Una sentencia del Supremo de 1985 cuestiona la validez de la autonom¨ªa balear

El pleito de un concejal tr¨¢nsfuga del PSOE, que era contrario al proyecto de Estatuto de autonom¨ªa de Baleares en 1982 y al que se le impidi¨® por la fuerza participar en el pleno municipal de ratificaci¨®n del estatuto en el Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza), abri¨® las puertas de un complicado vac¨ªo formal y legal en la estructura auton¨®mica de Baleares que persiste hasta ahora.Una sentencia firme del Tribunal Supremo de 1985 -que ratifica una anterior de la Audiencia de Palma de Mallorca 1982- mantiene en tela de juicio la legalidad del inicio del proceso auton¨®mico de las islas Baleares, que cuentan con su propio Estatuto desde 1983. Cualquier ciudadano, en opini¨®n de dos expertos juristas consultados, puede llegar a plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la Administraci¨®n regional.

El denominado por los juristas "vicio esencial de procedimiento" del proceso de la autonom¨ªa balear radica en que se contabiliz¨® como v¨¢lido un acuerdo pro estatuto del ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza), cuando aquel fue nulo porque se impidi¨® por la fuerza la presencia en la casa consistorial de un concejal del PSOE al que su partido hab¨ªa expulsado.Voto de tr¨¢nsfuga

El regidor socialista hab¨ªa sido captado desde la antigua Alianza Popular (hoy Partido Popular), para lograr que triunfaran sus tesis, contrarias al proyecto auton¨®mico. El voto del concejal vetado era decisivo y la postura del municipio era determinante en el c¨®mputo del territorio balear. La Audiencia y el Supremo consideraron que el acuerdo plenario fue nulo. El letrado del Estado pleite¨® y perdi¨® y las sentencias, se archivaron. sin eco. El error -falta de qu¨®rum en el apoyo loca- no ha sido subsanado.

Dos tercios de los municipios de cada isla, cuya poblaci¨®n deb¨ªa superar la mayor¨ªa del censo electoral insular, ten¨ªan que ratificar la iniciativa estatutaria, por la v¨ªa del art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n. El hoy europarlamentario de Ibiza Abel Matutes, que era entonces portavoz conservador en el Congreso de los Diputados, afirm¨® en el debate y votaci¨®n del Estatuto balear, en enero de 1983, que seguir adelante sobre el caso de Sant Antoni era "pretender edificar un r¨¦gimen auton¨®mico bajo la amenaza de una espada de Damocles de una sentencia" y "una tremenda frivolidad".

El diputado socialista Gori Mir, replic¨® que "ser¨ªa un absurdo de inmensas proporciones que todo el proceso auton¨®mico de las Baleares quedara invalidado por la traici¨®n de un ciudadano a su partido".

Por su parte, el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, recondujo reiteradamente el debate en la C¨¢mara al tema central del Estatuto balear.