En la pol¨ªtica de los secretos

Aunque la alarma haya cundido s¨²bitamente entre los espa?oles, al haber trascendido en d¨ªas pasados el asunto de las escuchas ilegales realizadas desde el Cesid, lo cierto es que en las ¨²ltimas d¨¦cadas han sido tan numerosas como preocupantes las alegaciones sobre abusos llevados a cabo por los servicios, estatales de inteligencia en diferentes pa¨ªses de nuestro entorno m¨¢s avanzado, tanto europeo como norteamericano. Abusos entre los que se incluyen no s¨®lo la violaci¨®n de comunicaciones interpersonales sino tambi¨¦n campa?as para desacreditar a individuos o colectivos de relevancia p¨²blica, el sabotaje de recursos perteneciente a destacadas organizaciones no gubernamentales, e incluso algunos asesinatos de personas presuntamente vinculadas a grupos tenidos por subversivos.Sin embargo, las agencias de inteligencia est¨¢n concebidas, en el contexto de los reg¨ªmenes democr¨¢ticos, para cumplir una funci¨®n que consiste b¨¢sicamente en recoger y analizar informaci¨®n relevante sobre cualesquiera amenazas de intensidad significativa que pongan en peligro la seguridad nacional y la estabilidad del orden pol¨ªtico imperante, proporcionando con ello a las autoridades pol¨ªticas un conocimiento ¨²til para afrontar tales desaf¨ªos con el necesario ¨¦xito.

La existencia de dichas amenazas explica por tanto la necesidad que tienen los gobiernos de recopilar informaci¨®n relevante con la que proceder a contrarrestarlas. Aunque buena parte de la informaci¨®n que analizan los servicios de inteligencia puede hallarse en fuentes de acceso p¨²blico, lo que caracteriza a tales agencias es m¨¢s bien la b¨²squeda clandestina de datos mantenidos ocultos por quienes protagonizan amenazas interiores o exteriores a la seguridad nacional. Para ello recurren a un amplio rango de t¨¦cnicas operativas, que oscilan entre las labores del tradicional esp¨ªa encubierto y el uso de sofisticados medios tecnol¨®gicos aplicados a la vigilancia. Se supone, con todo ello, que los riesgos para la integridad estatal o para la persistencia del orden constitucional pueden ser sustancialmente minimizados y hasta eliminados mediante la toma de ciertas decisiones basadas en el valioso conocimiento previamente adquirido.

Patolog¨ªas

Pero las agencias estatales de inteligencia para la seguridad incurren con frecuencia en patolog¨ªas de inutilidad o de voracidad, al dedicar un esfuerzo importante a la obtenci¨®n de informaci¨®n irrelevante o improcedente. Lo cual tiene mucho que ver, en un primer momento, con la direcci¨®n marcada por parte de las autoridades pol¨ªticas, quienes a la postre han de determinar qu¨¦ es y qu¨¦ no es una amenaza para la seguridad, estableciendo en tonces las prioridades de inteligencia, de acuerdo con prop¨®sitos justificados, as¨ª como criterios claros acerca del modo en que ha de obtenerse la informaci¨®n de seada. Las agencias de inteligencia deben, en cualquier caso, conducirse dentro, del marco legal imperante, puesto que las actividades que vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales suponen un importante menoscabo del Estado de derecho. Ello a pesar de que desde posiciones afines al corporativismo conspirador que tantas veces caracteriza a los servicios secretos, suele aducirse que sus actividades requieren una flexibilidad no siempre compatible con r¨ªgidos constre?imientos jur¨ªdicos.

As¨ª, pues, los gobernantes a quienes van destinados los resultados de las labores de inteligencia inciden sobre la eficacia y el funcionamiento de los servicios secretos al especificar con claridad cu¨¢les son las necesidades de inter¨¦s nacional y los m¨¦todos operativos aceptables. En este sentido, la responsabilidad pol¨ªtica de aquellos con respecto al cumplimiento ulterior de las agencias de inteligencia es ineludible. Tanto una actitud de indefinici¨®n como, en otro sentido, una definici¨®n de la seguridad nacional en t¨¦rminos excesivamente amplios o ambiguos, unidas ambas a cierta despreocupaci¨®n con relaci¨®n a las t¨¦cnicas empleadas, hace mucho m¨¢s veros¨ªmil que los servicios de inteligencia operen sin el control debido bajo condiciones de democracia e incluso vulnerando a la legalidad, ya sea en la recolecci¨®n de informaci¨®n o en el uso de la misma. Propiciando as¨ª una vigilancia generalizada que criminaliza de hecho a ciudadanos no implicados en actividades amenazantes para la seguridad nacional e incluso un mercadeo il¨ªcito posterior de registros clasificados que s¨ª generan vulnerabilidad estatal. Un mandato legal restrictivo no es condici¨®n suficiente para evitar ¨¦stas y otras patolog¨ªas operativas de los servicios secretos, pero resulta imprescindible para evaluar su eficacia, inhibir conductas il¨ªcitas y establecer las bases que hagan posible los procedimientos de supervisi¨®n externa.En las democracias, los servicios de inteligencia son por lo com¨²n de dos tipos: uno atiende a problemas de seguridad interior y otro se ocupa de desaf¨ªos procedentes del exterior. Esta divisi¨®n, aunque no pueda, evitar solapamientos, refleja de alguna manera el miedo a que una agencia ¨²nica o prevalente acumule, en consonancia con la enorme cantidad de informaci¨®n disponible, excesivo poder. Una descentralizaci¨®n limitada de los servicios secretos resulta probablemente el formato m¨¢s adecuado. Sea como fuere, las agencias de inteligencia, en tanto que sistemas secretos caracterizados por gestionar la adquisici¨®n y el acceso a la informaci¨®n, denotan cierta tendencia a encerrarse en s¨ª mismas y tratar de eludir controles ajenos, lo cual resulta todav¨ªa m¨¢s veros¨ªmil cuando su entorno lo configura una opini¨®n p¨²blica que manifiesta gran desconfianza hacia sus actividades. El peligro es, sin duda, que las agencias de inteligencia para la seguridad adquieran una autonom¨ªa tal que lleguen a convertirse en una suerte de Estado invisible dentro del Estado. Capaces por s¨ª mismas de fijar los objetivos de sus actividades, los m¨¦todos para recoger informaci¨®n y hasta las operaciones de contraespionaje, no siempre de acuerdo con la legalidad, as¨ª como de reproducirse mediante criterios de reclutamiento m¨¢s discriminatorios que selectivos, acomodados a una subcultura organizativa propensa a cierta paranoia y en el seno de la cual tiende a estrecharse la concepci¨®n del inter¨¦s p¨²blico.

Control democr¨¢tico

A muchos, incluyendo destacadas per sonalidades pol¨ªticas no s¨®lo ubicadas en el ¨¢mbito de la derecha tradicional, mucho m¨¢s atenta a mantener el orden p¨²blico que a garantizar las libertades ciudadanas, lo que en realidad parece preocuparles de los servicios secretos es s¨®lo su eficacia. Empero, dada la magnitud de los recursos p¨²blicos que movilizan y el poder informativo que acumulan, as¨ª como el hecho de que sus mecanismos de autoinspecci¨®n resultan demasiado opacos, las agencias dedicadas a temas de inteligencia para la seguridad, como cualesquiera otros organismos de la burocracia estatal que sufra gan los ciudadanos, no deben quedar exentas del proceso democr¨¢tico. Su funcionamiento ha de permanecer, en primer lugar, sometido a un activo con trol pol¨ªtico por parte del Gobierno. Pero, adem¨¢s, es precisa una supervisi¨®n parlamentaria distinta al control ejecutivo y dotada de facultades. Y ello por al menos dos razones. En primer lugar, porque el ministerio correspondiente puede inhibirse de las competencias encomendadas a este respecto, sobre todo ante agencias de inteligencia que se muestren hostiles o dispongan de evidencia para el chantaje. En segundo lugar, porque al amparo del secreto en que se desenvuelven, dichos servicios estatales tambi¨¦n pueden ser manipula dos desde el ejecutivo, en beneficio no ya del inter¨¦s nacional sino de intereses propios del partido que desempe?e las tareas de Gobierno, de alguna facci¨®n del mismo o de otros intereses privados.

En suma, proteger la integridad estatal y el r¨¦gimen de libertades requiere servicios de inteligencia. Pi¨¦nsese, por ejemplo, en su te¨®rica importancia para perseguir delitos de terrorismo o para desarrollar una pol¨ªtica de defensa consecuente. Aunque para evitar abusos es igualmente necesario que tales agencias se encuentren sometidas a mecanismos eficaces de control gubernamental y su pervisi¨®n parlamentaria, complementa dos con limitaciones mucho m¨¢s severas sobre el uso de fondos reservados, las irrenunciables actuaciones judiciales y cuantas precauciones adopte una sociedad civil en comprensible alerta. El establecimiento o reforzamiento innovador de tales mecanismos constituye sin duda uno de los retos que tienen ante s¨ª, precisamente para perfeccionar su calidad, nuestras democracias con tempor¨¢neas.