La Audiencia impone fuertes penas de c¨¢rcel y multas millonarias a los subasteros

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas de entre 3 y 12 a?os y a una multa global de 1.500 millones de pesetas a los principales implicados en el clan de los subasteros (el grupo de personas que, en connivencia con funcionarios del Ministerio de Justicia, se ha dedicado durante muchos a?os a ama?ar las pujas de bienes embargados que se celebran en los juzgados de Madrid). Merced a estos chanchullos, los ahora condenados lograron quedarse a precios muy baratos miles de pisos sacados a subasta por los jueces porque sus due?os, entre otros motivos, no ten¨ªan para pagar la hipoteca. Los subasteros se quedaban los pisos para luego revenderlos a precios de mercado.Desde el pasado mes de febrero, 42 personas (15 de ellas funcionarios judiciales) han sido juzgadas por su implicaci¨®n en esta trama. La Audiencia de Madrid hizo p¨²blica ayer la sentencia, que ocupa casi 300 folios. S¨®lo una de estas 43 personas ha sido exculpada. Las otras han sido condenadas: una a 12 a?os; otra, a 9; 6, a 3 a?os, y 3, a 3 meses de arresto. Para los dem¨¢s subasteros implicados no hay penas de c¨¢rcel, pero s¨ª deber¨¢n pagar multas millonarias (entre 10 y 211 millo?es). Si no pagan, sufrir¨¢n arrestos domiciliarios.

Los 15 funcionarios judiciales son los que mejor parados salen en la sentencia: s¨®lo dos han sido condenados a penas de c¨¢rcel: uno, a un a?o; y otro, a dos meses. Ambos tambi¨¦n han sido condenados a ocho a?os de inhabilitaci¨®n en el cargo, mientras que a otros 13 funcionarios se les ha condenado a penas de inhabilitaci¨®n que var¨ªan entre los dos y los seis a?os.

La Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Madrid (que preside Pedro Javier Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez-Palacios; la misma que en el futuro juzgar¨¢ los casos Rold¨¢n y Salanueva) no ha andado con pa?os calientes con los ama?adores de pujas. En algunos casos, incluso ha ido m¨¢s lejos en cuanto a penas de c¨¢rcel y multas que el fiscal, quien fij¨® en nueve a?os de c¨¢rcel la condena m¨¢s elevada.

Adem¨¢s de las penas de prisi¨®n o multa para los subasteros, la sentencia les proh¨ªbe que vuelvan a participar en una subasta judicial mientras dure su condena; y, paralelamente, les advierte que tampoco podr¨¢n hacerlo a trav¨¦s de testaferros. Se ha dado la circunstancia de que algunos de los subasteros ahora condenados han seguido participando en subastas judiciales -a trav¨¦s de terceras personas o empleados- durante el tiempo en que han estado en el banquillo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

El tribunal dice que celebraban 'subastillas' para evitar a competidores de buena fe

Jaime Llanos Alvarado, de 54 a?os, y Ernesto Garc¨ªa L¨®pez, de 50, son los subasteros que aglutinan las mayores penas de c¨¢rcel. Al primero, la Audiencia le ha impuesto 12 a?os de presidio y el pago de una multa de 118 millones; al segundo, nueve a?os de c¨¢rcel y 211 millones de multa. A tres a?os de c¨¢rcel han sido condenados, por su lado, Eugenio y Francisco Fern¨¢ndez Loma, Tadeo Guiti¨¢n Vidal, Antonia P¨¦rez Garc¨ªa, Carmen S¨¢nchez Pe?a y Antonio Mu?o Cabezas.

La Audiencia declara probado que entre los a?os 1980 y 1987, los ahora condenados "participaban por s¨ª o a trav¨¦s de colaboradores" en las subastas p¨²blicas, hasta llegar a controlarlas, que se celebraban en los juzgados. Seg¨²n la sentencia, utilizaban distintas y variadas artima?anas para quedarse los inmuebles sin que nadie les hiciese competencia. Luego los revend¨ªan; algunos se han hecho millonarios. Entre los ilegales chanchullos, destacaban las denominadas subastillas: "Era una puja restringida, que consist¨ªa en determinar de manera extrajudicial, bien antes, durante o tras las subasta en el juzgado o tribunal, cu¨¢l de los subasteros part¨ªcipes en la misma era el adjudicatario del objeto, y el precio a pagar por ¨¦l". Es decir, se reun¨ªan fuera del juzgado (a espaldas del juez). Todos estaban informados previamente de las caracter¨ªsticas de los pisos que iban a salir a subasta. Luego iban al juzgado y, sin hacerse la menor competencia, cada cual pujaba por el inmueble que previamente (en la subastilla) se hab¨ªa asignado.

"De esta forma", explica el tribunal, "el subastero-adjudicatario obten¨ªa no s¨®lo el bien subastado, sino que se garantizaba su participaci¨®n en la subasta, se aseguraba el precio m¨¢ximo a abonar y obten¨ªa la garant¨ªa de que personas ajenas a los grupos de subasteros no intervendr¨ªan en ella". Cuando varios subasteros quer¨ªan un mismo art¨ªculo, al final llegaban a un acuerdo. Y cab¨ªa incluso la posibilidad de que el beneficiario compensase a los otros con dinero. A veces, tambi¨¦n se quedaban con el dinero que ped¨ªan in extremis al banco las personas cuyo piso iba a ser subastado. Les enga?aban dici¨¦ndoles que no les echar¨ªan del piso si les daban una cantidad determinada.

Los tres principales delitos que atribuye el tribunal a los procesados son: maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, cohecho y estafa. Maquinaci¨®n, porque se pon¨ªan de acuerdo entre ellos para fijar los precios, vulnerando el esp¨ªritu de una verdadera subasta. "Y si por un casual", explica el tribunal, "se presentaba en la subasta oficial un forastero", los miembros del clan pujaban y lo encarec¨ªan hasta que desistiese. As¨ª eliminaban a advenedizos competidores; dos subasteros reconocen este ardid en una conversaci¨®n telef¨®nica intervenida por la polic¨ªa. Tambi¨¦n concurre el delito de cohecho, con distintas variantes (algunos subasteros dieron dinero a funcionarios p¨²blicos para conseguir determinados favores); y el de estafa: se enga?¨® y defraud¨® a personas de buena fe que invirtieron sus ahorros en la compra de un piso.

Fue la actual juez decana de Madrid, Manuela Carmena, quien, en 1987, siendo titular de un juzgado de primera instancia, activ¨® la investigaci¨®n judicial. Un juez de instrucci¨®n se hizo cargo de las pesquisas y orden¨® intervenciones telef¨®nicas y registros domiciliarios. En uno de los di¨¢logos interceptados, dos subasteros no ocultan la existencia de ama?os de pujas; y en otro (que nada tiene que ver con esta causa) hablan, entre otras cosas, de un presunto soborno a concejales socialistas del Ayuntamiento de Alcal¨¢ de Henares para la recalificaci¨®n de unos terrenos por los que ellos iban a pujar.

En los registros, la polic¨ªa hall¨® agendas con nombres de funcionarios amigos de subasteros que recibieron dinero a cambio de agilizar o ralentizar determinados tr¨¢mites. Nada m¨¢s comenzar el juicio el pasado mes de febrero, los abogados defensores plantearon la nulidad de las actuaciones por entender que los registros y las intervenciones telef¨®nicas se hab¨ªan efectuado sin respetar la Constituci¨®n.

El tribunal difiere de esa interpretaci¨®n. "S¨®lo hay algunos tramos de las grabaciones que son nulos", pero el resto son "v¨¢lidos y l¨ªcitos" y "no contaminan" el resto de la prueba.

Respecto a las "dilaciones indebidas" esgrimidas por los abogados defensores (el juicio se ha celebrado ocho a?os despu¨¦s de iniciarse la investigaci¨®n) el tribunal reconoce que, ciertamente, ha existido un importante retraso, pero lo atribuye a la gran cantidad de recursos y actuaciones judiciales que han interpuesto las 42 partes personadas en la causa.

Las penas impuestas por la Audiencia (similares a las pedidas por el fiscal) suponen el ingreso en prisi¨®n de ocho de los condenados, en concretar los que tienen penas superiores, a tres a?os. No obstante, el tribunal suspender¨¢ la ejecuci¨®n de la pena, en caso de que haya recursos, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.