Todos intoxicados
Los gobernantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid convocan conferencias de prensa cada semana, emiten todo tipo de comunicados para dar a conocer sus actuaciones, y utilizan unos gabinetes de periodistas que se nutren del presupuesto p¨²blico. Lo que suelen olvidar los pol¨ªticos es que tanto aparato informativo debe tener como misi¨®n que los ciudadanos est¨¦n al tanto de los problemas que les afectan, y de c¨®mo se resuelven; y no servir de simple instrumento de propaganda de quien gobierna.El pasado 10 de marzo de 1993, dos centenares de vecinos telefonearon al Ayuntamiento para averiguar por qu¨¦ ol¨ªa tan mal en su barrio. La Administraci¨®n municipal no consider¨® pertinente utilizar sus ingentes sistemas de comunicaci¨®n para responder a esa preocupaci¨®n y advertirles una vez recabados los datos que se trataba de un vertido de 10.000 litros de ¨¢cido sulf¨²rico. La Agencia de Medio Ambiente, de la Comunidad de Madrid, no remend¨® el descosido.
Ayer, el alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Alvarez del Manzano y la concejal Esperanza Aguirre mostraron c¨®mo las cr¨ªticas que el Partido Popular tanto festeja cuando se dirigen -con justa frecuencia- a las filas socialistas son examinadas con criterios distintos si se oponen a su propia gesti¨®n. As¨ª, el alcalde explic¨® ayer que es de mala fe traer a la actualidad un hecho ocurrido hace dos a?os -como si los casos de Segundo Marey, Filesa, Rold¨¢n o Lasa y Zabala se hubieran destapado al poco de ocurrir-; y la n¨²mero dos municipal interpret¨® que la noticia responde a una filtraci¨®n interesada de la Agencia del Medio Ambiente a este peri¨®dico (un descabellado intento de la edil por anular los hechos descalificando a una fuente inventada por ella; en una indiscreta maniobra -ya muy aburrida a fuer de insistente- de dar por verdad lo que no pasa de veros¨ªmil).
El PSOE se apunt¨® ayer a criticar al gobierno municipal por haber silenciado el vertido t¨®xico. Es leg¨ªtimo hacerlo, pero los ciudadanos habr¨ªan agradecido que los concejales socialistas se hubieran enterado de los expedientes sancionadores que tramit¨® el equipo de gobierno contra Papelera Peninsular (y que reglamentariamente deb¨ªeron de obrar en su poder); o que sus compa?eros de la Administraci¨®n regional les hubieran contado lo ocurrido para que pudieran hacer certera oposici¨®n (a la vez que as¨ª se enterar¨ªan los alcaldes de los pueblos afectados). En este caso de los vertidos, el Ayuntamiento en pleno ha quedado en entredicho.
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