Manglano, admite haber ordenado grabar conversaciones privadas, seg¨²n el fiscal general

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, revel¨® ayer a la SER que el todav¨ªa director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, admiti¨® haber dado las ¨®rdenes de grabar conversaciones privadas sin autorizaci¨®n judicial. Granados declar¨® que "si se acreditase que esas ¨®rdenes proced¨ªan de otras esferas, indudablemente la responsabilidad tambi¨¦n se extender¨ªa [a ellas]; ser¨ªan, tambi¨¦n part¨ªcipes en un hecho delictivo". Preguntado por EL PA?S sobre si las nuevas peticiones socialistas de destituci¨®n podr¨ªan conducirle a dimitir, el fiscal del Estado c ontest¨® que su ¨²nica respuesta ser¨¢ "seguir trabajando".

La informaci¨®n facilitada por Manglano al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, revela, seg¨²n Granados, que el director del Cesid orden¨® las grabaciones, entendiendo "que estaba actuando l¨ªcitamente". Esta creencia no excluye, en principio, la responsabilidad penal de M¨¢ngla no, seg¨²n el fiscal general, para quien tanto los que interceptaron las comunicaciones privadas, como los que las ordenaron son "part¨ªcipes en un hecho delictivo".

Granados admiti¨®, tras conocer nuevos datos aportados por Manglano, que "la intervenci¨®n de la jurisdicci¨® n militar [que en la madrugada del domingo detuvo al coronel Juan Alberto Perotel es acorde a derecho", porque cuando un militar revela informaci¨®n que afecta a la seguridad nacional, esa conducta entra dentro de la, jurisdicci¨®n militar.

Delito base

Para Granados, el delito base de este caso es la grabaci¨®n de las conversaciones, en cuanto est¨¢n en juego derechos constitucionalmente amparados y reconocidos, como es la intimidad de las personas y el secreto de las comunicaciones". En cuanto a la conducta de Perote que investiga la jurisdicci¨®n militar, Granados considera que, por el momento, la revelaci¨®n de informaci¨®n sensible para la defensa nacional y clasificada como secreta -cuyo contenido se desconoce- es una conducta diferente a la que investiga la fiscal¨ªa de Madrid, que tiene instrucciones de llegar hasta el final del caso".

Fuentes del Ministerio de Justicia e Interior justificaron, por su parte, la actuaci¨®n de la jurisdicci¨®n militar en la inexistencia de una investigaci¨®n judicial, ya que las indagaciones en marcha desde el 13 de junio las lleva a, cabo la fiscal¨ªa. La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa de Madrid sobre el caso Cesid tendr¨¢ que detenerse cuando la autoridad judicial admita a tr¨¢mite alguna de las querellas formuladas por las escuchas,. como la presentada por el periodista Jaime Campmany, que ha correspondido a la juez de instrucci¨®n de Madrid Mar¨ªa Jes¨²s Coronado.

Si la querella es admitida a tr¨¢mite, la informaci¨®n de la fiscal¨ªa pasar¨¢ al juzgado y, a partir de ese momento, el fiscal investigar¨¢ en colaboraci¨®n con la juez.

En cambio, la iniciaci¨®n de una causa judicial por la jurisdicci¨®n militar, por denuncia de Manglano, no ha paralizado la investigaci¨®n del fiscal de Madrid, porque se trata de "historias distintas", seg¨²n fuentes fiscales. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, que inaugur¨® ayer una reuni¨®n con los presidentes de audiencias provinciales, aval¨® la actuaci¨®n de la jurisdicci¨®n militar, "porque est¨¢ actuando", dijo, "por un delito estrictamente militar".

Sala consider¨¦ a la jurisdicci¨®n ordinaria "la ¨²nica competente" para investigar las grabaciones ilegales de conversaciones privadas, al margen de que en el futuro pueda descubrirse la conexi¨®n entre los delitos que investiga la justicia militar y la ordinaria "y resulte, en definitiva, la jurisdicci¨®n ordinaria la ¨²nica competente porraz¨®n de esta conexi¨®n de delitos".