El Gobierno busca un sustituto para Manglano por no haber sido capaz de controlar los servicios secretos

El Gobierno tiene ya decidido el relevo del teniente general Emilio Alonso, Manglano, jefe del Cesid, el principal servicio secreto esa?ol, desde hace 14 a?os. El vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, y el ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, afirmar¨¢n hoy en la Comisi¨®n de Secretos Oficiales del Congreso que el Cesid no espi¨® a destacadas personalidades de la vida espa?ola, incluido el Rey, pero que los sistemas de seguridad del centro fallaron y no pudieron impedir que algunos de sus miembros grabaran indebidamente conversaciones, las conservaran, las sustrajeran y hayan comerciado con ellas.

Emilio Alonso Manglano, de 69 a?os, director general del Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (Cesid) desde mayo de 1981, cuando fue nombrado por Leopoldo Calvo Sotelo, puso su cargo a disposici¨®n del presidente del Gobierno el pasado martes, al conocerse que el Rey tambi¨¦n hab¨ªa sido espiado.El Gobierno tiene ya decidido su relevo, pero le ha pedido que contin¨²e temporalmente en el cargo por tres razones: para que aclare las circunstancias del esc¨¢ndalo, para que depure las responsabilidades internas y para dar tiempo a que el Ejecutivo pueda buscar un sustituto, lo que se presenta muy complicado.

Serra y Garc¨ªa Vargas, que comparecen hoy en el Congreso, el primero como ministro de Defensa desde diciembre de 1982 hasta marzo de 1991, y el segundo como titular de la misma cartera a partir de esa fecha, descartan, por el contrario, presentar su dimisi¨®n, al menos por el momento, alegando que lo que se ha producido es un mal funcionamiento del servicio secreto, del que da cuenta su director.

Fuentes del Gobierno admiten que en el futuro habr¨¢ que asumir responsabilidades pol¨ªticas a m¨¢s alto nivel, pero se?alan que ¨¦stas se asumir¨¢n "en el momento adecuado y de la manera adecuada", no bajo una presi¨®n exterior al Parlamento.

Serra y Garc¨ªa Vargas explicar¨¢n que el Cesid puso en marcha en 1984 un Gabinete de Escuchas dotado con un potente esc¨¢ner, capaz de barrer el espacio radioel¨¦ctrico e interceptar comunicaciones de esp¨ªas extranjeros o grupos criminales, como terroristas o narcotraficantes. Con el mismo sistema pod¨ªan interceptarse comunicaciones de telefon¨ªa m¨®vil, incipiente entonces en Espa?a.

El Cesid actuaba, seg¨²n la versi¨®n oficial, creyendo que esta actividad, que no fue regulada hasta 1994, no era ilegal. Pero el Gobierno admite ahora que pod¨ªa estar equivocado.

?rdenes incumplidas

En todo caso, los responsables de este gabinete ten¨ªan instrucciones de "discriminar" las comunicaciones interceptadas y grabar solamente aquellas que tuvieran inter¨¦s para los fines del centro ("prevenir cualquier amenaza exterior, neutralizar acciones anticonstitucionales e impedir actividades de los servicios de inteligencia extranjeros"). Es evidente que las instrucciones no fueron cumplidas, ya que se grabaron conversaciones privadas.

El segundo fallo de los servicios se produjo cuando estas grabaciones tampoco fueron destruidas, o, si lo fueron, antes se sac¨® una copia, lo que permiti¨® que alguien -seg¨²n el Cesid, el ex responsable de la Agrupaci¨®n Operativa, Juan Perote, de quien depend¨ªa el Gabinete de Escuchas- las sacara y las haya puesto en circulaci¨®n.

La difusi¨®n de documentos secretos constituye el m¨¢s clamaroso fracaso del centro, del que se responsabiliza personalmente Manglano, quien supuestamente no estaba al corriente de las actividades irregulares de sus subordinados, pero tampoco fue capaz de impedirlas.

El relevo de Manglano llevar¨¢ todav¨ªa alg¨²n tiempo. El Gobierno no quiere dejar descabezado el servicio secreto por el riesgo de que la falta de control se agudice y se vuelva m¨¢s peligrosa. Sin embargo, la precariedad del Gobierno, cuya permanencia no se puede garantizar m¨¢s all¨¢ de final de a?o, cuando se debatan los nuevos presupuestos, o de 1997, en el mejor de los casos, obliga a buscar una soluci¨®n de transici¨®n.

La disyuntiva se plantea entre elegir a un alto cargo del Cesid o traer una persona ajena al servicio. Para el Gobierno, la primera opci¨®n tiene como inconveniente la existencia de intereses creados que impidieran erradicar pr¨¢cticas viciadas. La segunda, el riesgo de que el nuevo director general no se hiciera con el control real del centro.

La sustituci¨®n es tan dif¨ªcil que el Gobierno ha sido incapaz de encontrar un relevo en el ¨²ltimo a?o y medio. Defensa ha apostado por un militar, mientras que Exteriores prefiere a un diplom¨¢tico o, al menos, un civil. Ahora, la b¨²squeda se ha vuelto urgente.