La c¨²pula militar de Chile anuncia que acata la condena del general Contreras

La c¨²pula militar de Chile anunci¨® anoche, al t¨¦rmino de una reuni¨®n extraordinaria presidida por el jefe del Ej¨¦rcito, general Augusto Pinochet, que acata la condena a penas de c¨¢rcel de siete y seis a?os, respectivamente, emitida el pasado martes por la Corte Suprema contra los responsables de la polic¨ªa secreta durante la dictadura (1973-1990), el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, por el asesinato, hace 19 a?os en Washington, del ex ministro de Exteriores durante el Gobierno de Allende.

El jefe de la segunda divisi¨®n militar, general Emilio Timmermman, anunci¨® al t¨¦rmino de una reuni¨®n de tres horas en la Academia de Guerra que "el Ej¨¦rcito acata, por supuesto", la sentencia. El alto oficial afirm¨® tambi¨¦n que la c¨²pula castrense emitir¨¢ un comunicado en este sentido para explicar su postura respecto a la resoluci¨®n judicial. Tanto Pinochet como el ministro de Defensa, Edmundo P¨¦rez Yoma, hab¨ªan suspendido poco antes del encuentro un viaje previsto a la guarnici¨®n de ?frica.Al malestar castrense por el fallo se ha sumado la dif¨ªcil situaci¨®n afrontada por Pinochet, quien deber¨¢ manifestarse sobre la decisi¨®n del Gobierno de emplear la fuerza si Contreras insiste en rechazar el arresto y su ingreso en prisi¨®n. Los partidos coligados en el Ejecutivo conf¨ªan en el reforzamiento de la actual postura institucional del Ej¨¦rcito y evitar un desenlace violento como consecuencia de la actitud adoptada por el bravuc¨®n reo.

No es tanta la unanimidad, ni todos celebran el trascendental fallo. Un sector nada desde?able de la sociedad chilena acept¨® a rega?adientes la resoluci¨®n del Supremo y el generalato, visiblemente inc¨®modo, a¨²n calla. "No har¨¦ declaraciones. Terminado. Terminado", manifestaba ayer, fastidiado, el general Hern¨¢n N¨²?ez, director de personal, antiguo colaborador de Contreiras en la DINA, la polic¨ªa secreta de la dictadura. "No hay nada que declarar, nada que decir. No es el momento para hacer ninguna declaraci¨®n", espet¨® en la puerta de la sede de las Fuerzas Armadas otro general, Luis Cort¨¦s Villa, jefe del Comando de Apoyo Log¨ªstico del Ej¨¦rcito. Miguel Krassnoff, en el Estado Mayor con el mismo grado, abord¨®, silencioso, el coche oficial. El responsable de Inteligencia, general Jaime Covarrubias, tampoco quiso hablar, pero se neg¨® con mejores modos y ninguna credibilidad. "Eso s¨ª, no hay directrices del comandante en jefe [Pinochet] para que no hablemos".

El brigadier Espinoza, activo en el Comando de Telecomunicaciones y obligado por tanto a abandonar la instituci¨®n militar en un plazo de 30 d¨ªas, divulg¨® un escrito de acatamiento de la sentencia siempre que su cumplimiento no signifique la humillaci¨®n personal.

Hasta el t¨¦rmino e a reuni¨®n extraordinaria celebrada anoche, los mandos de las tres armas guardaron reserva, y qued¨® suspendido el acceso a actos y ceremonias de armas de los periodistas habitualmente acreditados para su cobertura. La anual conmemoraci¨®n de la Escuela de Infanter¨ªa de San Bernardo se festejar¨¢ en esta ocasi¨®n sin el acoso period¨ªstico.

Por otra parte, la Segunda Sala de la Corte Suprema chilena dict¨® ayer una orden de detenci¨®n contra los militares acusados de asesinar al funcionario espa?ol Carmelo Soria en 1976. Los procesados son un jefe y un suboficial del ej¨¦rcito, ambos en retiro, miembros de la Brigada Mulch¨¦n de la desaparecida DINA . Se rechaza as¨ª un recurso contra el procesamiento interpuesto por la defensa de los encausados: coronel Guillermo Salinas y el sargento, Jos¨¦ R¨ªos San Mart¨ªn. El magistrado instructor, Eleodoro Ortiz, dict¨® la orden de detenci¨®n de los dos acusados a los efectos de que cumplan prisi¨®n preventiva.

Alfonso Insulza, abogado de la familia Soria, anunci¨® que solicitar¨¢ al magistrado la realizaci¨®n de nuevas diligencias a fin de establecer "otros responsables, sobre cuya participaci¨®n la Corte Suprema, por ahora, estim¨® que no era procedentes". Insulza sostiene que la solicitud de aplicaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa de 1978, pedida por la defensa de los dos militares. jubilados, debe ser rechazada. "Es inaplicable porque lo impide un tratado internacional, que es la convenci¨®n sobre cr¨ªmenes cometidos en contra de personas internacionalmente protegidas, publicado en 1977".