa, tras sus andan¨ªas en Ercros, Grand Tibidabo y un largo etc¨¦tera, denuncia que tambi¨¦n ¨¦l ha sido objeto de un informe similar encargado por miembros del Gobierno. Ambos casos tienen en com¨²n sus innumerables irregularidades financieras, oscuras relaciones con centros de poder en el exterior y su nada disimulada ambici¨®n de ejercer influencia directa o por mediadores en la vida p¨²blica. Una mejor y m¨¢s puntual informaci¨®n de los poderes p¨²blicos -no los espectaculares rumores que sobre estos personajes, durante estos a?os, han asediado la estabilidad pol¨ªtica o financiera- sobre tales actividades hubiera paliado tal vez los da?os causados tanto a las arcas del Estado como a un sinf¨ªn de particulares.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de esa denuncia supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial que ha de establecer, primero, si los hechos denunciados son o no ciertos y, en su caso, si constituyen delito. Ni m¨¢s, ni menos. S¨ª indica que el Supremo no considera ni rid¨ªculos, ni absurdos los t¨¦rminos de la denuncia. Pero no prejuzga nada, por mucho que algunos de nuestros ex¨¦getas medi¨¢ticos, vinculados en el pasado tanto a Conde como a De la Rosa, vociferen. casi una condena en curiosa identificaci¨®n y defensa de la interesada denuncia de Rold¨¢n. Mal podr¨ªa prejuzgar el Supremo cuando ni la propia existencia del informe Crillon est¨¢ judicialmente verificada. En todo caso, el Supremo tiene que v¨¦rselas con una denuncia nada corriente. Las denuncias de gentes como Rold¨¢n o Amedo tienen poco que ver con lo que se entiende normalmente como colaboraci¨®n con la justicia. Y en esas circunstancias es muy dif¨ªcil distinguir la verdad de la mentira, la difamaci¨®n de la autodefensa del denunciante. Porque est¨¢ probado que Rold¨¢n ha mentido infinidad de veces. Tendr¨¢ que demostrar que dice la verdad ahora.

La cosa se complica todav¨ªa m¨¢s cuando alguien como Mario Conde, incurso en un proceso por falsedad y estafa, se persona en la causa y pretende figurar en ella como v¨ªctima y presunto perjudicado. Ello explica el tacto con que ha actuado hasta ahora el Supremo y la prudente estrategia adoptada por el ministerio fiscal. Este ¨²ltimo no ha solicitado la declaracion de los denunciados -Serra y Garc¨ªa Vargas-, sino la de personas que podr¨ªan estar pr¨®ximas a los hechos y, "como imputado", la de Rold¨¢n. Cualquiera que sea la ¨²ltima decisi¨®n judicial, Rold¨¢n ha denunciado unos hechos presuntamente delictivos en los que admite haber participado. Dif¨ªcilmente puede declarar como testigo quien podr¨ªa verse acusado de responsabilidades penales en el mismo caso. Rold¨¢n s¨®lo podr¨ªa, por tanto, declarar como imputado y en presencia de su abogado. Hoy por hoy, es en todo caso el que m¨¢s riesgos corre con su denuncia.

Cualquiera que sea el desenlace del caso Crillon en el terreno judicial, el episodio deber¨ªa servir para que el Parlamento busque la manera de controlar en cierta forma la actividad de los servicios de espionaje y de informaci¨®n del Estado, en la misma l¨ªnea, de lo que sucede en pa¨ªses de tanta raigambre democr¨¢tica como EE UU y el Reino Unido. En su comparecencia en el Congreso para desmentir la implicaci¨®n del Cesid en intentos de involucrar a los Gobiernos de UCD en la guerra sucia contra ETA, el ministro de Defensa ha reconocido la dificultad que plantea el "control pol¨ªtico" de los servicios secretos.

Es la ocasi¨®n de superar esa dificultad con un seguimiento parlamentario que sea compatible con la naturaleza de por s¨ª secreta de tales actividades. Como ha sucedido con los fondos reservados. El mal uso de ¨¦stos ha propiciado que lo que parec¨ªa poco menos que contradictorio sea hoy una realidad: su control parlamentario. Lo mismo cabe exigir en el caso de los servicios de informaci¨®n del Estado. Y no es necesario crear ninguna nueva comisi¨®n parlamentaria. Ya existe la comisi¨®n de secretos oficiales que controla, con las debidas cautelas, el uso de los fondos reservados.